En Vaupés abandonaron siete pistas de aterrizaje en construcción

El contratista solo ha avanzado un 25 % en dos años, lo que se traduce en una afectación económica equivalente a la mitad del valor por el que se acordó hacer la obra.

Imagen de referencia.Pixabay

La Contraloría encontró un daño patrimonial de más de $10.000 millones por siete pistas de aterrizaje que quedaron inconclusas en Vaupés.

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La investigación comenzó luego de una denuncia presentada por la Asociación Indígena del Vaupés, que advirtió que las obras que fueron contratadas con recursos del Sistema General de Regalías a través de la Gobernación, quedaron abandonadas.

Se trata de un proyecto de mejoramiento y ampliación de la infraestructura aeroportuaria en las comunidades indígenas de Tapurucuara, Buenos Aires, Piracuara, Yavaraté, Tiquié, Piedra Ñi y Yapú. La propuesta fue aprobada y viabilizada por el OCAD Región Llanos en junio de 2015 con el objeto de prestar el servicio de transporte a esta población para alimentación escolar, servicio médico y otras necesidades básicas.

El contrato de obra celebrado en diciembre de 2015 tiene un valor de $20.391 millones y un plazo de ejecución de ocho meses. En marzo de 2016, se le entregó al contratista el 50 % de ese valor ($10.195.591.978) a título de anticipo.

El ente de control encontró que a partir de dicho momento se evidenciaron múltiples situaciones irregulares, además de varias suspensiones y prórrogas, aunque se estima que estas comenzaron desde la misma selección del contratista.

“Es así como se emitieron actos administrativos presuntamente irregulares precontractuales y contractuales, tanto por parte de la Gobernación de Vaupés como del propio contratista, todo esto con el aval del interventor y supervisor”, señaló la Contraloría.

Además, el contrato fue irregularmente suspendido de manera indefinida por más de un año por parte de la administración departamental por haberse presentado una inhabilidad sobreviniente del contratista, lo que condujo posteriormente al vencimiento de términos del contrato y aún con todo fueron reanudados los términos para pretender el cumplimiento del objeto contractual.

La Contraloría evidenció que después de dos años de ejecución no hay ninguna pista en funcionamiento y el avance se quedó en 25 %, a pesar de que los informes de la supervisión indicaban que la obra se encontraba con “un avance mayor del 50 %”. También aseguró que la intervención de las obras no se hizo conforme a las especificaciones técnicas y normas aeronáuticas que se indicaron en el proyecto.

La entidad cree que esto se explica en el hecho de que las especificaciones y las exigencias técnicas que se requieren para el tipo de pistas que se pretendían construir (aterrizaje de aeronaves DC3) “eran ambiciosas desde el mismo proyecto, teniendo en cuenta las condiciones para una zona selvática y de difícil acceso”.

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El daño patrimonial determinado por la Contraloría se traduce en un hallazgo administrativo, con presunta incidencia fiscal y posibles connotaciones penal y disciplinaria.