Empresarios, con más cargas

A pesar de que el Gobierno logró que mediante la reforma tributaria (Ley 1607 de 2012) se redujeran en 13,5 puntos las cargas parafiscales para los empresarios que tengan más de dos empleados que devenguen menos de 10 salarios mínimos al mes, un informe publicado por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) señaló que las compañías del país aún no se han podido desligar de “elevadas cargas no salariales del orden de 50 puntos, lo cual las hace menos competitivas en el ámbito internacional”.

A estos costos, señala la ANIF, desde este mes se sumó un elemento más: las empresas deberán pagar a los aprendices del Sena no un 75% del salario mínimo, sino su totalidad ($616.000). La justificación para esta decisión, según explicó el presidente Juan Manuel Santos, radica en que durante 2013 la tasa promedio de desocupación fue de sólo un dígito (9,6%).

Según dice la Ley 789 de 2002, por cada 20 trabajadores que contrate una compañía, el empresario está en la obligación de vincular laboralmente a un aprendiz del Sena y para la franja que oscila entre 20 y 30 trabajadores en la nómina, se deben incorporar dos aprendices.

“Por ejemplo, una empresa con 1.000 trabajadores asumiría un costo mensual de $23,4 millones bajo las condiciones anteriores, pero ahora dicho costo se ha elevado a $31,1 millones (representando un incremento del 33%), resultado de tener que vincular a 50 aprendices que ahora reciben el 100% del salario mínimo, más el costo del cubrimiento de la ARP”, explica el informe de la ANIF.

Asimismo, señala el documento que “en los casos en que el Sena no provee la mano de obra necesaria y los empresarios deciden entrar a pagar ‘la multa’ por compensación, los costos empresariales ahora se mantienen prácticamente al mismo nivel de una contratación completa”.

Adicionalmente recalca el organismo que el anuncio hecho por el presidente Santos “resulta contradictorio ya que el sector privado ha comenzado a enfrentarse a una fuerte competencia internacional por cuenta de los acuerdos de libre comercio que ya acaparan el 75% del comercio colombiano”.

“El aumento de costos por la vía de los aprendices es inevitable; habría que ver cómo funciona este tema. Si uno no piensa esta estrategia, está claro que a las empresas —sobre todo a las intensivas en mano de obra—, la carga se les va a aumentar”, comentó Stefano Farné, director del Observatorio del Mercado de Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia. Agregó que los sobrecostos laborales antes de la reforma tributaria eran el 70% y que luego de que esta ley fuera sancionada se redujeron en cerca de un 10%.

Saúl Pineda Hoyos, director del Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas (Cepec), de la Universidad del Rosario, cree que el hecho de que Colombia no tenga decisiones más transparentes en materia de parafiscalidad está “generando problemas de competitividad”.

“Estamos en un proceso de profundizar negociaciones de libre comercio e inversión en el marco de la Alianza del Pacífico. Con el aumento de las cargas sufren las pequeñas y medianas empresas intensivas en mano de obra y que buscan aprovechar los acuerdos de libre comercio”, comentó Pineda, quien recordó que el desmonte de la carga parafiscal —que proveía de recursos al Sena, al ICBF y a la salud— se compensará por la vía del impuesto sobre la renta para la equidad (CREE).

hsandoval@elespectador.com

@hector_sandoval

A pesar de que el Gobierno logró que mediante la reforma tributaria (Ley 1607 de 2012) se redujeran en 13,5 puntos las cargas parafiscales para los empresarios que tengan más de dos empleados que devenguen menos de 10 salarios mínimos al mes, un informe publicado por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) señaló que las compañías del país aún no se han podido desligar de “elevadas cargas no salariales del orden de 50 puntos, lo cual las hace menos competitivas en el ámbito internacional”.

A estos costos, señala la ANIF, desde este mes se sumó un elemento más: las empresas deberán pagar a los aprendices del Sena no un 75% del salario mínimo, sino su totalidad ($616.000). La justificación para esta decisión, según explicó el presidente Juan Manuel Santos, radica en que durante 2013 la tasa promedio de desocupación fue de sólo un dígito (9,6%).

Según dice la Ley 789 de 2002, por cada 20 trabajadores que contrate una compañía, el empresario está en la obligación de vincular laboralmente a un aprendiz del Sena y para la franja que oscila entre 20 y 30 trabajadores en la nómina, se deben incorporar dos aprendices.

“Por ejemplo, una empresa con 1.000 trabajadores asumiría un costo mensual de $23,4 millones bajo las condiciones anteriores, pero ahora dicho costo se ha elevado a $31,1 millones (representando un incremento del 33%), resultado de tener que vincular a 50 aprendices que ahora reciben el 100% del salario mínimo, más el costo del cubrimiento de la ARP”, explica el informe de la ANIF.

Asimismo, señala el documento que “en los casos en que el Sena no provee la mano de obra necesaria y los empresarios deciden entrar a pagar ‘la multa’ por compensación, los costos empresariales ahora se mantienen prácticamente al mismo nivel de una contratación completa”.

Adicionalmente recalca el organismo que el anuncio hecho por el presidente Santos “resulta contradictorio ya que el sector privado ha comenzado a enfrentarse a una fuerte competencia internacional por cuenta de los acuerdos de libre comercio que ya acaparan el 75% del comercio colombiano”.

“El aumento de costos por la vía de los aprendices es inevitable; habría que ver cómo funciona este tema. Si uno no piensa esta estrategia, está claro que a las empresas —sobre todo a las intensivas en mano de obra—, la carga se les va a aumentar”, comentó Stefano Farné, director del Observatorio del Mercado de Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia. Agregó que los sobrecostos laborales antes de la reforma tributaria eran el 70% y que luego de que esta ley fuera sancionada se redujeron en cerca de un 10%.

Saúl Pineda Hoyos, director del Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas (Cepec), de la Universidad del Rosario, cree que el hecho de que Colombia no tenga decisiones más transparentes en materia de parafiscalidad está “generando problemas de competitividad”.

“Estamos en un proceso de profundizar negociaciones de libre comercio e inversión en el marco de la Alianza del Pacífico. Con el aumento de las cargas sufren las pequeñas y medianas empresas intensivas en mano de obra y que buscan aprovechar los acuerdos de libre comercio”, comentó Pineda, quien recordó que el desmonte de la carga parafiscal —que proveía de recursos al Sena, al ICBF y a la salud— se compensará por la vía del impuesto sobre la renta para la equidad (CREE).

hsandoval@elespectador.com

@hector_sandoval