La hora cero de las petroleras

Con el anuncio hecho por la Unión Sindical Obrera (USO), sobre un posible cese de actividades por parte de los trabajadores del sector, empezó la cuenta regresiva de una crisis anunciada.

Para calmar las aguas agitadas, hace más de seis meses cuando se desplomó el precio del petróleo, se reunió ayer el ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, con los representantes de este sindicato.

La organización de trabajadores manifestó temores ante una posible privatización de Ecopetrol, que estaría promovida desde el Plan Nacional de Desarrollo, en el que se aprobaría la creación del Fondo Nacional de Desarrollo e Infraestructura, que tendría facultades para escindir o vender activos del Estado, según dijo Edwin Castaño Monsalve, presidente de la USO.

Asimismo, existe preocupación por un masivo despido de trabajadores del sector, pues a más de 10 mil personas no les sería renovado su contrato con las empresas aliadas de la estatal petrolera.

El Gobierno Nacional, en cabeza del ministro Garzón, aseguró que “el Ministerio se ha negado a aceptar declaratorias de despidos. Estamos ante una situación que no podemos esconder. Hay empresas que se están yendo o porque no les pagan las grandes multinacionales, o porque tienen acreencias altas o porque ya no encuentran un escenario fértil para desarrollar sus actividades”. Sin embargo, el jefe de la cartera no descartó que ante “circunstancias inexorables” se estudiaría si se autoriza o no que las firmas prescindan de trabajadores.

Finalizado el encuentro, Garzón dijo que en los próximos días se acordará una reunión con el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda, en la que se les explique a los miembros de la USO el futuro de Ecopetrol, que reportó una caída en sus utilidades del 41% en 2014.

“Lo peor que puede pasar es que se lleve a cabo un paro, porque si se baja la producción se afectan los programas como Familias en Acción, Colombia Mayor y los de Víctimas”, concluyó Garzón. Según cifras del informe del PNUD, “Colombia ante una destorcida de los precios del petróleo”, si el precio del barril continúa por esta senda se perderían cerca de ocho años de lucha contra la pobreza.

Aunque desde el Ejecutivo y las organizaciones petroleras, como Campetrol, se hable de la crisis como una posibilidad para la creación de empleos en otros sectores productivos, como la agroindustria, Castaño Monsalve asegura que “es descabellado poner a un soldador o a una persona que cumple labores técnicas en la agroindustria. Llevar un trabajador del petróleo al campo no me parece coherente”.

Si bien no hay soluciones a la vista, desde la Unión de Trabajadores de la Industria Nacional Energética Nacional (Uten) se ha planteado una que no les disgusta ni a Garzón ni a las empresas, pero no le suena a la USO: la congelación de bonos extralegales (primas) de manera temporal fijando a partir de qué precio se reactivarían.

La crisis laboral sería el gran reto de la gestión del ministro de Trabajo, porque se trata de una situación que tiene sus orígenes en fenómenos económicos internacionales. No obstante, se debe buscar un acuerdo para que más de 30 mil personas no entren a paro.

Con el anuncio hecho por la Unión Sindical Obrera (USO), sobre un posible cese de actividades por parte de los trabajadores del sector, empezó la cuenta regresiva de una crisis anunciada.

Para calmar las aguas agitadas, hace más de seis meses cuando se desplomó el precio del petróleo, se reunió ayer el ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, con los representantes de este sindicato.

La organización de trabajadores manifestó temores ante una posible privatización de Ecopetrol, que estaría promovida desde el Plan Nacional de Desarrollo, en el que se aprobaría la creación del Fondo Nacional de Desarrollo e Infraestructura, que tendría facultades para escindir o vender activos del Estado, según dijo Edwin Castaño Monsalve, presidente de la USO.

Asimismo, existe preocupación por un masivo despido de trabajadores del sector, pues a más de 10 mil personas no les sería renovado su contrato con las empresas aliadas de la estatal petrolera.

El Gobierno Nacional, en cabeza del ministro Garzón, aseguró que “el Ministerio se ha negado a aceptar declaratorias de despidos. Estamos ante una situación que no podemos esconder. Hay empresas que se están yendo o porque no les pagan las grandes multinacionales, o porque tienen acreencias altas o porque ya no encuentran un escenario fértil para desarrollar sus actividades”. Sin embargo, el jefe de la cartera no descartó que ante “circunstancias inexorables” se estudiaría si se autoriza o no que las firmas prescindan de trabajadores.

Finalizado el encuentro, Garzón dijo que en los próximos días se acordará una reunión con el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda, en la que se les explique a los miembros de la USO el futuro de Ecopetrol, que reportó una caída en sus utilidades del 41% en 2014.

“Lo peor que puede pasar es que se lleve a cabo un paro, porque si se baja la producción se afectan los programas como Familias en Acción, Colombia Mayor y los de Víctimas”, concluyó Garzón. Según cifras del informe del PNUD, “Colombia ante una destorcida de los precios del petróleo”, si el precio del barril continúa por esta senda se perderían cerca de ocho años de lucha contra la pobreza.

Aunque desde el Ejecutivo y las organizaciones petroleras, como Campetrol, se hable de la crisis como una posibilidad para la creación de empleos en otros sectores productivos, como la agroindustria, Castaño Monsalve asegura que “es descabellado poner a un soldador o a una persona que cumple labores técnicas en la agroindustria. Llevar un trabajador del petróleo al campo no me parece coherente”.

Si bien no hay soluciones a la vista, desde la Unión de Trabajadores de la Industria Nacional Energética Nacional (Uten) se ha planteado una que no les disgusta ni a Garzón ni a las empresas, pero no le suena a la USO: la congelación de bonos extralegales (primas) de manera temporal fijando a partir de qué precio se reactivarían.

La crisis laboral sería el gran reto de la gestión del ministro de Trabajo, porque se trata de una situación que tiene sus orígenes en fenómenos económicos internacionales. No obstante, se debe buscar un acuerdo para que más de 30 mil personas no entren a paro.