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La Contraloría General de la República (CGR) informó de un presunto daño fiscal por $637.000 millones por la “gestión antieconómica” del proyecto de construcción de la represa del río Ranchería, en La Guajira, “al incumplirse buena parte de los objetivos y fines con que se inició hace 13 años”.
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Según una auditoría de cumplimiento al proyecto, la única función que actualmente cumple la presa es regular el caudal del río Ranchería. Es decir, no se han concretado los otros objetivos planteados con el documento Conpes 3362 del 14 de julio de 2005, como por ejemplo suministrar agua potable a nueve municipios de La Guajira (San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hato Nuevo, Uribia, Manaure, Maicao y Albania), así como acompañar el proyecto de los distritos de riego y la instalación de una microcentral hidroeléctrica.
De acuerdo con la CGR, la suma calculada equivale al valor de construcción de la presa “El Cercado”, fase I del proyecto, que incluye también las líneas de conducción principal de los distritos de riego Ranchería y San Juan, aún sin construir. “Si bien se evidenció que las obras contratadas fueron ejecutadas (con ostensibles retrasos y costos muy superiores a los previstos inicialmente), la Contraloría consideró que aún con la terminación de las mismas, no se logró el objetivo trazado inicialmente”, dice el comunicado oficial del ente de control.
El costo total de los diseños del proyecto, la construcción de la presa y las conducciones a los distritos de riego fue de $637.369 millones, según la Contraloría. “Dicho valor significa un aumento en $470.803 millones de pesos respecto al inicialmente establecido en los contratos de obra e interventoría”. Adicionalmente, el plazo de ejecución fue reformado al pasar de 71 meses a 100 meses y 20 días para obra y de 72 meses a 106 meses y 27 días para interventoría.
La CGR manifestó, además, su “preocupación ante el hecho de que no se evidencian gestiones efectivas para la consecución de recursos que garantice la terminación del proyecto; situación que afecta no solo la política agropecuaria, sino la calidad de vida de la población beneficiaria”.
Para la Contraloría, “se evidencia falta de una efectiva y oportuna gestión por parte de las entidades responsables de la ejecución del proyecto, con el fin de garantizar su financiación y continuidad”. Por ejemplo, a pesar de que se había establecido que los diseños para los sistemas de riego y drenaje y las vías quedarían disponibles para que otras entidades (públicas o privadas) los construyeran, apenas hubo contrataciones por más de $10.000 millones que “no fueron eficientes ni eficaces”. Estos hallazgos podrían tener incidencia disciplinaria, dice el comunicado.
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Otro presunto hallazgo con incidencia disciplinaria es que “las acciones adelantadas por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; con el fin de estructurar e implementar un plan de acceso a agua potable para las comunidades wayúu asentadas en las zonas rurales de la alta y media Guajira, en cumplimiento de los fallos de tutela proferidos por la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no han solucionado de forma definitiva esta situación”.
Así, la auditoría señala una afectación a los derechos fundamentales de los niños y niñas de la comunidad wayúu, así como los “deberes en la adecuada prestación de los servicios públicos esenciales, por parte de los entes competentes”.
La CGR, además, hizo un llamado de atención a la Cancillería para que “efectúe un seguimiento a las medidas (cautelares) ordenadas, lo que debe implicar un esfuerzo por monitorear a las diferentes entidades estatales involucradas en esta materia, convocando y coordinando las reuniones que sean del caso”. Lo anterior hace referencia a las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para atender los problemas de desnutrición, mal estado de salud y falta de acceso al agua potable que afectan a los niños y niñas wayúu.