La CGT radicó demanda ante el Consejo Estado por el salario mínimo 2016

Casi una semana después de que se desatará la polémica en torno al salario mínimo 2016 debido a que la inflación de los bajos ingresos se sitúo en 7,26% y el incremento salarial fijado por el Gobierno fue de 7%, la Confederación General del Trabajo (CGT) radicó este miércoles una demanda ante el Consejo de Estado con el fin de declarar nulo el decreto que el Ministerio de Trabajo firmó el pasado 30 de diciembre argumentando la inconstitucionalidad de éste.

La CGT al igual que las demás centrales obreras denuncia que el incremento salarial de este año es inconstitucional. Señalan que si bien la inflación agregada cerró en 2015 en 6,77%, el criterio que debe tener en cuenta para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores que ganan el mínimo es la inflación de bajos ingresos. (Lea: Concejal de Bogotá demandó decreto del salario mínimo por ser “miserable y humillante”)

Lo sensible del tema es que por mandato constitucional, consagrado en la sentencia C-815 de 1999, el salario mínimo tiene que subir por encima de la inflación causada, pero “en ningún momento dice que el criterio sobre el cual tenga que basarse el Gobierno sea el IPC segmentado por bajos ingresos”, explicó Víctor Julio Díaz, gobernador del Colegio de Abogados Laborales de Colombia. Pese a esta ambigüedad, la frase con la que termina la sentencia, y que complica la discusión, establece que el decreto de incremento salarial debe “asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso a los bienes y servicios básicos”.

Uno de los puntos clave del documento indica: “establecer que la aplicación del IPC para ingresos bajos no se puede considerar aplicable como fundamento en el incremento del Salario Mínimo Legal, está fuera de todo contexto pues como lo dice la jurisprudencia, no solo aplica cuando existe conflicto entre dos normas de distinta fuente formal, o entre dos normas de idéntica fuente, sino también cuando existe una sola norma que admite varias interpretaciones, siendo en este caso la ley 278 de 1996, una sola norma que admite variación en la interpretación a favor de los trabajadores”, en este caso, de los menor favorecidos, representados con aquellos de ingresos bajos en la metodología de medición de este factor. Lo anterior implica una violación flagrante al artículo 53 de la Constitución.

Cuando la polémica en torno a la inconstitucionalidad del salario mínimo empezó, hace una semana, El Espectador habló con José Gregorio Hernández, quien fue el ponente de la sentencia C-815 de 1999. El exmagistrado de la Corte Constitucional explicó: “Si bien la inflación causada de 2015 fue de 6,77 %, la sentencia va dirigida a la población de bajos ingresos, pues se busca mantener el poder adquisitivo de este sector de la sociedad. Es por esto que, en mi opinión, el decreto del salario mínimo de 2016 sí es inconstitucional, por lo que el Gobierno debería revisarlo”.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) también han manifestado que radicarán más demandas ante el Consejo de Estado, con argumentos similares al de la CGT.

Sin embargo, Hernández también advirtió que estos recursos deben ser manejados con cuidado: “El peligro es que el Consejo de Estado declare la nulidad del decreto mientras sale la decisión, lo que provocaría que el salario mínimo legal vigente ya no sea $689.454, sino que vuelva a ser $644.350. De manera que para no producir un daño adicional, es necesario que la demanda se condicione a la vigencia del incremento salarial fijado el pasado 30 de diciembre. Por otro lado, hay que tener en cuenta que estos fallos toman tiempo, incluso años, por lo que tal vez lo mejor es negociar con el Gobierno para que actualice el decreto”, señaló.

Casi una semana después de que se desatará la polémica en torno al salario mínimo 2016 debido a que la inflación de los bajos ingresos se sitúo en 7,26% y el incremento salarial fijado por el Gobierno fue de 7%, la Confederación General del Trabajo (CGT) radicó este miércoles una demanda ante el Consejo de Estado con el fin de declarar nulo el decreto que el Ministerio de Trabajo firmó el pasado 30 de diciembre argumentando la inconstitucionalidad de éste.

La CGT al igual que las demás centrales obreras denuncia que el incremento salarial de este año es inconstitucional. Señalan que si bien la inflación agregada cerró en 2015 en 6,77%, el criterio que debe tener en cuenta para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores que ganan el mínimo es la inflación de bajos ingresos. (Lea: Concejal de Bogotá demandó decreto del salario mínimo por ser “miserable y humillante”)

Lo sensible del tema es que por mandato constitucional, consagrado en la sentencia C-815 de 1999, el salario mínimo tiene que subir por encima de la inflación causada, pero “en ningún momento dice que el criterio sobre el cual tenga que basarse el Gobierno sea el IPC segmentado por bajos ingresos”, explicó Víctor Julio Díaz, gobernador del Colegio de Abogados Laborales de Colombia. Pese a esta ambigüedad, la frase con la que termina la sentencia, y que complica la discusión, establece que el decreto de incremento salarial debe “asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso a los bienes y servicios básicos”.

Uno de los puntos clave del documento indica: “establecer que la aplicación del IPC para ingresos bajos no se puede considerar aplicable como fundamento en el incremento del Salario Mínimo Legal, está fuera de todo contexto pues como lo dice la jurisprudencia, no solo aplica cuando existe conflicto entre dos normas de distinta fuente formal, o entre dos normas de idéntica fuente, sino también cuando existe una sola norma que admite varias interpretaciones, siendo en este caso la ley 278 de 1996, una sola norma que admite variación en la interpretación a favor de los trabajadores”, en este caso, de los menor favorecidos, representados con aquellos de ingresos bajos en la metodología de medición de este factor. Lo anterior implica una violación flagrante al artículo 53 de la Constitución.

Cuando la polémica en torno a la inconstitucionalidad del salario mínimo empezó, hace una semana, El Espectador habló con José Gregorio Hernández, quien fue el ponente de la sentencia C-815 de 1999. El exmagistrado de la Corte Constitucional explicó: “Si bien la inflación causada de 2015 fue de 6,77 %, la sentencia va dirigida a la población de bajos ingresos, pues se busca mantener el poder adquisitivo de este sector de la sociedad. Es por esto que, en mi opinión, el decreto del salario mínimo de 2016 sí es inconstitucional, por lo que el Gobierno debería revisarlo”.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) también han manifestado que radicarán más demandas ante el Consejo de Estado, con argumentos similares al de la CGT.

Sin embargo, Hernández también advirtió que estos recursos deben ser manejados con cuidado: “El peligro es que el Consejo de Estado declare la nulidad del decreto mientras sale la decisión, lo que provocaría que el salario mínimo legal vigente ya no sea $689.454, sino que vuelva a ser $644.350. De manera que para no producir un daño adicional, es necesario que la demanda se condicione a la vigencia del incremento salarial fijado el pasado 30 de diciembre. Por otro lado, hay que tener en cuenta que estos fallos toman tiempo, incluso años, por lo que tal vez lo mejor es negociar con el Gobierno para que actualice el decreto”, señaló.