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Los gobernadores de Atlántico, Sucre y Bolívar se reunieron ayer con representantes del Gobierno central y acordaron sacar adelante la Asociación Público-Privada (APP) del Canal del Dique, para lo cual inyectarán $700.000 millones provenientes de regalías.
El Ministerio de Transporte destacó que el proceso tendrá el acompañamiento del Banco Mundial, entidad con la que se pretende explorar posibilidades de financiación a costos bajos.
El proyecto Canal del Dique busca permitir la navegabilidad entre la bahía de Cartagena y las ciénagas de Barbacoas y Cartagena a lo largo de 117 kilómetros. Con el nuevo presupuesto, la iniciativa puede entrar en etapa de precalificación, lo cual le permitirá a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) conocer tanto el interés de los inversionistas privados en el proyecto como sus observaciones técnicas, financieras y jurídicas.
“Este acuerdo con el proyecto Canal del Dique es fundamental para la recuperación del sistema ambiental, pero además para generar oportunidades de progreso para los 20 municipios ribereños de los departamentos de Sucre, Bolívar y Atlántico", aseguró Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de la República. También dijo que según el cronograma en mes y medio comenzará el proceso del prepliego, luego vendrá la licitación en el mes de julio y se cerrará en el mes de diciembre.
Los trabajos, que se calcula cuesten alrededor de $5 billones y tarden unos cuatro años y medio, estarán a cargo de una concesión que operará y mantendrá el canal por 15 años. Esta inversión corresponde a la construcción de dos sistemas de esclusas (Calamar y Puerto Badel) y unas compuertas (Calamar) y obras de interconexión entre ciénaga–ciénaga y ciénaga–canal.
Las intervenciones proyectadas facilitarán la navegabilidad y el transporte de personal y productos medianos/pequeños, mediante embarcaciones convoy de diseño de 3x2 que podrán transportar hasta 7.200 toneladas de carga, equivalentes a 206 tractomulas de 35 toneladas cada una.
La obra busca además regular el ingreso de caudales al sistema, garantizar el suministro de agua potable reduciendo la intrusión salina, controlar el tránsito de sedimentos para mejorar la navegabilidad por el Magdalena, mitigar el riesgo de inundaciones, asegurar el recurso hídrico para las labores de riego, ganadería y pesca, y mantener las condiciones de aguas cristalinas a lo largo de las bahías. Desde la perspectiva ambiental, le apunta a la restauración de ecosistemas como en el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo.
En la reunión, que tuvo lugar en Cartagena, estuvieron presentes la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, y el presidente de la ANI, Manuel Felipe Gutiérrez, además de los gobernadores de Sucre, Héctor Espinosa; Bolívar, Vicente Blel, y representantes de la Gobernación del Atlántico y del Banco Mundial.