:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/l_ZuGUW6BGb7LtuhbIvmXHj5gv0=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/7U7L7AGHABHKFEV53GP4HHEUNE.jpg)
Hoy empezó la 5° versión del Congreso Internacional de libre Competencia Económica que tiene como objeto intercambiar experiencias de Colombia y el mundo en temas de prácticas restrictivas de la competencia. El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, destacó los logros que se han obtenido en los últimos años en el organismo y explicó cuál fue la hoja de ruta para aparecer, por primera vez, en el listado de países que velan por la protección de las buenas prácticas. En sus palabras “ser referente en América Latina es el resultado del aumento de la capacidad sancionatoria, el aumento del presupuesto, la pasión de un equipo de trabajo y la independencia de la que gozamos”.
Entre el 2013 y lo corrido de 2017, el monto de las sanciones impuestas asciende a $1,4 billones. Entre las sanciones, las impuestas a los carteles. El del papel higiénico, el del azúcar o el de los cuadernos. Las sanciones impuestas son un mensaje contundente de que en los negocios no todo se vale y que quienes incurren en malas prácticas empresariales tiene un castigo. Una de las herramientas que han permitido llegar al corazón de los infractores es la delación. Según Tanja Goodwin, del Banco Mundial, una de las invitadas al congreso internacional, “los incentivos por delación, reducen la formación de carteles en un 60% y se convierten en un aliado fundamental para disminuir la pobreza”.
Según un estudio del Banco Mundial, las personas que más se perjudican con las empresas cartelizadas son los estratos bajos por el aumento de precios en los productos, que, por lo general, son de la canasta familiar. Por eso, una de las medidas que se debe cultivar “es una estructura que incentive la competencia”. “También si un empresario está involucrado en malas prácticas y decide delatar, debe contar con la certeza jurídica en el proceso”. Una decisión que genera malestar en los consumidores porque no se sienten beneficiados con las sanciones. Por el contrario, creen que se premia a quien comete un delito.
“Los consumidores deben hacer parte de la discusión para resarcirles los daños y perjuicios causados por las empresas que incurrieron en malas prácticas”, señaló Vanessa Facuse, asociada Bofill Escobar de Chile, quien relató cómo en su país se logró que los implicados en el cartel del papel higiénico le retribuyeran una suma simbólica de dinero a los afectados. Durante el panel de indemnización, el abogado Gabriel Ibarra propuso que “el dinero no debía ir a la cartera del Estado, sino al bolsillo de los colombianos”.
La realidad es que, aunque las personas no reciban una suma de dinero, son las que más se benefician con las sanciones que impone la Superintendencia de Industria y Comercio “porque incentivan a que otras empresas que ejecutan esas malas prácticas las abandonen y dinamicen la economía”, recalcó Felipe Arrarázabal, Fiscal Económico de Chile.
Se trata de un tema que cada día se transforma como lo demostró Antonio Ferreira Gomes, de la OCDE, quien presentó el panel de innovación disruptiva y algoritmos. Un tema que en todos los países está creciendo con un reto especial: encontrar la estrategia adecuada para no detener las nuevas ideas y tampoco crear mercados desiguales. "Los negocios disruptivos que hoy se conocen como Uber o Nexflix que cambiaron la manera tradicional del mercado y hoy nos pone retos desafiantes", afirmó el Jefe de la División de Competencia de la OCDE.