Firma contratada para la modernización de Reficar, al borde de la quiebra

Las dudas alrededor de la modernización de la Refinería de Cartagena no son nuevas. Desde 2012 se viene hablando de ellas. Y, sin embargo, hasta este momento no hay ningún proceso judicial, ningún sancionado. Apenas hay informes de sobrecostos, que superan los US $4 mil millones. Un dictamen sobre el padecimiento, al que le falta la causa. No hay responsable identificado, pese a que ya hay una tragedia conocida.

Lo que alborotó el avispero fue el reciente informe de la Contraloría sobre los sobrecostos y cuestionados contratos suscritos en desarrollo de este proyecto; sin embargo, hubo alertas previas que, al parecer, no fueron tenidas en cuenta. De acuerdo con documentos conocidos por este diario, a finales de 2014, CB&I, la responsable del proyecto, se encontraba ad portas de ser disuelta por falta de recursos.

Los $6.5 billones que le dio el gobierno en contratos no fueron suficientes para seguir funcionando. En una carta del pasado 22 de diciembre, la coordinadora del Grupo de Análisis y Seguimiento Financiero de la Superintendencia de Sociedades, María Zoraida Peña González, le dio a conocer al entonces apoderado de CB&I, José Manuel Márquez Mendoza, que “a 31 de diciembre de 2014, la compañía se encuentra incursa en la causal de disolución por pérdidas”.

De acuerdo con la Supersociedades, para esa fecha CB&I Colombiana, filial colombiana de esta multinacional, presentaba activos por $456 millones, pasivos por $508 millones e ingresos por $1.247 millones. Según el documento, para ese momento la empresa ya presentaba “pérdidas que han disminuido su patrimonio neto por debajo del 50% del capital suscrito”.

A lo que se suma otro antecedente preocupante: una multa impuesta por la Supersociedades, en 2014, en contra de CB&I Colombiana, por $100 millones. Por ley, una empresa, cuando es filial de otra con domicilio en el extranjero, debe inscribir en el Registro Mercantil algo conocido como situación de control, con lo que evidencia su nexo con la empresa extranjera.

Tal inscripción debía realizare, en el caso de CB&I, el 13 de febrero de 2009. Pero la firma no lo hizo sino hasta el 12 de septiembre de 2012, más de tres años después de vencido el plazo. CB&I pagó la multa y la sanción pasó de agache. Hasta ahora que la firma vuelve al ojo del huracán.

Ante la posible disolución, la Superintendencia le ordenó a CB&I Colombiana, de acuerdo con la carta conocida por El Espectador, que le enviara un documento que demostrara que “dicha situación fue puesta en conocimiento del máximo órgano social”, en referencia a la junta directiva, y que se adoptaron las medidas “tendientes al restablecimiento del patrimonio”.

Y le advirtió que los asociados podrán evitar la disolución de la sociedad adoptando las medidas que sean del caso, “siempre que el acta que las contenga se inscriba en el registro mercantil, dentro de los dieciocho meses siguientes a la ocurrencia de la causal”.

Al verse con el agua al cuello, CB&I envió una carta a la Supersociedades, pidiendo una prórroga para la presentación de la mencionada acta. Y esta entidad le dio su visto bueno. En una misiva enviada por Aida Patricia Quiroga, coordinadora encargada del Grupo de Análisis y Seguimiento Financiero de la Supersociedades, a Clare Montgomery, apoderada de CB&I, Quiroga le informa que “en consideración a las razones expuestas en su escrito, las que le impiden dar respuesta a nuestros requerimientos en los términos y condiciones otorgados, este despacho le concede un término adicional con vencimiento el día 30 de enero de 2016”. Es decir, el pasado sábado.

Este diario no pudo obtener confirmación de que CB&I le haya respondido a la Supersociedades dentro del plazo estipulado. No obstante, todos estos documentos dan cuenta de que el momento que pasa la firma, encargada de una de las obras de infraestructura más importante de los últimos años, es crítico.

Y el revuelo ya ha adquirido dimensiones judiciales y políticas. El senador de oposición Jorge Enrique Robledo ya dijo que va a convocar a un debate de control político al ministro de Minas, Tomás González, y al exministro de Hacienda y hoy presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, quienes estuvieron en la última fase del proyecto.

Sin embargo, todavía no se ha establecido sí nombres como los de Javier Gutierrez Pemberthy, Orlando Cabrales, Hernán Martínez, Federico Renjifo, Amylkar Acosta o el actual ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas figurarán en una investigación para determinar cuáles fueron los errores durante la obra. Aunque El Espectador ha tratado de establecer comunicación con los implicados, los dos primeros hasta el momento no han respondido a las reiteradas solicitudes hechas por este medio.

Pese a tener un puesto en la junta directiva de Ecopetrol, el exministro Martínez explicó que “los ministros no tienen ingerencia directa sobre la refinería, eso lo estaba manejando Ecopetrol, directamente el doctor Javier Gutierrez y sus vicepresidentes”.

La “papa caliente” se la están pasando de mano en mano y hasta hora, más allá del informe de la Contraloría, no se ha materializado ninguna decisión contra los responsables de un sobrecosto que, de haberse evitado, también hubiera hecho innecesaria la venta de la participación del Estado en Isagén. Aunque lo que recibió el Gobierno por esta operación no es ni la mitad de este desfalco.

Las dudas alrededor de la modernización de la Refinería de Cartagena no son nuevas. Desde 2012 se viene hablando de ellas. Y, sin embargo, hasta este momento no hay ningún proceso judicial, ningún sancionado. Apenas hay informes de sobrecostos, que superan los US $4 mil millones. Un dictamen sobre el padecimiento, al que le falta la causa. No hay responsable identificado, pese a que ya hay una tragedia conocida.

Lo que alborotó el avispero fue el reciente informe de la Contraloría sobre los sobrecostos y cuestionados contratos suscritos en desarrollo de este proyecto; sin embargo, hubo alertas previas que, al parecer, no fueron tenidas en cuenta. De acuerdo con documentos conocidos por este diario, a finales de 2014, CB&I, la responsable del proyecto, se encontraba ad portas de ser disuelta por falta de recursos.

Los $6.5 billones que le dio el gobierno en contratos no fueron suficientes para seguir funcionando. En una carta del pasado 22 de diciembre, la coordinadora del Grupo de Análisis y Seguimiento Financiero de la Superintendencia de Sociedades, María Zoraida Peña González, le dio a conocer al entonces apoderado de CB&I, José Manuel Márquez Mendoza, que “a 31 de diciembre de 2014, la compañía se encuentra incursa en la causal de disolución por pérdidas”.

De acuerdo con la Supersociedades, para esa fecha CB&I Colombiana, filial colombiana de esta multinacional, presentaba activos por $456 millones, pasivos por $508 millones e ingresos por $1.247 millones. Según el documento, para ese momento la empresa ya presentaba “pérdidas que han disminuido su patrimonio neto por debajo del 50% del capital suscrito”.

A lo que se suma otro antecedente preocupante: una multa impuesta por la Supersociedades, en 2014, en contra de CB&I Colombiana, por $100 millones. Por ley, una empresa, cuando es filial de otra con domicilio en el extranjero, debe inscribir en el Registro Mercantil algo conocido como situación de control, con lo que evidencia su nexo con la empresa extranjera.

Tal inscripción debía realizare, en el caso de CB&I, el 13 de febrero de 2009. Pero la firma no lo hizo sino hasta el 12 de septiembre de 2012, más de tres años después de vencido el plazo. CB&I pagó la multa y la sanción pasó de agache. Hasta ahora que la firma vuelve al ojo del huracán.

Ante la posible disolución, la Superintendencia le ordenó a CB&I Colombiana, de acuerdo con la carta conocida por El Espectador, que le enviara un documento que demostrara que “dicha situación fue puesta en conocimiento del máximo órgano social”, en referencia a la junta directiva, y que se adoptaron las medidas “tendientes al restablecimiento del patrimonio”.

Y le advirtió que los asociados podrán evitar la disolución de la sociedad adoptando las medidas que sean del caso, “siempre que el acta que las contenga se inscriba en el registro mercantil, dentro de los dieciocho meses siguientes a la ocurrencia de la causal”.

Al verse con el agua al cuello, CB&I envió una carta a la Supersociedades, pidiendo una prórroga para la presentación de la mencionada acta. Y esta entidad le dio su visto bueno. En una misiva enviada por Aida Patricia Quiroga, coordinadora encargada del Grupo de Análisis y Seguimiento Financiero de la Supersociedades, a Clare Montgomery, apoderada de CB&I, Quiroga le informa que “en consideración a las razones expuestas en su escrito, las que le impiden dar respuesta a nuestros requerimientos en los términos y condiciones otorgados, este despacho le concede un término adicional con vencimiento el día 30 de enero de 2016”. Es decir, el pasado sábado.

Este diario no pudo obtener confirmación de que CB&I le haya respondido a la Supersociedades dentro del plazo estipulado. No obstante, todos estos documentos dan cuenta de que el momento que pasa la firma, encargada de una de las obras de infraestructura más importante de los últimos años, es crítico.

Y el revuelo ya ha adquirido dimensiones judiciales y políticas. El senador de oposición Jorge Enrique Robledo ya dijo que va a convocar a un debate de control político al ministro de Minas, Tomás González, y al exministro de Hacienda y hoy presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, quienes estuvieron en la última fase del proyecto.

Sin embargo, todavía no se ha establecido sí nombres como los de Javier Gutierrez Pemberthy, Orlando Cabrales, Hernán Martínez, Federico Renjifo, Amylkar Acosta o el actual ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas figurarán en una investigación para determinar cuáles fueron los errores durante la obra. Aunque El Espectador ha tratado de establecer comunicación con los implicados, los dos primeros hasta el momento no han respondido a las reiteradas solicitudes hechas por este medio.

Pese a tener un puesto en la junta directiva de Ecopetrol, el exministro Martínez explicó que “los ministros no tienen ingerencia directa sobre la refinería, eso lo estaba manejando Ecopetrol, directamente el doctor Javier Gutierrez y sus vicepresidentes”.

La “papa caliente” se la están pasando de mano en mano y hasta hora, más allá del informe de la Contraloría, no se ha materializado ninguna decisión contra los responsables de un sobrecosto que, de haberse evitado, también hubiera hecho innecesaria la venta de la participación del Estado en Isagén. Aunque lo que recibió el Gobierno por esta operación no es ni la mitad de este desfalco.