Empresas trasnacionales hacen "negocio redondo" en tribunales, según expertos

Mineras y petroleras trasnacionales hacen un "negocio redondo" en los tribunales internacionales, donde "sacan dinero" a los países con demandas millonarias, según expertos y un estudio divulgado en El Salvador.

Cuando algún país de América suspende permisos de exploración o explotación a las mineras, éstas siempre encuentran en los tribunales internacionales la manera de extraer ganancias, dijo Manuel Pérez Rocha, coordinador de la no gubernamental Red para la Justicia en la Inversión Global de Washington.

Acudir a tribunales, principalmente al Centro de Disputas Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, "es un negocio redondo", porque "finalmente (las empresas) sacan el dinero que ni siquiera llegaron a invertir" en el país donde iban a trabajar, agregó.

En esos tribunales internacionales, las empresas logran "las ganancias que según ellos esperaban" obtener con la operación que les fue suspendida o denegada, enfatizó.

Pérez Rocha participa en la Conferencia Internacional Contra la Minería de Oro, que se celebra desde el viernes hasta el lunes en El Salvador, donde grupos contrarios a la minería buscan estrategias comunes contra esta actividad en América.

Hasta el 19 de marzo de este año, en el CIADI, con sede en Washington, había pendientes 169 casos de disputas de inversionistas, de los cuales "60 se refieren a industrias extractivas de minería, petróleo y gas", señaló Pérez Rocha.

De esos 60 casos, 23 corresponden a disputas relacionadas con petróleo, 19 con la minería, 13 con gas y cinco más con proyectos combinados de petróleo y gas, precisa el estudio "Extrayendo Ganancias en Tribunales Internacionales", elaborado por Pérez Rocha y Sarah Anderson para el Institute for Policy Studies.

Este tipo de demandas va "en aumento en países en desarrollo, en particular en América Latina y el Caribe", destaca el estudio.

Detalla que los países de Latinoamérica y el Caribe conforman aproximadamente el 14 % de los 158 miembros del CIADI, pero son el blanco de 79 (46,7 %) de los 169 casos pendientes en ese tribunal.

Pérez Rocha indicó que las empresas trasnacionales ganan el 50 % de los casos, mientras que otro 30 % "se desechan porque no tienen mérito, no proceden".

Destacó que sólo un 20 % de los casos se resuelven a favor de los estados, pero añadió que "en realidad los gobiernos no ganan nada, porque siempre tienen que pagar costos legales".

Entre otros casos, el estudio señala que en 2012 Ecuador tuvo que pagar 1.700 millones de dólares más intereses a la compañía estadounidense Occidental Petroleum Corporation por haberle cancelado su contrato de operación en 2006.

Este ha sido "el fallo arbitral más costoso hasta la fecha" en disputas de inversiones con un Estado latinoamericano, precisa el documento.

También en 2010 Ecuador perdió otro caso frente a la petrolera estadounidense Chevron por 700 millones de dólares, agrega.

El Salvador ha sido demandado por dos empresas mineras ante el CIADI, una de las cuales ganó el Estado y la otra sigue en proceso.

La minera de origen canadiense Pacific Rim pide a El Salvador 315 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente el 1,8 % del producto interno bruto del país, según el documento, por bloquearle un permiso de exploración, caso que aún está abierto.

El Salvador ganó en 2011 una demanda interpuesta por el grupo minero estadounidense Commerce Group, pero siempre "tuvo que pagar de igual manera 800.000 dólares en costos legales, y la compañía minera aún busca que se anule la decisión en su contra", indica el estudio.

Costa Rica está también inmersa en un arbitraje en el CIADI acusada de tratos discriminatorios por la empresa de capital suizo Gas Zeta, que pide 30 millones de dólares, según las autoridades costarricenses.

Además, la minera canadiense Infinito Gold ha anunciado una demanda a Costa Rica por 1.092 millones de dólares por retirarle en 2010 una concesión de minería de oro a cielo abierto.

Ante el impacto económico de sus demandas, más las consecuencias ambientales y humanas de su actividad, "la industria minera no es una opción para el desarrollo" de Centroamérica, dijo Juliana Turqui, coordinadora del programa regional de industrias extractivas de Oxfam América.

Mineras y petroleras trasnacionales hacen un "negocio redondo" en los tribunales internacionales, donde "sacan dinero" a los países con demandas millonarias, según expertos y un estudio divulgado en El Salvador.

Cuando algún país de América suspende permisos de exploración o explotación a las mineras, éstas siempre encuentran en los tribunales internacionales la manera de extraer ganancias, dijo Manuel Pérez Rocha, coordinador de la no gubernamental Red para la Justicia en la Inversión Global de Washington.

Acudir a tribunales, principalmente al Centro de Disputas Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, "es un negocio redondo", porque "finalmente (las empresas) sacan el dinero que ni siquiera llegaron a invertir" en el país donde iban a trabajar, agregó.

En esos tribunales internacionales, las empresas logran "las ganancias que según ellos esperaban" obtener con la operación que les fue suspendida o denegada, enfatizó.

Pérez Rocha participa en la Conferencia Internacional Contra la Minería de Oro, que se celebra desde el viernes hasta el lunes en El Salvador, donde grupos contrarios a la minería buscan estrategias comunes contra esta actividad en América.

Hasta el 19 de marzo de este año, en el CIADI, con sede en Washington, había pendientes 169 casos de disputas de inversionistas, de los cuales "60 se refieren a industrias extractivas de minería, petróleo y gas", señaló Pérez Rocha.

De esos 60 casos, 23 corresponden a disputas relacionadas con petróleo, 19 con la minería, 13 con gas y cinco más con proyectos combinados de petróleo y gas, precisa el estudio "Extrayendo Ganancias en Tribunales Internacionales", elaborado por Pérez Rocha y Sarah Anderson para el Institute for Policy Studies.

Este tipo de demandas va "en aumento en países en desarrollo, en particular en América Latina y el Caribe", destaca el estudio.

Detalla que los países de Latinoamérica y el Caribe conforman aproximadamente el 14 % de los 158 miembros del CIADI, pero son el blanco de 79 (46,7 %) de los 169 casos pendientes en ese tribunal.

Pérez Rocha indicó que las empresas trasnacionales ganan el 50 % de los casos, mientras que otro 30 % "se desechan porque no tienen mérito, no proceden".

Destacó que sólo un 20 % de los casos se resuelven a favor de los estados, pero añadió que "en realidad los gobiernos no ganan nada, porque siempre tienen que pagar costos legales".

Entre otros casos, el estudio señala que en 2012 Ecuador tuvo que pagar 1.700 millones de dólares más intereses a la compañía estadounidense Occidental Petroleum Corporation por haberle cancelado su contrato de operación en 2006.

Este ha sido "el fallo arbitral más costoso hasta la fecha" en disputas de inversiones con un Estado latinoamericano, precisa el documento.

También en 2010 Ecuador perdió otro caso frente a la petrolera estadounidense Chevron por 700 millones de dólares, agrega.

El Salvador ha sido demandado por dos empresas mineras ante el CIADI, una de las cuales ganó el Estado y la otra sigue en proceso.

La minera de origen canadiense Pacific Rim pide a El Salvador 315 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente el 1,8 % del producto interno bruto del país, según el documento, por bloquearle un permiso de exploración, caso que aún está abierto.

El Salvador ganó en 2011 una demanda interpuesta por el grupo minero estadounidense Commerce Group, pero siempre "tuvo que pagar de igual manera 800.000 dólares en costos legales, y la compañía minera aún busca que se anule la decisión en su contra", indica el estudio.

Costa Rica está también inmersa en un arbitraje en el CIADI acusada de tratos discriminatorios por la empresa de capital suizo Gas Zeta, que pide 30 millones de dólares, según las autoridades costarricenses.

Además, la minera canadiense Infinito Gold ha anunciado una demanda a Costa Rica por 1.092 millones de dólares por retirarle en 2010 una concesión de minería de oro a cielo abierto.

Ante el impacto económico de sus demandas, más las consecuencias ambientales y humanas de su actividad, "la industria minera no es una opción para el desarrollo" de Centroamérica, dijo Juliana Turqui, coordinadora del programa regional de industrias extractivas de Oxfam América.