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El Comité Nacional de Paro anunció este lunes que el paro nacional continúa, pese al retiro del proyecto de ley de reforma tributaria. De acuerdo con Francisco Maltés, presidente la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), “la gente en la calle exige mucho más que el retiro de la tributaria”.
Martha Alfonso, segunda vicepresidenta de Fecode, afirmó que el comité está convocando a una movilización “democrática, pacífica y civilizada”, que cumpla con las normas de bioseguridad, para el próximo 5 de mayo.
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Luis Miguel Morantes, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), indicó que entre las peticiones puntuales están la desmilitarización de las ciudades, el cese de las masacres, un castigo a los responsables de estas y el desmonte del ESMAD.
Asimismo, insistió en la negociación del pliego de emergencia presentado por el comité, que incluye el retiro del proyecto de ley 010 de reforma a la salud y el fortalecimiento de la vacunación masiva; una renta básica de al menos un millón de pesos mensuales; la defensa de la producción nacional; subsidios para las mipymes; matrícula cero y no alternancia educativa; no discriminación por razón de género, orientación sexual o etnia; así como evitar las privatizaciones y llevar a cabo la derogatoria del Decreto 1174, es decir, el piso mínimo de protección social.
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Percy Oyola, presidente de la Confederación General de Trabajadores (CGT), afirmó que el gobierno “ha tenido la posibilidad de atender y resolver los reclamos desde las grandes movilizaciones realizadas desde noviembre de 2019, pero nunca se dispuso a instalar una mesa de negociación y concertación. Por el contrario, siempre estigmatizó y actuó con violencia contra los manifestantes”.
Las centrales obreras, según explicaron en rueda de prensa, han interpretado el anuncio del presidente sobre el retiro de la tributaria como la búsqueda de un “reencauche” del proyecto de reforma, ahora acordado con el Congreso, con “mermelada” y “dejando al margen a quienes hemos rechazado este infame proyecto y a quienes hemos estado en las calles”, en palabras de Maltés, quien agregó que cualquier reforma tributaria que se presente debe ser tumbada.
Como fuentes de financiación “para atender estas peticiones están en préstamos del Banco de la República, uso de las reservas internacionales, renegociación de la deuda externa, eliminación de exenciones tributarias a los grandes capitales individuales y a las grandes empresas nacionales y extranjeras, controles a la evasión, a los paraísos fiscales y a la corrupción”, señala el comunicado conjunto.
Para otros analistas y economistas, la reforma es necesaria para evitar una debacle fiscal y la pérdida del grado de inversión. Por ejemplo, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, ha dicho que “se reconoce la necesidad de discutir un nuevo texto, producto de la importancia de mantener los programas sociales para los hogares más pobres, por un lado. Y, por el otro, por la necesidad de estabilizar las finanzas públicas de la Nación”. En tanto que otros expertos, como Jorge Armando Rodríguez, decano de la facultad de Ciencias Económicas de la U. Nacional, han estimado que “el déficit fiscal será mayor de lo previsto, pero en la recesión actual eso ayuda a la reactivación. Conviene mantener programas sociales como Ingreso Solidario, aun si eso implica endeudamiento adicional por uno o dos años más. Se necesita elevar la tributación si queremos mejorar la provisión de servicios sociales y acercarnos al Estado social de derecho, pero sería mejor hacerlo una vez la economía se recupere. La reforma tributaria futura debe prestarle particular atención a la equidad”.
Martha Alfonso, de Fecode, añadió durante la rueda de prensa de este lunes que, además, se pide el cese de la erradicación forzada y de la aspersión con glifosato. Asimismo, llamó la atención sobre la “grave situación de derechos humanos” que se presenta en distintos municipios. “Los organismos que deberían estar acompañando la protesta popular, la Personería y y la Defensoría, han desaparecido y no están cumpliendo su papel”.
Aseguró que “se reportan sin consolidar datos de anoche”, entre los que están 1089 casos de violencia policial, 124 heridos, 726 detenciones arbitrarias, seis hechos de violencia sexual, 27 homicidios, 12 jóvenes que perdieron sus ojos, más de 45 defensores de derechos humanos a quienes se les ha limitado el ejercicio de su función, entre otras denuncias.
Hizo finalmente hizo un llamado al Gobierno para que “restaure el Estado Social de Derecho” y afirmó que se ha pedido acompañamiento internacional dadas las evidencias de ataques contra la sociedad civil.