Arrancando el mes de enero, la EPS Medimás confirmó que se encontraba adelantando conversaciones para formalizar una eventual venta. “Dichas negociaciones, por su naturaleza y alcance son complejas, y actualmente se encuentran en curso, sin que a la fecha exista un acuerdo final para la compra”, comunicaron.
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De inmediato, la noticia prendió las alertas de diferentes entidades, dentro de ellas la Contraloría General de la República, ente de control que esta mañana notificó las observaciones que realizó a la Superintendencia de Salud, entidad que vigila a Medimás, sobre los elementos que deben tenerse en cuenta antes de que la venta se realice.
En primer lugar el ente de control pidió a la Supersalud tener en cuenta “la crítica situación financiera” por la que atraviesa la EPS. Según la información suministrada, la Contraloría supo que para finales de octubre de 2018 los activos de Medimás se contabilizaron en cerca de $1,9 billones, mientras que sus pasivos totales se consolidaron por el orden de $2,1 billones; por otra parte el patrimonio que registra la compañía es negativo, -$178.071 millones.
Sumado a lo anterior la Contraloría también refirió la puesta en conocimiento sobre giros o desembolsos realizados por Medimás a entidades que no han legalizado ese dinero, acto que, asegura, podría traducirse en detrimento de los recursos del sistema.
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No obstante, para el ente de control el asunto más trascendental, ante la eventual venta de Medimás, es la garantía que recibirán los 4,2 millones de afiliados de seguir recibiendo el servicio de salud luego de la adquisición.
“Lo más importante es que se tomen las medidas necesarias para garantizar la continuidad y eficiente calidad del servicio de salud a todos los usuarios y afiliados a la EPS Medimás”, dijo el vicecontralor Ricardo Rodríguez.