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En Colombia se está cometiendo una masacre ambiental. Así califica el panorama de deforestación el contralor delegado de Medio Ambiente, Gabriel Adolfo Jurado, al revelar el balance de sus acciones de control fiscal y seguimiento a los principales daños de este tipo en el país.
Parte de las cifras más alarmantes es que cerca del 85 % del oro que exporta Colombia proviene de la minería ilegal. Con las riquezas que llenan los bolsillos de quienes se dedican a esta actividad ilícita, se está contaminando de manera crítica (con minerales pesados como el mercurio y el cianuro, entre otros) ríos como el Atrato, en el Chocó.
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Y la situación no para ahí, pues se estima que el 66 % de la minería ilegal en Colombia se hace en zonas de reserva, en parques naturales y en reservas forestales.
“En comparación con el negocio ilícito de la cocaína, donde el kilo de coca puede estar en el mercado de Colombia por alrededor de los $5 millones, un kilo de oro ilegal está por el orden de $250 millones, lo que ha hecho que este negocio se haya disparado y hoy esté contaminando de una manera crítica”, manifestó el funcionario.
Para dimensionar esta “masacre ambiental”, Jurado también precisó que, en el año 1990, Colombia tenía cerca de 65 millones de hectáreas de bosque, mientras que hoy está llegando a las 59 millones de hectáreas. En 32 años se han perdido 6 millones de hectáreas.
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Esto le hace estimar que, en el país, se pierden unas 500 hectáreas de bosque al día, que equivalen a 1.000 estadios tan grandes como El Campín, en Bogotá. Este fenómeno golpea de manera especial regiones como la Amazonía y el Chocó.
Estas, básicamente, son las actuaciones que están originando este malestar:
- La expansión ilegal de la ganadería, inclusive en Parques Nacionales Naturales, como Chiribiquete y Los Picachos, por parte de bandas criminales organizadas.
- Los cultivos ilícitos, grandes responsables de la deforestación en la Amazonía y en zonas del Chocó y el sur occidente del país, como la zona de Tumaco, en el departamento de Nariño.
Para Jurado, parte de las acciones que debería hacer el gobierno entrante (y los futuros) para golpear a las estructuras criminales detrás de estos ilícitos, es perseguirlos económicamente, como extinguiendo los bienes que tienen escondidos por medio de testaferros, o en el exterior.
“Todos los grupos delincuenciales organizados hacen esto por dinero y la única forma de resarcir los daños ambientales que producen es persiguiendo esa plata, para que una vez se decomise, o entre a las arcas del Estado, se utilice a manera de reparación”, subrayó.
En su balance, también detalló que algunas Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) manejan considerables cantidades de dinero que permanecen guardadas, en títulos financieros, sin que se ejecuten en la protección del medio ambiente. Además, otras que sí ejecutan estos recursos están haciendo inversiones mal hechas, y sin planeación.
La Contraloría también detalló que “en cuanto al Informe sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente (IERNA) 2021 – 2022, que se publicará próximamente por parte de la CGR, Jurado anticipó que el mismo se refiere precisamente a la situación de deforestación absolutamente crítica y grave que enfrenta Colombia y a la contaminación de los recursos hídricos producto de los fenómenos de minería ilegal criminal. Además, el informe señala la necesidad de que Colombia cumpla los compromisos internacionales de descontaminación y de limpieza de los recursos hídricos, que ha adquirido como estado”.
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