El 'agarrón' con Jaime Granados

La cita es el próximo 12 de noviembre: ese día, si el paro judicial no cambia los planes, la Fiscalía imputará a 24 personas relacionadas con el escandaloso fraude de Interbolsa y del Fondo Premium. En la lista figuran, entre otros, los nombres de Tomás Jaramillo, Juan Carlos Ortiz, Víctor Maldonado y Eric Andersen, este último, ciudadano estadounidense y director del Fondo Premium en Curazao. Andersen y Maldonado, ambos en entrevista con este diario, culpan a Jaramillo y a Ortiz del descalabro y aseguran haber sido engañados por ellos. Jaramillo, por su parte, podría terminar firmando un preacuerdo.

¿Llegará el abogado Jaime Granados a esa audiencia? Reconocido por ser el defensor del expresidente Álvaro Uribe, en teoría debería, para así representar a los inversores del Fondo Premium. Esa es su función, según el contrato que firmó el 9 de noviembre de 2012 con el fondo y con su director, Andersen. Sin embargo, desde el pasado 18 de julio, Granados y Andersen tienen una marcada diferencia: en esa fecha, Granados presentó su renuncia. Y el 27 agosto, Andersen envió desde Curazao su respuesta: “No puedo y no acepto su renuncia/solicitud de terminar el acuerdo [de trabajo] en los términos que usted mencionó en su carta del 18 de julio”.

Tales términos, se lee en la comunicación remitida por el abogado Granados, se resumen en la expresión “conflicto de intereses” por una razón: cuando el Consejo Superior de la Judicatura le abrió una investigación, que cerró en mayo pasado, este organismo le indicó que si Andersen resultaba indiciado en el expediente entonces sí podría haber un conflicto de intereses. “Mi criterio personal es que no hay conflicto, pero lo que yo piense ya dejó de ser importante porque hay un fallo. La solución era que yo me retirara del proceso o que el señor Andersen se retirara de su cargo”, manifestó Granados en entrevista con este diario.

La pelea es, además —quizá sobre todo— un asunto de dinero: cuando Granados firmó su contrato, el fondo se comprometió a pagarle $2.500 millones (unos US$1,3 millones) por sus honorarios. Al aceptar la propuesta de trabajo, Granados se hizo merecedor de un pago de $1.700 millones y, a los cinco días de que el contrato fuera una realidad, el Fondo Premium certificó que Granados ya tenía $1.000 millones en la cuenta de ahorros de su empresa. A los 60 días, se lee en el contrato, Granados podía recibir otros $400 millones, y al terminar las asesorías legales llegarían los últimos $400 millones. “Yo he renunciado a ese saldo en cualquier circunstancia”, aseveró Granados en su carta de renuncia y en diálogo con este diario.

“La intención clara del contrato era que los servicios de su firma continuaran en todo el proceso penal relacionado con la caída de Interbolsa y las pérdidas derivadas para el fondo”, le reclamó Andersen. “Es razonable asumir que esa tarea no se habría podido realizar en menos de dos años, a pesar de que sus servicios terminaron en abril de 2013”, añadió. “Eso no es cierto —le dijo Granados a El Espectador—. Yo he seguido trabajando todo el tiempo. En todo 2013 presenté varias denuncias por captación masiva, por obstrucción a la justicia. Pero no podía seguir asumiendo la responsabilidad de las empresas del fondo que fueron intervenidas con fines de liquidación”.

Andersen determinó que, para aceptar la renuncia, Granados deberá retornar “no menos del 75% de la tarifa acordada”. En este caso, según lo que indica el contrato, serían $1.575 millones. “¿Devolverá el monto exigido?”, se le preguntó. “Ya respondí con todos los detalles cuál es mi criterio al respecto (del dinero)”, señaló Granados, y agregó: “Quienes tienen que dar cuenta de sus actos son los victimarios. Es importante identificar la estrategia que han usado contra quienes los hemos denunciado en público”. El Espectador intentó comunicarse con Eric Andersen en Curazao. Él se abstuvo de hacer comentarios.

Granados insistió en que nunca fue contratado para asesorar penalmente a Eric Andersen, por eso cree que podría representar sin problemas a cualquier víctima del Fondo Premium, dice que lo haría sin cobrar y que muchos se lo han pedido. Los abogados de quienes serán imputados no piensan lo mismo y sostienen que solicitarán que se anulen todas las pruebas que Granados haya obtenido como abogado del Fondo Premium. El litigante, no obstante, asegura que no hay dilema ético o legal en pasar a trabajar con las víctimas del fondo: “Desde el primer contacto con Eric Andersen, todo giró en torno a su genuino interés de defender a las víctimas, no a él”.

En la Superintendencia de Sociedades, que se espera que decrete pronto la liquidación de Premium, el trabajo de Granados es muy apreciado. De hecho, esperan que sí represente a víctimas para que le haga contrapeso a Jaime Lombana, otro de los abogados del expresidente Uribe y defensor de Rodrigo y Tomás Jaramillo. Esta semana, justamente, CM& reveló la auditoría contable que la firma internacional KPMG hizo sobre el Fondo Premium, documento que confirmaría lo que hasta el propio director de la entidad ha expresado: que los US$174 millones que metieron 1.260 inversionistas no fueron más que la caja menor de Tomás Jaramillo y de Juan Carlos Ortiz.

Las imputaciones de noviembre

Las expectativas sobre lo que pueda pasar el próximo 12 de noviembre, en la audiencia de imputación a 24 personas por el descalabro de Interbolsa y el Fondo Premium, son enormes. Ese día se podría saber, por ejemplo, si Tomás Jaramillo —quien se mudó con su familia a España una vez estalló el escándalo, en noviembre de 2012— llegó a algún acuerdo con la justicia. Su padre, Rodrigo Jaramillo, fundador de Interbolsa, ya aceptó algunos de los cargos que la Fiscalía le imputó y está bajo detención domiciliaria.

De Interbolsa también serán imputados Paula Andrea González Henao, directora comercial; Juan Felipe Ruiz, gerente técnico; Juan Camilo Arango Medina, vicepresidente, y miembros principales de la junta directiva, entre otros.

dduran@elespectador.com

@dicaduran

La cita es el próximo 12 de noviembre: ese día, si el paro judicial no cambia los planes, la Fiscalía imputará a 24 personas relacionadas con el escandaloso fraude de Interbolsa y del Fondo Premium. En la lista figuran, entre otros, los nombres de Tomás Jaramillo, Juan Carlos Ortiz, Víctor Maldonado y Eric Andersen, este último, ciudadano estadounidense y director del Fondo Premium en Curazao. Andersen y Maldonado, ambos en entrevista con este diario, culpan a Jaramillo y a Ortiz del descalabro y aseguran haber sido engañados por ellos. Jaramillo, por su parte, podría terminar firmando un preacuerdo.

¿Llegará el abogado Jaime Granados a esa audiencia? Reconocido por ser el defensor del expresidente Álvaro Uribe, en teoría debería, para así representar a los inversores del Fondo Premium. Esa es su función, según el contrato que firmó el 9 de noviembre de 2012 con el fondo y con su director, Andersen. Sin embargo, desde el pasado 18 de julio, Granados y Andersen tienen una marcada diferencia: en esa fecha, Granados presentó su renuncia. Y el 27 agosto, Andersen envió desde Curazao su respuesta: “No puedo y no acepto su renuncia/solicitud de terminar el acuerdo [de trabajo] en los términos que usted mencionó en su carta del 18 de julio”.

Tales términos, se lee en la comunicación remitida por el abogado Granados, se resumen en la expresión “conflicto de intereses” por una razón: cuando el Consejo Superior de la Judicatura le abrió una investigación, que cerró en mayo pasado, este organismo le indicó que si Andersen resultaba indiciado en el expediente entonces sí podría haber un conflicto de intereses. “Mi criterio personal es que no hay conflicto, pero lo que yo piense ya dejó de ser importante porque hay un fallo. La solución era que yo me retirara del proceso o que el señor Andersen se retirara de su cargo”, manifestó Granados en entrevista con este diario.

La pelea es, además —quizá sobre todo— un asunto de dinero: cuando Granados firmó su contrato, el fondo se comprometió a pagarle $2.500 millones (unos US$1,3 millones) por sus honorarios. Al aceptar la propuesta de trabajo, Granados se hizo merecedor de un pago de $1.700 millones y, a los cinco días de que el contrato fuera una realidad, el Fondo Premium certificó que Granados ya tenía $1.000 millones en la cuenta de ahorros de su empresa. A los 60 días, se lee en el contrato, Granados podía recibir otros $400 millones, y al terminar las asesorías legales llegarían los últimos $400 millones. “Yo he renunciado a ese saldo en cualquier circunstancia”, aseveró Granados en su carta de renuncia y en diálogo con este diario.

“La intención clara del contrato era que los servicios de su firma continuaran en todo el proceso penal relacionado con la caída de Interbolsa y las pérdidas derivadas para el fondo”, le reclamó Andersen. “Es razonable asumir que esa tarea no se habría podido realizar en menos de dos años, a pesar de que sus servicios terminaron en abril de 2013”, añadió. “Eso no es cierto —le dijo Granados a El Espectador—. Yo he seguido trabajando todo el tiempo. En todo 2013 presenté varias denuncias por captación masiva, por obstrucción a la justicia. Pero no podía seguir asumiendo la responsabilidad de las empresas del fondo que fueron intervenidas con fines de liquidación”.

Andersen determinó que, para aceptar la renuncia, Granados deberá retornar “no menos del 75% de la tarifa acordada”. En este caso, según lo que indica el contrato, serían $1.575 millones. “¿Devolverá el monto exigido?”, se le preguntó. “Ya respondí con todos los detalles cuál es mi criterio al respecto (del dinero)”, señaló Granados, y agregó: “Quienes tienen que dar cuenta de sus actos son los victimarios. Es importante identificar la estrategia que han usado contra quienes los hemos denunciado en público”. El Espectador intentó comunicarse con Eric Andersen en Curazao. Él se abstuvo de hacer comentarios.

Granados insistió en que nunca fue contratado para asesorar penalmente a Eric Andersen, por eso cree que podría representar sin problemas a cualquier víctima del Fondo Premium, dice que lo haría sin cobrar y que muchos se lo han pedido. Los abogados de quienes serán imputados no piensan lo mismo y sostienen que solicitarán que se anulen todas las pruebas que Granados haya obtenido como abogado del Fondo Premium. El litigante, no obstante, asegura que no hay dilema ético o legal en pasar a trabajar con las víctimas del fondo: “Desde el primer contacto con Eric Andersen, todo giró en torno a su genuino interés de defender a las víctimas, no a él”.

En la Superintendencia de Sociedades, que se espera que decrete pronto la liquidación de Premium, el trabajo de Granados es muy apreciado. De hecho, esperan que sí represente a víctimas para que le haga contrapeso a Jaime Lombana, otro de los abogados del expresidente Uribe y defensor de Rodrigo y Tomás Jaramillo. Esta semana, justamente, CM& reveló la auditoría contable que la firma internacional KPMG hizo sobre el Fondo Premium, documento que confirmaría lo que hasta el propio director de la entidad ha expresado: que los US$174 millones que metieron 1.260 inversionistas no fueron más que la caja menor de Tomás Jaramillo y de Juan Carlos Ortiz.

Las imputaciones de noviembre

Las expectativas sobre lo que pueda pasar el próximo 12 de noviembre, en la audiencia de imputación a 24 personas por el descalabro de Interbolsa y el Fondo Premium, son enormes. Ese día se podría saber, por ejemplo, si Tomás Jaramillo —quien se mudó con su familia a España una vez estalló el escándalo, en noviembre de 2012— llegó a algún acuerdo con la justicia. Su padre, Rodrigo Jaramillo, fundador de Interbolsa, ya aceptó algunos de los cargos que la Fiscalía le imputó y está bajo detención domiciliaria.

De Interbolsa también serán imputados Paula Andrea González Henao, directora comercial; Juan Felipe Ruiz, gerente técnico; Juan Camilo Arango Medina, vicepresidente, y miembros principales de la junta directiva, entre otros.

dduran@elespectador.com

@dicaduran