El reto de consolidar la clase media

Colombia cerró 2015 con 27,8 % de su población en situación de pobreza y 7,9 % en pobreza extrema. Las cifras hace seis años eran 37,2 y 12,3 %, respectivamente. El país, asimismo, hoy mide la pobreza multidimensional, que no se basa sólo en los ingresos de los hogares, sino en sus condiciones de vida, como la vivienda y el acceso a la salud y la educación. Con esa medición, un 20,2 % de los habitantes están en la pobreza.

El año pasado, la región Caribe dio un paso importante: dejar de tener 34,6 % de la población en situación de pobreza en todas sus dimensiones y pasar al 31,2 %. La región Pacífica, en contraste, se quedó atrás, con 33,8%, y con la capital más pobre en términos monetarios, Quibdó, con 50,2 %. Le sigue Riohacha, con 41 %.

En diálogo con este diario, Tatyana Orozco, directora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), explicó que la entidad que lidera, con un presupuesto de $3,5 billones para 2016, ejecuta programas como las llamadas transferencias monetarias condicionadas (entregar dinero con condiciones como llevar a los niños al médico y al colegio), como Más Familias en Acción, que llega a 2,6 millones de hogares. También estrategias para generar ingresos a través de empleabilidad -como que call centers aliados contraten jóvenes que han recibido apoyos monetarios- o emprendimiento, por ejemplo, entregando ayudas en especie -máquinas de coser, fritadoras, etc.-.

El DPS, además, es el que diagnostica y le dice al Ministerio de Vivienda, y próximamente al de Agricultura, a quién dar las viviendas gratis que entrega el Gobierno. Orozco, entre otras cosas, detalló el porqué de la grave situación en La Guajira y las implicaciones de que la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE) se haya fusionado con el DPS.

¿Cómo los afectó el último recorte presupuestal?

Nos mantuvieron los valores en De Cero a Siempre y de Más Familias y Jóvenes en Acción. Hubo recortes en seguridad alimentaria (huertas caseras, por ejemplo), generación de ingresos y obras para la prosperidad (que incluye obras como construcción de vías terciarias, acueductos y colegios). En generación de ingresos conseguimos una donación del gobierno de Canadá por US$5 millones y eso de alguna forma suplió el recorte. Para Empleabilidad, por el lado de seguridad alimentaria, nos conseguimos una donación de la FAO para atender 4.000 familias. El único programa afectado fue obras para la prosperidad.

¿Cómo se preparan para que los recortes presupuestales no frenen los esfuerzos?

Nuestros cogestores, el ejército social del presidente, los movemos hacia las zonas rurales, donde más necesidades hay. En Chocó estamos duplicando el número de familias atendidas con la Red Unidos y estamos haciendo focalización. Haremos lo mismo para los programas de alfabetización y trabajo, con el Mintrabajo, para focalizar los BEPS, y con ICBF para nuevos cupos De Cero a Siempre. Mejor focalización es austeridad inteligente e invertir mejor la plata. Y se trata de hacer intervenciones rurales integrales: llegar a lo rural con paquetes completos, llegar a una familia no sólo con seguridad alimentaria o generación de ingresos, sino una oferta empaquetada para que salga adelante.

Iraca, por ejemplo, es un programa para comunidades afros e indígenas. Llegamos con seguridad alimentaria, con proyectos productivos y para el territorio colectivo y capital social, es decir, el fortalecimiento de confianza entre ellos. Hay programas para desplazados, con seguridad alimentaria, mejoramiento de vivienda, proyecto productivo e incentivo al retorno. Así quedan con bases sólidas para salir adelante. 

El sector rural se atiende desde varios frentes. ¿Cómo se articulan con otras instituciones?

El año pasado creamos la Llave Maestra, que es big data y un sistema de información para identificar quiénes han accedido a qué programas. Con una cédula puedo encontrar si alguien ha sido víctima, su puntaje Sisbén, cuántos hijos tiene, si su familia está en Red Unidos y, si está, qué logros le hacen falta para salir de la pobreza extrema; puedo saber si hace parte de Más Familias en Acción, desde cuándo, cuánta plata ha recibido, etc. Eso hace un año no se tenía y trabajamos con la Unidad de Víctimas para que también trabajen sobre eso, retroalimentar, y que no haya familias que tengan doble apoyo del Estado.

¿Qué le preocupa de cara a la desaceleración de la economía, las consecuentes pérdidas de empleo y que la gente recaiga en la pobreza?

Los 4,6 millones de colombianos que salieron de la pobreza engrosaron la lista de clase media clase emergente. Cuando Simón Gaviria hablaba del 70 % de colombianos en clase media es emergente y consolidada. Esta última es aquella de la que es muy difícil recaer en pobreza, pero los emergentes están en la cuerda floja. Con cualquier cosa, una enfermedad o si alguien pierde el trabajo, pueden volver a caer. Una de las tareas ahora es hacer una política, en articulación con el Departamento Nacional de Planeación, para atender a esa clase media emergente. Hemos estado muy enfocados en superar la pobreza. Hay políticas de vivienda y otros aspectos, pero no una política articulada para la clase media. Trabajamos con el Banco Mundial y el BID para una política de consolidación de clase media emergente para que pase a consolidada. Es un grupo poblacional que nos preocupa. Y celebramos que tenemos 4,6 millones que han salido de la pobreza, pero sabemos que nos quedan 12 millones en esa condición.

En multidimensionalidad, yo sé a cuántas familias les falta afalbetización, cuántas tienen inasistencia escolar y lo sé para cada territorio. Puedo saber cuántas personas en Barranquilla tienen rezago escolar y en qué barrios están. Tenemos ese nivel de información, con eso podremos prestar servicios a los otros ministerios para que lleguen adonde tienen que llegar. Sé que si logro sacar 658.000 hogares con problemas de analfabetismo, logro sacar 2,5 millones de colombianos de la pobreza en todas sus dimensiones. Todo está en cifras, no es sólo carreta, sino que tenemos los análisis estadísticos de esto.

Habla de una articulación con muchos sectores, el privado incluso. Muchos empresarios dicen que las transferencias condicionadas fomentan la pereza. ¿Qué responde a esa crítica?

Una familia que recibe una transferencia, ésta es de más o menos $100.000 al mes. El que más recibe no alcanza a $200.000 mensuales. Eso no le da a una familia para vivir y los estudios nos han indicado que, como es condicionada, los niños de Más Familias miden hoy 1,3 centímetros más que los que están por fuera, con todas las implicaciones que eso tiene para el sistema de salud, porque el papá está pendiente de llevarlo al médico, que le dice que está bajo en peso, que le falta darle tal cosa, y eso lo obliga como padre a tener mejores controles. Los niños tienen 6 % más probabilidad de graduarse del colegio porque les exigimos que vayan al 80 % de las clases. Eso nos ayuda en el indicador de rezago e inasistencia escolar, y vemos que estos niños son menos vagos y tienen mejores puntajes en las pruebas Saber. A mí me pueden decir misa, pero creo que los beneficios son mayores, y hay estudios que expertos externos han hecho al respecto.

¿Qué implicaciones tiene la integración de la ANSPE al DPS?

Es parte de la reestructuración que hicimos. Creamos una segunda subdirección donde está la ANSPE o la Red Unidos, y creamos un área de articulación y focalizaciones, eso hace que Red Unidos tenga más fuerza. Antes la ANSPE no tenía oferta propia, no tenía programas de generación de ingresos ni de transferencias monetarias, entonces le tocaba ir de puerta en puerta para pedir programas para sus familias. Al tener eso en el DPS, la misma entidad lleva la oferta que tenemos de seguridad alimentaria y genera ingresos. Hablamos el mismo idioma y el área de focalización les presta servicios a otros ministerios. La Red Unidos es estratégica para llegar al territorio con información.

¿Por qué, a pesar de las cifras de las que hablan a nivel nacional, la situación en La Guajira sigue siendo tan crítica?

Hay muchos factores. Culturales, por ejemplo. En La Guajira hemos aumentado nuestros programas, pero la ruralidad también nos juega una mala pasada: que las rancherías estén tan apartadas nos impide llegar con cierta oferta. Allá multiplicamos por diez la inversión en seguridad alimentaria, las huertas caseras, pero nos tocaba llegar con soluciones de agua, entonces las montamos con energía solar, plantas potabilizadoras, desalinizadoras en unos casos, montamos una hectárea de riego por goteo y entregamos chivos comunitarios no sólo para alimentación, sino como fuente de generación de ingresos. Hoy son 45.000 familias atendidas. Antes eran 16.000 en toda La Guajira.

Colombia cerró 2015 con 27,8 % de su población en situación de pobreza y 7,9 % en pobreza extrema. Las cifras hace seis años eran 37,2 y 12,3 %, respectivamente. El país, asimismo, hoy mide la pobreza multidimensional, que no se basa sólo en los ingresos de los hogares, sino en sus condiciones de vida, como la vivienda y el acceso a la salud y la educación. Con esa medición, un 20,2 % de los habitantes están en la pobreza.

El año pasado, la región Caribe dio un paso importante: dejar de tener 34,6 % de la población en situación de pobreza en todas sus dimensiones y pasar al 31,2 %. La región Pacífica, en contraste, se quedó atrás, con 33,8%, y con la capital más pobre en términos monetarios, Quibdó, con 50,2 %. Le sigue Riohacha, con 41 %.

En diálogo con este diario, Tatyana Orozco, directora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), explicó que la entidad que lidera, con un presupuesto de $3,5 billones para 2016, ejecuta programas como las llamadas transferencias monetarias condicionadas (entregar dinero con condiciones como llevar a los niños al médico y al colegio), como Más Familias en Acción, que llega a 2,6 millones de hogares. También estrategias para generar ingresos a través de empleabilidad -como que call centers aliados contraten jóvenes que han recibido apoyos monetarios- o emprendimiento, por ejemplo, entregando ayudas en especie -máquinas de coser, fritadoras, etc.-.

El DPS, además, es el que diagnostica y le dice al Ministerio de Vivienda, y próximamente al de Agricultura, a quién dar las viviendas gratis que entrega el Gobierno. Orozco, entre otras cosas, detalló el porqué de la grave situación en La Guajira y las implicaciones de que la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE) se haya fusionado con el DPS.

¿Cómo los afectó el último recorte presupuestal?

Nos mantuvieron los valores en De Cero a Siempre y de Más Familias y Jóvenes en Acción. Hubo recortes en seguridad alimentaria (huertas caseras, por ejemplo), generación de ingresos y obras para la prosperidad (que incluye obras como construcción de vías terciarias, acueductos y colegios). En generación de ingresos conseguimos una donación del gobierno de Canadá por US$5 millones y eso de alguna forma suplió el recorte. Para Empleabilidad, por el lado de seguridad alimentaria, nos conseguimos una donación de la FAO para atender 4.000 familias. El único programa afectado fue obras para la prosperidad.

¿Cómo se preparan para que los recortes presupuestales no frenen los esfuerzos?

Nuestros cogestores, el ejército social del presidente, los movemos hacia las zonas rurales, donde más necesidades hay. En Chocó estamos duplicando el número de familias atendidas con la Red Unidos y estamos haciendo focalización. Haremos lo mismo para los programas de alfabetización y trabajo, con el Mintrabajo, para focalizar los BEPS, y con ICBF para nuevos cupos De Cero a Siempre. Mejor focalización es austeridad inteligente e invertir mejor la plata. Y se trata de hacer intervenciones rurales integrales: llegar a lo rural con paquetes completos, llegar a una familia no sólo con seguridad alimentaria o generación de ingresos, sino una oferta empaquetada para que salga adelante.

Iraca, por ejemplo, es un programa para comunidades afros e indígenas. Llegamos con seguridad alimentaria, con proyectos productivos y para el territorio colectivo y capital social, es decir, el fortalecimiento de confianza entre ellos. Hay programas para desplazados, con seguridad alimentaria, mejoramiento de vivienda, proyecto productivo e incentivo al retorno. Así quedan con bases sólidas para salir adelante. 

El sector rural se atiende desde varios frentes. ¿Cómo se articulan con otras instituciones?

El año pasado creamos la Llave Maestra, que es big data y un sistema de información para identificar quiénes han accedido a qué programas. Con una cédula puedo encontrar si alguien ha sido víctima, su puntaje Sisbén, cuántos hijos tiene, si su familia está en Red Unidos y, si está, qué logros le hacen falta para salir de la pobreza extrema; puedo saber si hace parte de Más Familias en Acción, desde cuándo, cuánta plata ha recibido, etc. Eso hace un año no se tenía y trabajamos con la Unidad de Víctimas para que también trabajen sobre eso, retroalimentar, y que no haya familias que tengan doble apoyo del Estado.

¿Qué le preocupa de cara a la desaceleración de la economía, las consecuentes pérdidas de empleo y que la gente recaiga en la pobreza?

Los 4,6 millones de colombianos que salieron de la pobreza engrosaron la lista de clase media clase emergente. Cuando Simón Gaviria hablaba del 70 % de colombianos en clase media es emergente y consolidada. Esta última es aquella de la que es muy difícil recaer en pobreza, pero los emergentes están en la cuerda floja. Con cualquier cosa, una enfermedad o si alguien pierde el trabajo, pueden volver a caer. Una de las tareas ahora es hacer una política, en articulación con el Departamento Nacional de Planeación, para atender a esa clase media emergente. Hemos estado muy enfocados en superar la pobreza. Hay políticas de vivienda y otros aspectos, pero no una política articulada para la clase media. Trabajamos con el Banco Mundial y el BID para una política de consolidación de clase media emergente para que pase a consolidada. Es un grupo poblacional que nos preocupa. Y celebramos que tenemos 4,6 millones que han salido de la pobreza, pero sabemos que nos quedan 12 millones en esa condición.

En multidimensionalidad, yo sé a cuántas familias les falta afalbetización, cuántas tienen inasistencia escolar y lo sé para cada territorio. Puedo saber cuántas personas en Barranquilla tienen rezago escolar y en qué barrios están. Tenemos ese nivel de información, con eso podremos prestar servicios a los otros ministerios para que lleguen adonde tienen que llegar. Sé que si logro sacar 658.000 hogares con problemas de analfabetismo, logro sacar 2,5 millones de colombianos de la pobreza en todas sus dimensiones. Todo está en cifras, no es sólo carreta, sino que tenemos los análisis estadísticos de esto.

Habla de una articulación con muchos sectores, el privado incluso. Muchos empresarios dicen que las transferencias condicionadas fomentan la pereza. ¿Qué responde a esa crítica?

Una familia que recibe una transferencia, ésta es de más o menos $100.000 al mes. El que más recibe no alcanza a $200.000 mensuales. Eso no le da a una familia para vivir y los estudios nos han indicado que, como es condicionada, los niños de Más Familias miden hoy 1,3 centímetros más que los que están por fuera, con todas las implicaciones que eso tiene para el sistema de salud, porque el papá está pendiente de llevarlo al médico, que le dice que está bajo en peso, que le falta darle tal cosa, y eso lo obliga como padre a tener mejores controles. Los niños tienen 6 % más probabilidad de graduarse del colegio porque les exigimos que vayan al 80 % de las clases. Eso nos ayuda en el indicador de rezago e inasistencia escolar, y vemos que estos niños son menos vagos y tienen mejores puntajes en las pruebas Saber. A mí me pueden decir misa, pero creo que los beneficios son mayores, y hay estudios que expertos externos han hecho al respecto.

¿Qué implicaciones tiene la integración de la ANSPE al DPS?

Es parte de la reestructuración que hicimos. Creamos una segunda subdirección donde está la ANSPE o la Red Unidos, y creamos un área de articulación y focalizaciones, eso hace que Red Unidos tenga más fuerza. Antes la ANSPE no tenía oferta propia, no tenía programas de generación de ingresos ni de transferencias monetarias, entonces le tocaba ir de puerta en puerta para pedir programas para sus familias. Al tener eso en el DPS, la misma entidad lleva la oferta que tenemos de seguridad alimentaria y genera ingresos. Hablamos el mismo idioma y el área de focalización les presta servicios a otros ministerios. La Red Unidos es estratégica para llegar al territorio con información.

¿Por qué, a pesar de las cifras de las que hablan a nivel nacional, la situación en La Guajira sigue siendo tan crítica?

Hay muchos factores. Culturales, por ejemplo. En La Guajira hemos aumentado nuestros programas, pero la ruralidad también nos juega una mala pasada: que las rancherías estén tan apartadas nos impide llegar con cierta oferta. Allá multiplicamos por diez la inversión en seguridad alimentaria, las huertas caseras, pero nos tocaba llegar con soluciones de agua, entonces las montamos con energía solar, plantas potabilizadoras, desalinizadoras en unos casos, montamos una hectárea de riego por goteo y entregamos chivos comunitarios no sólo para alimentación, sino como fuente de generación de ingresos. Hoy son 45.000 familias atendidas. Antes eran 16.000 en toda La Guajira.