Hurto de celulares en Colombia: la pesadilla sin fin

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¿Cuántos celulares son robados en Colombia cada año? Aunque es uno de los grandes problemas de seguridad ciudadana en el país, y uno de los dolores de cabeza para los operadores de telecomunicaciones, la respuesta a esta pregunta no resulta del todo clara. El número mágico, por extraño que suene, varía dependiendo de a quién se le pregunte.

De acuerdo con un reporte de la Fundación Karisma, organización dedicada a estudiar temas de derechos humanos en entornos digitales, la falta de consistencia en la información sobre este delito es uno de los problemas que tiene la política actual de registro de los números IMEI de los teléfonos celulares como principal arma para detener el robo de estos dispositivos.

El número IMEI es un código (largo, difícil de memorizar) que identifica cada teléfono celular dentro de una red: es como una suerte de cédula o huella digital de un equipo de telefonía móvil.

Apoyándose en esta capacidad de identificación, las autoridades colombianas tomaron la determinación en 2011 de exigir el registro de los IMEI de los equipos que funcionan en el país. La idea detrás de este razonamiento es tener una base de datos de teléfonos robados, que pasan a ser bloqueados para no permitir que sean vendidos de nuevo como usados en el mercado, atacando así uno de los principales pilares económicos en el que se sostiene este delito.

El registro de los IMEI no está exento de lógica y la medida, en líneas generales, es defendida por analistas de seguridad ciudadana que han estudiado el tema del robo de celulares. Andrés Nieto, de la Universidad Central, es uno de ellos y dice que “registrar los IMEI es una buena medida, pero no es lo único que se puede hacer, se necesita más información y otras acciones para realmente quebrarle el soporte económico al negocio de robar celulares”. En una línea similar se expresa John Jairo Carvajal, director jurídico de la Universidad Manuela Beltrán, al decir que “es una buena medida, pero no es un mecanismo infalible y hacen falta cosas como compartir las bases de datos entre países para frenar la venta de los teléfonos por fuera de nuestras fronteras”.

A raíz de la implementación de la medida, en Colombia se crearon dos bases de datos administradas por un tercero, que se nutren principalmente con información de los operadores de telefonía móvil. Hay una base positiva (en donde deben estar todos los IMEI que entran al país) y hay una negativa (en donde quedan registrados los teléfonos que son bloqueados por causas como hurtos o extravíos, por ejemplo).

En el análisis hecho por Karisma, el mismo repositorio de información (el negativo) presenta fluctuaciones en las cifras sobre hurtos, dependiendo de quién suministra la información. De fondo, argumenta el reporte, uno de los problemas es que sobre estos datos no pesan mayores medidas de transparencia o generación de reportes: se obliga a recopilar la información, el registro de los IMEI, pero no se producen mayores medidas o análisis sobre esta. ¿Entonces, para qué se hace todo esto?

En la base de datos negativa, según datos de Asomóvil, gremio de los operadores celulares, figura que en 2018 fueron bloqueados, por hurto, 1’241.274 teléfonos. En 2017 esta cifra fue de 1’479.207 y en 2016 de 1’328.825. En 2012, primer año después de la implementación del registro de IMEI, el número de dispositivos bloqueados fue de 144.170.

En palabras de una de las empresas de telefonía, “el robo de celulares es el problema más grande de la industria”. Por su parte, un ejecutivo del sector asegura que “el registro de los IMEI puede funcionar en parte, pero también nos trasladaron todo el problema del robo de celulares a los operadores y eso no es así”.

Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil, dice que “este es un problema que deben solucionar las autoridades. La industria y los ciudadanos colaboran, pero la responsabilidad es de las autoridades”. El dirigente gremial es tajante al afirmar que el registro en la base de datos positiva “no sirve para nada” y asegura que la industria ha invertido $100.000 millones durante cinco años en medidas técnicas contra el hurto de celulares. “Y a pesar de estos esfuerzos, el hurto sigue en aumento. La solución no está en poner más medidas técnicas”.

El reporte de la Fundación cruzó las distintas bases de datos disponibles (que incluye los datos de denuncias por hurto que tiene la Policía) y concluyó que el fenómeno se ha mantenido estable desde 2011: ha tenido picos, pero estadísticamente no ha cambiado mayor cosa. En el análisis, la cifra “más alta de hurtos por año estuvo cerca de un millón y medio de registros en 2014 y la más baja justo el año siguiente con 1’100.000 registros”, anota el documento.

Una de las grandes conclusiones del reporte es que el registro de IMEI, como medida tecnológica salvadora, no ha servido para reducir los alcances de este delito. El documento señala que, a pesar de que las cifras de hurto no muestran mayores incrementos, lo que sí ha crecido es la cifra de bloqueos de equipos por no haber sido registrados oportunamente en la base de datos positiva: “El sistema ha sido más efectivo entonces para bloquear por razones que solo sirven al propio sistema en el caso de los no registrados o por razones que no tuvieron que ver con la creación del registro, como en el caso de los no homologados”.

Tanto Nieto como Carvajal aseguran que el registro IMEI puede ayudar en la lucha contra este delito, pero que no se trata de una solución mágica a infalible. Ambos expertos concuerdan en que hace falta un trabajo de coordinación internacional para que los celulares que son robados acá no sean vendidos en otros mercados de la región. De hecho, según la investigación de Karisma, este tipo de cooperación solo está activa con Ecuador, cuando es sabido que estos equipos viajan incluso hasta lugares como Argentina.

Por otra parte, Nieto señala que hace falta más trabajo por parte de las autoridades para atacar el negocio de las piezas de los celulares, que hoy es uno de los puntos más lucrativos en toda la cadena del fenómeno.

“Entre las recomendaciones que hemos hecho está que debe haber una mesa regional para saber cómo se está moviendo el fenómeno entre los países. Y también se debe tener más operatividad para atacar toda la estructura de estas bandas, no solo al que lo rapa, sino también al que los transporta y el que evalúa si es mejor despiezarlo o venderlo completo”, asegura Nieto.

En este sentido, otra de las grandes conclusiones del informe es que el problema de los celulares robados es mucho más que un asunto tecnológico, por lo cual su solución debe tener en cuenta las otras dimensiones del tema: “Las administraciones usan la ley y la regulación para presentar una solución tecnológica a problemas sociales complejos sin establecer con claridad los objetivos, criterios y metas de estas soluciones”.