El acuerdo de Ecuador con el FMI se debate entre el alivio y el fracaso

El acuerdo crediticio que Ecuador suscribió con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por 6.500 millones de dólares, deambula entre el alivio fiscal que busca el Gobierno de Quito y la posibilidad de un fracaso ante los tiempos electorales que vive el país suramericano.

El Ejecutivo ecuatoriano, liderado por el presidente Lenín Moreno, ha depositado en el acuerdo toda su confianza, ya que le permitirá alcanzar un alivio fiscal e ir superando una crisis financiera deteriorada por el efecto de la pandemia del coronavirus.

Richard Martínez, un joven economista neoliberal, logró suscribir este acuerdo luego de que fracasara otro por 4.200 millones de dólares, con el mismo FMI, ya que no se pudo concretar la matriz de condicionalidad planteada por el organismo.

Tras firmar el nuevo acuerdo, Martínez abandonó su cargo al frente del Ministerio de Economía y Finanzas para optar por un puesto en el Banco Mundial, en un momento en que Ecuador inicia un proceso electoral que podría trastocar los planes gubernamentales.

Un exministro de Economía, Mauricio Pozo, reemplazó a Martínez y de inmediato dijo que convocará a un diálogo con diversos actores de la sociedad para explorar consensos que permitan aplicar el programa económico del Gobierno, sobre todo el sostener la dolarización adoptada en el año 2000.

Pozo reconoció que las reformas estructurales que se plantean podrían ser discutidas en la próxima legislatura, aunque no descartó explorar posibilidades en su periodo al frente del ministerio.

“Promover diálogos nacionales para impulsar reformas urgentes” es la táctica anunciada por Pozo que, sin embargo, tendrá apenas siete meses para lograrlo, ya que ese es el tiempo de vida que le queda al Gobierno de Moreno.

Pozo ya recibió el primer desembolso del FMI por 2.000 millones de dólares y, por ello, le es imperativo iniciar su gestión para dejar, como ha ofrecido, “una economía en orden” al gobernante que surja de los comicios presidenciales del próximo 7 de febrero.

Para el economista y académico Pablo Dávalos, el tiempo político corre en contra del acuerdo, pues será muy difícil que los grupos políticos de la Asamblea Nacional (Parlamento) aprueben reformas impopulares que pongan en riesgo ciertos intereses electorales.

Incluso, si eventualmente ganara un candidato presidencial de derechas afín a la órbita del FMI, la nueva legislatura seguramente estará tan atomizada que sería difícil consensuar las reformas estructurales atadas al crédito del organismo, opinó Dávalos.

Por ello, dijo a Efe que cree muy probable que el acuerdo fracase, como ya le pasó al anterior entendimiento que el Gobierno de Moreno alcanzó en marzo del año pasado con el FMI.

Dávalos sostuvo que, si bien el actual Gobierno ha intentado “trazar la cancha” para quien resulte su sucesor, “hay poquísimas posibilidades de que ese acuerdo se cumpla”.

Incluso, si el Ejecutivo intentara, como ya lo ha hecho, cumplir por otras vías las condiciones del FMI, podría verse abocado a una eventual reacción social como la de octubre del año pasado, cuando una rebelión popular obligó a derogar ajustes impopulares.

Dávalos, además, criticó al organismo multilateral, que ha prestado dinero bajo condiciones de austeridad y reducción del gasto público a un país “vulnerable a una pandemia, que marca la realidad”.

“El FMI le acaba de indicar a la sociedad ecuatoriana que debe someterse a un régimen de absoluto rigor fiscal, que implica la disminución brutal de gastos para la sociedad, en un contexto de bajada del PIB, de entre el 6 y 8 por ciento, y con una sociedad asolada por la peste”, apostilló.

Y es que, para este economista, es inaudito que el FMI le pida al país en estas circunstancias “que no gaste en salud, que no gaste en educación, que desarticule la institucionalidad” del Estado.

Eso es someter a la población ecuatoriana “a un trato cruel, inhumano y degradante”, lo que podría ser incluso considerado como un delito de lesa humanidad, opinó Dávalos.

Recordó que críticas similares se han levantado cuando el FMI ha intervenido en otros países de América Latina, e incluso en España, Italia o Grecia.

Según Dávalos, “muchos estudios académicos demuestran que las imposiciones del FMI han determinado que las sociedad donde se han aplicado sus condiciones, han terminado peor de lo que empezaron”.

El acuerdo crediticio que Ecuador suscribió con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por 6.500 millones de dólares, deambula entre el alivio fiscal que busca el Gobierno de Quito y la posibilidad de un fracaso ante los tiempos electorales que vive el país suramericano.

El Ejecutivo ecuatoriano, liderado por el presidente Lenín Moreno, ha depositado en el acuerdo toda su confianza, ya que le permitirá alcanzar un alivio fiscal e ir superando una crisis financiera deteriorada por el efecto de la pandemia del coronavirus.

Richard Martínez, un joven economista neoliberal, logró suscribir este acuerdo luego de que fracasara otro por 4.200 millones de dólares, con el mismo FMI, ya que no se pudo concretar la matriz de condicionalidad planteada por el organismo.

Tras firmar el nuevo acuerdo, Martínez abandonó su cargo al frente del Ministerio de Economía y Finanzas para optar por un puesto en el Banco Mundial, en un momento en que Ecuador inicia un proceso electoral que podría trastocar los planes gubernamentales.

Un exministro de Economía, Mauricio Pozo, reemplazó a Martínez y de inmediato dijo que convocará a un diálogo con diversos actores de la sociedad para explorar consensos que permitan aplicar el programa económico del Gobierno, sobre todo el sostener la dolarización adoptada en el año 2000.

Pozo reconoció que las reformas estructurales que se plantean podrían ser discutidas en la próxima legislatura, aunque no descartó explorar posibilidades en su periodo al frente del ministerio.

“Promover diálogos nacionales para impulsar reformas urgentes” es la táctica anunciada por Pozo que, sin embargo, tendrá apenas siete meses para lograrlo, ya que ese es el tiempo de vida que le queda al Gobierno de Moreno.

Pozo ya recibió el primer desembolso del FMI por 2.000 millones de dólares y, por ello, le es imperativo iniciar su gestión para dejar, como ha ofrecido, “una economía en orden” al gobernante que surja de los comicios presidenciales del próximo 7 de febrero.

Para el economista y académico Pablo Dávalos, el tiempo político corre en contra del acuerdo, pues será muy difícil que los grupos políticos de la Asamblea Nacional (Parlamento) aprueben reformas impopulares que pongan en riesgo ciertos intereses electorales.

Incluso, si eventualmente ganara un candidato presidencial de derechas afín a la órbita del FMI, la nueva legislatura seguramente estará tan atomizada que sería difícil consensuar las reformas estructurales atadas al crédito del organismo, opinó Dávalos.

Por ello, dijo a Efe que cree muy probable que el acuerdo fracase, como ya le pasó al anterior entendimiento que el Gobierno de Moreno alcanzó en marzo del año pasado con el FMI.

Dávalos sostuvo que, si bien el actual Gobierno ha intentado “trazar la cancha” para quien resulte su sucesor, “hay poquísimas posibilidades de que ese acuerdo se cumpla”.

Incluso, si el Ejecutivo intentara, como ya lo ha hecho, cumplir por otras vías las condiciones del FMI, podría verse abocado a una eventual reacción social como la de octubre del año pasado, cuando una rebelión popular obligó a derogar ajustes impopulares.

Dávalos, además, criticó al organismo multilateral, que ha prestado dinero bajo condiciones de austeridad y reducción del gasto público a un país “vulnerable a una pandemia, que marca la realidad”.

“El FMI le acaba de indicar a la sociedad ecuatoriana que debe someterse a un régimen de absoluto rigor fiscal, que implica la disminución brutal de gastos para la sociedad, en un contexto de bajada del PIB, de entre el 6 y 8 por ciento, y con una sociedad asolada por la peste”, apostilló.

Y es que, para este economista, es inaudito que el FMI le pida al país en estas circunstancias “que no gaste en salud, que no gaste en educación, que desarticule la institucionalidad” del Estado.

Eso es someter a la población ecuatoriana “a un trato cruel, inhumano y degradante”, lo que podría ser incluso considerado como un delito de lesa humanidad, opinó Dávalos.

Recordó que críticas similares se han levantado cuando el FMI ha intervenido en otros países de América Latina, e incluso en España, Italia o Grecia.

Según Dávalos, “muchos estudios académicos demuestran que las imposiciones del FMI han determinado que las sociedad donde se han aplicado sus condiciones, han terminado peor de lo que empezaron”.