Entran en operación las sociedades Caribe Mar y Caribe Sol

El largo adiós de Electricaribe

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Se busca subsanar los vacíos en una región del país que aporta un 15 % del PIB, representa el 24 % de la demanda nacional de electricidad y está compuesta por cerca de tres millones de usuarios, que han sufrido uno de los peores servicios de suministro eléctrico en el país.

Una mezcla de optimismo e incertidumbre envuelve a los habitantes de la Costa Caribe con la desaparición de Electricaribe, que les dejó muchos sinsabores, y la llegada del Grupo EPM y el Consorcio de la Costa. Estas dos sociedades, que harán presencia en la región norte con Caribe Mar (Córdoba, Sucre, Cesar y Bolívar) y Caribe Sol (Magdalena, Atlántico y La Guajira), serán las encargadas de eliminar las falencias y penumbras en un mercado que representa el 24 % de la demanda nacional de energía eléctrica, que atiende a 188 municipios y a unos 2,8 millones de suscriptores. Las nuevas sociedades recibirán activos que, fácilmente, suman $11,5 billones y comenzarán a operar desde este 1° de octubre.

La incertidumbre de los habitantes del Caribe colombiano radica en la suerte que tendrán las tarifas domiciliarias desde este 1° de octubre, una vez se presente la sustitución empresarial en la región. Antes de su colapso, Electricaribe era el mayor distribuidor privado de energía eléctrica en el país, con presencia de servicio de distribución y comercialización en Magdalena, Cesar, Córdoba, La Guajira, Atlántico, Sucre y Bolívar.

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Vale la pena recordar que los problemas con la prestación del servicio en la región se remontan a la existencia de la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica (Corelca), que fue sometida a un cuestionado proceso de privatización. Para solucionar la ineficiencia administrativa de la estatal Corelca, fueron creadas varias empresas con la participación del sector privado: Generadora de la Costa Atlántica, Transelca, Electrocosta y Electricaribe.

En los últimos años, Electricaribe fue controlada por tres diferentes representantes corporativos que no pudieron evitar el naufragio de la empresa. Unión Fenosa la controló hasta 2008, luego vino Gas Natural Fenosa hasta 2015, para ser intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos en noviembre de 2016.

Los dueños españoles de Electricaribe se negaron a realizar las inversiones comprometidas con el Gobierno, situación que llevó a la región a estar a punto de ser sometida a un fuerte racionamiento, situación que representa duras implicaciones económicas, debido a que esta zona aporta el 15 % del PIB nacional.

“Gas Natural Fenosa, controladores de Electricaribe, llegó a un punto de no invertir más al darse cuenta de la baja rentabilidad del negocio”, comentó un representante del sector eléctrico que prefirió el anonimato.

Esa decisión llevó al traste la prestación del servicio. Cuando no se modernizan las redes se presenta una espiral descendente: entre menos inversión haya, más pérdidas, el usuario se queja de la calidad del servicio y todo el escenario termina en lo que llegó a ser Electricaribe, un dolor de cabeza para los suscriptores del servicio y un problema nacional.

Todo ese desinterés empresarial aumentó los problemas en el recaudo y desmejoró el cobro de cartera, “deteriorando la situación financiera de la compañía, situación que derivó en incumplimiento de pagos de las facturas expedidas por XM S. A. y obligaciones de presentación de garantías, imposibilitando así la contratación bilateral con generadores de energía”, según se lee en un documento del Gobierno. “Es bueno que lleguen operadores nuevos a la región Caribe para que pongan al día y destraben las inversiones que tiene la zona porque estaban afectando la calidad del servicio, que obligaba a generar mucho por la calidad de las redes”, dijo el director de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda.

“Desde el lado de la generación vemos este proceso con mucha expectativa”, comentó Castañeda. Por su parte, Sandra Fonseca, directora de Asoenergía, consideró que “para la demanda es muy importante la entrada de un operador eficiente, que reinicie la gestión del mercado tanto en la parte comercial como en el servicio de operación de red”.

Una vez intervenida la empresa, los empresarios españoles demandaron a Colombia por cerca de US$1.600 millones. Primero lo hicieron en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) que depende del Banco Mundial; posteriormente la querella la trasladaron al Tribunal de la Comisión de las Nacionales Unidas para el Derecho Mercantil (Uncitral).

Sombras sobre el nuevo amanecer

Los habitantes de los siete departamentos auguran que con la llegada de los nuevos empresarios se ponga fin al calvario de tener que seguir soportando inesperados y continuos cortes en el servicio.

Y, antes de la entrada en operación de los nuevos operadores, hay algunas dudas sobre el proceso. Algunas de estas las ha sembrado el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien en declaraciones a El Espectador aseveró: “Estamos en una negociación con el Gobierno Nacional”, sobre la posibilidad de seguir adelante con Caribe Mar. “Con el Gobierno estamos reconociendo las afectaciones que generó el COVID-19 y cuáles serán las pérdidas en los próximos años. Esta es una empresa (Caribe Mar) que va a entrar con pérdidas en los próximos años, entonces: cuánto más se demoraría en alcanzar el punto de equilibrio”, dijo.

La directora de Asoenergía advirtió que, “dado que hay una participación simultánea de EPM en varios frentes de proyectos energéticos estratégicos del país que requieren esfuerzos considerables tanto operativos, como financieros y de ejecución, se mida el riesgo de manera integral y se desarrolle una matriz de riesgos sistémica, y así el Gobierno a través de la UPME posiblemente realice un plan de seguimiento y mitigación de los mismos, para evitar que la demanda se vea afectada de manera desmedida por unas tarifas no sustentadas y con posibles sobrecostos de los proyectos y la inversión”.

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Los nuevos empresarios no tendrán que soportar la carga pensional de los empleados de Electricaribe. El Gobierno determinó en $2,2 billones, con corte al 14 de febrero, el monto del pasivo asociado al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos. Este monto será asumido por la nación a cargo de los contribuyentes colombianos.

Además, el Gobierno recuerda que existen recursos de crédito aprobados con destinación a inversión por $860.000 millones, de los cuales el Fondo Empresarial, que maneja la Superservicios, ya ha desembolsado $56.000 millones.

También ha otorgado créditos para operación de las empresas por $1,7 billones y créditos para garantías de compra de energía por $403.000 millones, para un total de $2,2 billones. Hasta concluir el proceso de intervención, “la SSPD (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios) tendrá que continuar garantizando los recursos para cubrir el déficit operativo de la compañía a través del Fondo Empresarial”, se lee en un documento de la entidad.

EPM y el Consorcio de la Costa se beneficiarán con las inversiones de $3 billones que hizo el Gobierno en los últimos dos años. Se espera que las empresas Mar Caribe y Sol Caribe realicen sus propias inversiones por más de $8,7 billones en los primeros 10 años.

“Empieza una nueva esperanza para los cerca de 10 millones de habitantes de los siete departamentos de la región Caribe”, dijo el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa.

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