Este martes deciden suerte de la ley de servicios financieros

Hoy, las comisiones terceras de Cámara y Senado votarán el proyecto de ley de servicios financieros. Si pasa, contaría con dos debates y solo restarían las discusiones en las plenarias de las dos corporaciones del Congreso de la República, lo que la deja con muchas expectativas de ser aprobada antes del próximo 20 de junio.

El interés del Gobierno se demostró desde el inicio del trámite legislativo, ya que fue radicado con mensaje de urgencia. Básicamente la iniciativa pretende expandir los servicios financieros a las clases menos favorecidas del país, de tal manera que se puedan realizar depósitos y transacciones a bajo costo. Según el articulado, hoy el sistema bancario cobra tarifas muy altas que impiden esta expansión.

En Colombia hay bajos niveles de acceso a estos servicios, argumenta el proyecto, lo que “se constituye en un problema que afecta a quienes tienen menores ingresos, aumentando los niveles de inequidad social”. Y recalca la exposición de motivos: “Por falta de cobertura, una gran porción de la población se ve obligada a recurrir a mecanismos informales como el uso del efectivo para hacer transacciones, el ahorro en efectivo, los usureros o los prestamistas ‘gota a gota’”.

Por eso la iniciativa pretende crear la figura de las Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos (Sedpe), es decir, empresas que establezcan fondos pequeños de cuentas de ahorros, capten recursos y faciliten las transacciones entre las personas. El proyecto de ley deja claro que este tipo de empresas “en ningún caso podrán otorgar crédito o cualquier otro tipo de financiación”.

De prosperar el debate, las cuentas de los nuevos operadores se podrán abrir incluso por internet, “con trámites simplificados que no obliguen a que la persona se presente ante una oficina a abrir el producto, sino que pueda hacerlo remotamente aprovechando la tecnología disponible”.

La idea del Ejecutivo es reducir los costos de las transacciones financieras entre la “población informal”, aunque los legisladores de las comisiones económicas David Barguil, Juan Mario Laserna y Simón Gaviria ya tienen los primeros reparos. En concreto creen que el proyecto es bueno, pero también piden la inclusión de tarifas específicas para que los futuros operadores no abusen de los precios.

Según David Barguil, representante del Partido Conservador, de no establecerse límites en materia de costos, “podría replicar lo que hoy sucede con los giros postales. Hay que ver que una transacción de este tipo entre 1 y 500 mil pesos cuesta el 8,5 por ciento del valor del giro. Eso no podemos replicarlo a los nuevos operadores financieros”, insistió el congresista.

Por eso advierte que se debe tener certeza de que los nuevos operadores “no cobrarán costos por encima de los que hoy se tienen en el mercado. “No estoy de acuerdo con fijar topes, pero sí deben quedar bien definidos artículos que permitan que el Gobierno regule tarifas dependiendo de las condiciones del mercado”. Por ahora, según Barguil, no se les puede permitir a las sociedades adelantar labores de microcrédito, “en el futuro sería una alternativa”.

A su vez, el senador conservador Juan Mario Laserna radicó una proposición para que los recursos captados por las nuevas sociedades sean consignados en “depósitos a la vista”, es decir, “en entidades bancarias vigiladas por la Superintendencia Financiera”. El objetivo es que “los recursos se canalicen hacia sectores deficitarios de la economía y ayuden a aumentar la oferta de crédito”.

El legislador solicitó que se incluya un artículo para que a las Sedpe se les apliquen “las disposiciones vigentes para servicios financieros funcionalmente similares y asegure que la DIAN disponga de las mismas herramientas de control que utilice para otro tipo de productos financieros de depósitos y pagos electrónicos”.

El pasado martes, en el recinto de la Comisión Tercera de la Cámara no solo se escucharon las voces de los congresistas. También hicieron presencia la Asobancaria, la Superfinanciera y el Emisor.

El primero en pasar al estrado fue el gerente del Emisor, José Darío Uribe, quien ve con muy buenos ojos este tipo de sociedades. Según él, los depósitos a la vista que hagan las nuevas entidades se podrán hacer, según dice la iniciativa, tanto en la banca privada como en el banco de bancos.

Al respecto el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, asegura que “los recursos captados por las sociedades especializadas deben ir a entidades vigiladas por la Superfinanciera o a cuentas en el Banco de la República, cuando su Junta Directiva lo autorice. Esto garantiza que los recursos de los clientes están adecuadamente protegidos y disponibles”.

A su turno, el superfinanciero, Gerardo Hernández, advirtió que bajo ninguna condición estas entidades “se pueden convertir en nuevos bancos, o pequeñas corporaciones financieras, porque en ese momento el esfuerzo que hemos hecho para mejorar nuestra regulación se va a echar al traste. La idea es crear nuevas compañías financieras para hacer pagos y transferencias reguladas en su totalidad exclusivamente por la entidad”.

Y mostró los riesgos en los que debe trabajar el organismo de control: “Operativo, es decir, que algunas condiciones simplemente no permitan hacer efectivos los pagos de los giros y las transferencias. El segundo: lavado de activos. Un tercero es el tema de la liquidez”.

El ministro Cárdenas le recordó que el proyecto establece “la obligación para que estas entidades cumplan con las mismas disposiciones que las demás instituciones financieras en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo, con lo cual se protege el sistema financiero de la entrada de recursos del narcotráfico a través de los clientes de estas sociedades”. Y agrega que estas nuevas entidades deben pasar por el filtro de autorización de la Superfinanciera, “quien mantiene altos estándares de idoneidad para los administradores de las entidades vigiladas”.

A su turno, la presidenta de Asobancaria, María Mercedes Cuéllar, dice que “el sector bancario no se opone a este nuevo jugador”, pero enfatiza en que para ellos “no existe un arbitraje regulatorio, punto de la mayor importancia. Se pone en riesgo la estabilidad del sistema financiero. Los bancos están comprometidos ya con la inclusión, la cobertura”.

De nuevo, Cárdenas respondió que las sociedades especializadas en efecto van a tener requisitos regulatorios más livianos, “lo que facilitará la entrada de un mayor número de participantes al mercado de productos transaccionales, como lo son los giros, los recaudos y las transferencias. Este mayor número de agentes aumentará la competencia en este mercado y resultará en menores costos para los colombianos”.

El pulso del proyecto se dará hoy, donde los representantes y senadores, después de haber escuchado a todas las partes involucradas, decidirán si le dan vía libre a la iniciativa del Gobierno o le echan para atrás uno de sus proyectos estrellas.

ebonces@elespectador.com

Hoy, las comisiones terceras de Cámara y Senado votarán el proyecto de ley de servicios financieros. Si pasa, contaría con dos debates y solo restarían las discusiones en las plenarias de las dos corporaciones del Congreso de la República, lo que la deja con muchas expectativas de ser aprobada antes del próximo 20 de junio.

El interés del Gobierno se demostró desde el inicio del trámite legislativo, ya que fue radicado con mensaje de urgencia. Básicamente la iniciativa pretende expandir los servicios financieros a las clases menos favorecidas del país, de tal manera que se puedan realizar depósitos y transacciones a bajo costo. Según el articulado, hoy el sistema bancario cobra tarifas muy altas que impiden esta expansión.

En Colombia hay bajos niveles de acceso a estos servicios, argumenta el proyecto, lo que “se constituye en un problema que afecta a quienes tienen menores ingresos, aumentando los niveles de inequidad social”. Y recalca la exposición de motivos: “Por falta de cobertura, una gran porción de la población se ve obligada a recurrir a mecanismos informales como el uso del efectivo para hacer transacciones, el ahorro en efectivo, los usureros o los prestamistas ‘gota a gota’”.

Por eso la iniciativa pretende crear la figura de las Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos (Sedpe), es decir, empresas que establezcan fondos pequeños de cuentas de ahorros, capten recursos y faciliten las transacciones entre las personas. El proyecto de ley deja claro que este tipo de empresas “en ningún caso podrán otorgar crédito o cualquier otro tipo de financiación”.

De prosperar el debate, las cuentas de los nuevos operadores se podrán abrir incluso por internet, “con trámites simplificados que no obliguen a que la persona se presente ante una oficina a abrir el producto, sino que pueda hacerlo remotamente aprovechando la tecnología disponible”.

La idea del Ejecutivo es reducir los costos de las transacciones financieras entre la “población informal”, aunque los legisladores de las comisiones económicas David Barguil, Juan Mario Laserna y Simón Gaviria ya tienen los primeros reparos. En concreto creen que el proyecto es bueno, pero también piden la inclusión de tarifas específicas para que los futuros operadores no abusen de los precios.

Según David Barguil, representante del Partido Conservador, de no establecerse límites en materia de costos, “podría replicar lo que hoy sucede con los giros postales. Hay que ver que una transacción de este tipo entre 1 y 500 mil pesos cuesta el 8,5 por ciento del valor del giro. Eso no podemos replicarlo a los nuevos operadores financieros”, insistió el congresista.

Por eso advierte que se debe tener certeza de que los nuevos operadores “no cobrarán costos por encima de los que hoy se tienen en el mercado. “No estoy de acuerdo con fijar topes, pero sí deben quedar bien definidos artículos que permitan que el Gobierno regule tarifas dependiendo de las condiciones del mercado”. Por ahora, según Barguil, no se les puede permitir a las sociedades adelantar labores de microcrédito, “en el futuro sería una alternativa”.

A su vez, el senador conservador Juan Mario Laserna radicó una proposición para que los recursos captados por las nuevas sociedades sean consignados en “depósitos a la vista”, es decir, “en entidades bancarias vigiladas por la Superintendencia Financiera”. El objetivo es que “los recursos se canalicen hacia sectores deficitarios de la economía y ayuden a aumentar la oferta de crédito”.

El legislador solicitó que se incluya un artículo para que a las Sedpe se les apliquen “las disposiciones vigentes para servicios financieros funcionalmente similares y asegure que la DIAN disponga de las mismas herramientas de control que utilice para otro tipo de productos financieros de depósitos y pagos electrónicos”.

El pasado martes, en el recinto de la Comisión Tercera de la Cámara no solo se escucharon las voces de los congresistas. También hicieron presencia la Asobancaria, la Superfinanciera y el Emisor.

El primero en pasar al estrado fue el gerente del Emisor, José Darío Uribe, quien ve con muy buenos ojos este tipo de sociedades. Según él, los depósitos a la vista que hagan las nuevas entidades se podrán hacer, según dice la iniciativa, tanto en la banca privada como en el banco de bancos.

Al respecto el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, asegura que “los recursos captados por las sociedades especializadas deben ir a entidades vigiladas por la Superfinanciera o a cuentas en el Banco de la República, cuando su Junta Directiva lo autorice. Esto garantiza que los recursos de los clientes están adecuadamente protegidos y disponibles”.

A su turno, el superfinanciero, Gerardo Hernández, advirtió que bajo ninguna condición estas entidades “se pueden convertir en nuevos bancos, o pequeñas corporaciones financieras, porque en ese momento el esfuerzo que hemos hecho para mejorar nuestra regulación se va a echar al traste. La idea es crear nuevas compañías financieras para hacer pagos y transferencias reguladas en su totalidad exclusivamente por la entidad”.

Y mostró los riesgos en los que debe trabajar el organismo de control: “Operativo, es decir, que algunas condiciones simplemente no permitan hacer efectivos los pagos de los giros y las transferencias. El segundo: lavado de activos. Un tercero es el tema de la liquidez”.

El ministro Cárdenas le recordó que el proyecto establece “la obligación para que estas entidades cumplan con las mismas disposiciones que las demás instituciones financieras en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo, con lo cual se protege el sistema financiero de la entrada de recursos del narcotráfico a través de los clientes de estas sociedades”. Y agrega que estas nuevas entidades deben pasar por el filtro de autorización de la Superfinanciera, “quien mantiene altos estándares de idoneidad para los administradores de las entidades vigiladas”.

A su turno, la presidenta de Asobancaria, María Mercedes Cuéllar, dice que “el sector bancario no se opone a este nuevo jugador”, pero enfatiza en que para ellos “no existe un arbitraje regulatorio, punto de la mayor importancia. Se pone en riesgo la estabilidad del sistema financiero. Los bancos están comprometidos ya con la inclusión, la cobertura”.

De nuevo, Cárdenas respondió que las sociedades especializadas en efecto van a tener requisitos regulatorios más livianos, “lo que facilitará la entrada de un mayor número de participantes al mercado de productos transaccionales, como lo son los giros, los recaudos y las transferencias. Este mayor número de agentes aumentará la competencia en este mercado y resultará en menores costos para los colombianos”.

El pulso del proyecto se dará hoy, donde los representantes y senadores, después de haber escuchado a todas las partes involucradas, decidirán si le dan vía libre a la iniciativa del Gobierno o le echan para atrás uno de sus proyectos estrellas.

ebonces@elespectador.com