La ‘ferretería’ que vende pollo de $40.000 a niños de Cartagena

Aunque la Comercializadora La Nueva Esperanza aparece registrada como una ferretería, factura comida con precios elevados para la alimentación de niños cartageneros.

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Kilo de pechuga a $40.000, carne molida a $38.000, carne a $25.000 y bofe a $15.000, hacen parte de los precios registrados en la facturación con la que la Comercializadora La Nueva Esperanza buscó legalizar un acuerdo con el Distrito de Cartagena en el marco del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Pero esta no es la única irregularidad que detectó la Contraloría, la entidad además informó que dicha empresa aparece registrada en la Cámara de Comercio de Cartagena como una ferretería para desarrollar como actividad principal la venta al por menor de artículos de ferretería, pintura y productos de vidrio.

No obstante, existe un tercer factor que se suma a los dos anteriormente descritos. Mientras que la empresa no reportó declaraciones de IVA, en la auditoría que realizó el organismo de control se verificó que en las facturas que presentó la empresa contratista, Consorcio Proescolares, se deducía valor de este impuesto. Es decir que no lo declaraba, pero sí lo descontaba.

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La relación familiar de primer grado entre el representante legal de la comercializadora y el antiguo dueño de la contratista consorcionada genera interrogantes en la Contraloría. “En lo que es de competencia de la Contraloría General de la República, lo que no tiene duda es que se facturaron y pagaron alimentos con un exorbitante sobreprecio”, señaló la entidad.

Según lo comunicado por la Contraloría la irregularidad se evidenció cuando el contratista presentó ante la fiducia encargada unos precios, que corresponden al valor de los alimentos en el mercado, y luego otros elevados a la administración distrital de Cartagena.

La variación de precios se presentó de la siguiente manera: el kilo de pechuga pasó de $7.000 a $40.000, el de carne molida de $10.000 a $38.000, el de carne de $11.000 a $25.000 y el de bofe de $9.000 a $15.000

“Con las facturas presentadas al Distrito de Cartagena, el contratista indicó que invirtió entre otras, la suma de $2.539 millones en compra de alimentos para la elaboración de las raciones alimentarias. Situación que no fue debidamente verificada por el Distrito”, especificó la Contraloría.

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El organismo de control fue claro en decir que dentro de las obligaciones incumplidas por el Distrito de Cartagena está en no velar por el buen uso de los recursos públicos y el cumplimiento de los lineamientos que regulan el Programa de Alimentación Escolar (PAE). En otras palabras, no se verificó los gastos que realizó el contratista.

Otra de las observaciones tiene que ver con la omisión de las alertas generadas por las Veedurías Ciudadanas de la ciudad que anticiparon las irregularidades ocurridas con el Consorcio Proescolares durante el proceso licitatorio, no obstante, este resultó favorecido en la contratación.

“Otra de las observaciones y alertas reiteradas de las veedurías fue que los requisitos exigidos eran tan restrictivos que limitaban el número de proponentes interesados y que pudieran cumplirlos, por lo cual solicitaron ampliarlos para que hubiera transparencia y una selección objetiva del contratista”, concluyó la Contraloría.

 

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