El campesinado presenta propuestas al Plan Nacional de Desarrollo
La propuesta plantea, entre otros elementos, que el Estado recaude información estadística detallada de las condiciones de vida de esta población.
Diana Isabel Güiza y Natalia Torres*
Este jueves 20 de diciembre, el Consejo Nacional de Planeación (CNP) y distintos sectores sociales, económicos y comunitarios discutieron las bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que es la principal hoja de ruta de la gestión pública del país. El PND, que se adopta en una ley, fija los objetivos, metas, prioridades, estrategias y orientaciones de la política económica, social y ambiental, que implementará el gobierno y que, posteriormente, permitirá la evaluación de su gestión. En su elaboración el Estado debe garantizar la participación más amplia posible de la sociedad. De ahí que el CNP tenga la tarea de impulsar reuniones territoriales y nacionales en las que tienen asiento diversos sectores, desde gremios y empresarios hasta el movimiento social.
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Por primera vez, el campesinado colombiano presentó una propuesta conjunta ante el CNP, la cual titularon “Pacto por la equidad rural y el bienestar de la población campesina”. Esta propuesta la firman distintas organizaciones del nivel regional —Mesa Campesina Cauca - PUPSOC— y nacional —Coordinador Nacional Agrario (CNA), Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO - CUT), Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC), Red Nacional de Agricultura Familiar (RENAF) y Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC)—. Su propósito central es incluir medidas y programas específicos que le permitan al campesinado gozar de sus derechos en condiciones de igualdad.
Por ahora las bases del PND sólo tienen en cuenta al campesinado en asuntos de desarrollo agropecuario y rural; educación y participación ambiental; y resolución de conflictos interculturales. Por su parte, la propuesta campesina es más amplia, pues abarca ocho líneas estratégicas: (i) acceso, formalización y territorialidades campesinas-áreas protegidas; (ii) fortalecimiento de la economía campesina y adecuación institucional; (iii) acceso a derechos; (iv) infraestructura productiva; (v) cultivos de coca, marihuana y amapola; (vi) ambiente y cambio climático; (vii) mujer campesina; y (viii) jurisdicción agraria.
La propuesta parte del diagnóstico de las condiciones de extrema pobreza en las que se encuentra el campesinado frente a otros grupos poblacionales, según distintas cifras oficiales. La Misión para la Transformación del Campo resalta que existe una brecha en materia de pobreza extrema y multidimensional entre las zonas rurales y urbanas: la clase media alcanza el 11 % en comparación con el 39 % existente en las zonas urbanas, lo que demuestra que el 89 % de la población rural es pobre o vulnerable. Esto lo corrobora la Encuesta de Calidad de Vida de 2016: la cobertura de acueducto en las cabeceras municipales es del 97,5 % y de 60,1 % en la zona rural, y la de alcantarillado es de 93,6 % y 17,3 %, respectivamente. La asistencia escolar de personas entre 17 y 24 años 65,4 % en las áreas urbanas y 32,2 % en la rural.
En el caso de las mujeres rurales, la Misión para la Transformación del Campo señala que su situación es peor que la de los hombres rurales y la de las mujeres urbanas. El Tercer Censo Nacional Agropecuario indica que el 12,6 % de las mujeres rurales mayores de 15 años son analfabetas frente al 12,4 % de los varones. En la misma línea, el DANE precisa que los indicadores de pobreza multidimensional comparados entre cabeceras municipales y la población ubicada en zonas dispersas —que están especialmente pobladas por el campesinado— reflejan la brecha de acceso a derechos. Mientras el indicador de analfabetismo en cabeceras municipales es de 2,3 puntos, en las zonas rurales dispersas alcanza 25 puntos; el trabajo informal en cabeceras es de 74,2 puntos y en las zonas dispersas es de 92,2; y la ausencia de aseguramiento en salud en las cabeceras es de 14,5 puntos frente a 17,8 puntos en las zonas dispersas.
Para superar esos obstáculos la propuesta plantea que el Estado recaude información estadística detallada de las condiciones de vida del campesinado. Esta es una petición que 1.770 campesinas y campesinos habían llevado a los jueces en una acción de tutela, la cual fue decidida por la Corte Suprema de Justicia a inicios de este año. Ante el CNP, las organizaciones campesinas proponen que el DANE incorpore preguntas sobre el autorreconocimiento de la vida campesina y los modos de producción en mediciones como la Encuesta Nacional Agropecuaria, la Encuesta de Calidad de Vida o la Gran Encuesta Integrada de Hogares.
César William Díaz, vocero de la Mesa Campesina Cauca - PUPSOC, resaltó en la reunión de hoy con el CNP que «la población campesina no es el “resto rural”, como es calificada por los instrumentos estadísticos actuales; sino que tiene “nombre y apellido”, por lo que el campesino debe ser contado en los censos y las encuestas, e incluido en el plan de desarrollo».
Otras medidas que el campesinado propone están relacionadas con la formalización de Zonas de Reserva Campesina y los Territorios Campesinos Agroalimentarios; la construcción de centros de acopio y distribución de alimentos, que sean administrados directamente por asociaciones campesinas; la adopción de Proyectos Institucionales de Educación Campesina y Rural; el lanzamiento de los Juegos Deportivos Nacionales Rurales Campesinos; y la lucha contra la violencia sexual, física y psicológica, que sufren las mujeres, los niños y las niñas campesinas.
La participación del campesinado en el PND hace parte de su estrategia amplia de su reconocimiento como sujeto político y de derechos. Por años el Estado colombiano ha desconocido la relevancia política, social y económica de la vida campesina, lo que ha resultado en la desvalorización del campesinado. En respuesta, los y las campesinas han alzado su voz para que sean valorados por el Estado y la sociedad como «ciudadanos, cuidadores del ambiente, productores de alimentos y creadores de cultura», como expresó César William Díaz. En las próximas semanas el CNP deberá emitir un concepto sobre el proyecto de PND, el cual deberá ser aprobado por el Congreso de la República. Las organizaciones campesinas esperan que el PND, por primera vez, incluya un capítulo dedicado a este grupo poblacional.
*Investigadoras de Dejusticia.
Este jueves 20 de diciembre, el Consejo Nacional de Planeación (CNP) y distintos sectores sociales, económicos y comunitarios discutieron las bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que es la principal hoja de ruta de la gestión pública del país. El PND, que se adopta en una ley, fija los objetivos, metas, prioridades, estrategias y orientaciones de la política económica, social y ambiental, que implementará el gobierno y que, posteriormente, permitirá la evaluación de su gestión. En su elaboración el Estado debe garantizar la participación más amplia posible de la sociedad. De ahí que el CNP tenga la tarea de impulsar reuniones territoriales y nacionales en las que tienen asiento diversos sectores, desde gremios y empresarios hasta el movimiento social.
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Por primera vez, el campesinado colombiano presentó una propuesta conjunta ante el CNP, la cual titularon “Pacto por la equidad rural y el bienestar de la población campesina”. Esta propuesta la firman distintas organizaciones del nivel regional —Mesa Campesina Cauca - PUPSOC— y nacional —Coordinador Nacional Agrario (CNA), Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO - CUT), Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC), Red Nacional de Agricultura Familiar (RENAF) y Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC)—. Su propósito central es incluir medidas y programas específicos que le permitan al campesinado gozar de sus derechos en condiciones de igualdad.
Por ahora las bases del PND sólo tienen en cuenta al campesinado en asuntos de desarrollo agropecuario y rural; educación y participación ambiental; y resolución de conflictos interculturales. Por su parte, la propuesta campesina es más amplia, pues abarca ocho líneas estratégicas: (i) acceso, formalización y territorialidades campesinas-áreas protegidas; (ii) fortalecimiento de la economía campesina y adecuación institucional; (iii) acceso a derechos; (iv) infraestructura productiva; (v) cultivos de coca, marihuana y amapola; (vi) ambiente y cambio climático; (vii) mujer campesina; y (viii) jurisdicción agraria.
La propuesta parte del diagnóstico de las condiciones de extrema pobreza en las que se encuentra el campesinado frente a otros grupos poblacionales, según distintas cifras oficiales. La Misión para la Transformación del Campo resalta que existe una brecha en materia de pobreza extrema y multidimensional entre las zonas rurales y urbanas: la clase media alcanza el 11 % en comparación con el 39 % existente en las zonas urbanas, lo que demuestra que el 89 % de la población rural es pobre o vulnerable. Esto lo corrobora la Encuesta de Calidad de Vida de 2016: la cobertura de acueducto en las cabeceras municipales es del 97,5 % y de 60,1 % en la zona rural, y la de alcantarillado es de 93,6 % y 17,3 %, respectivamente. La asistencia escolar de personas entre 17 y 24 años 65,4 % en las áreas urbanas y 32,2 % en la rural.
En el caso de las mujeres rurales, la Misión para la Transformación del Campo señala que su situación es peor que la de los hombres rurales y la de las mujeres urbanas. El Tercer Censo Nacional Agropecuario indica que el 12,6 % de las mujeres rurales mayores de 15 años son analfabetas frente al 12,4 % de los varones. En la misma línea, el DANE precisa que los indicadores de pobreza multidimensional comparados entre cabeceras municipales y la población ubicada en zonas dispersas —que están especialmente pobladas por el campesinado— reflejan la brecha de acceso a derechos. Mientras el indicador de analfabetismo en cabeceras municipales es de 2,3 puntos, en las zonas rurales dispersas alcanza 25 puntos; el trabajo informal en cabeceras es de 74,2 puntos y en las zonas dispersas es de 92,2; y la ausencia de aseguramiento en salud en las cabeceras es de 14,5 puntos frente a 17,8 puntos en las zonas dispersas.
Para superar esos obstáculos la propuesta plantea que el Estado recaude información estadística detallada de las condiciones de vida del campesinado. Esta es una petición que 1.770 campesinas y campesinos habían llevado a los jueces en una acción de tutela, la cual fue decidida por la Corte Suprema de Justicia a inicios de este año. Ante el CNP, las organizaciones campesinas proponen que el DANE incorpore preguntas sobre el autorreconocimiento de la vida campesina y los modos de producción en mediciones como la Encuesta Nacional Agropecuaria, la Encuesta de Calidad de Vida o la Gran Encuesta Integrada de Hogares.
César William Díaz, vocero de la Mesa Campesina Cauca - PUPSOC, resaltó en la reunión de hoy con el CNP que «la población campesina no es el “resto rural”, como es calificada por los instrumentos estadísticos actuales; sino que tiene “nombre y apellido”, por lo que el campesino debe ser contado en los censos y las encuestas, e incluido en el plan de desarrollo».
Otras medidas que el campesinado propone están relacionadas con la formalización de Zonas de Reserva Campesina y los Territorios Campesinos Agroalimentarios; la construcción de centros de acopio y distribución de alimentos, que sean administrados directamente por asociaciones campesinas; la adopción de Proyectos Institucionales de Educación Campesina y Rural; el lanzamiento de los Juegos Deportivos Nacionales Rurales Campesinos; y la lucha contra la violencia sexual, física y psicológica, que sufren las mujeres, los niños y las niñas campesinas.
La participación del campesinado en el PND hace parte de su estrategia amplia de su reconocimiento como sujeto político y de derechos. Por años el Estado colombiano ha desconocido la relevancia política, social y económica de la vida campesina, lo que ha resultado en la desvalorización del campesinado. En respuesta, los y las campesinas han alzado su voz para que sean valorados por el Estado y la sociedad como «ciudadanos, cuidadores del ambiente, productores de alimentos y creadores de cultura», como expresó César William Díaz. En las próximas semanas el CNP deberá emitir un concepto sobre el proyecto de PND, el cual deberá ser aprobado por el Congreso de la República. Las organizaciones campesinas esperan que el PND, por primera vez, incluya un capítulo dedicado a este grupo poblacional.
*Investigadoras de Dejusticia.