La ineptitud de la BP

Desde que Barings financió la compra de Luisiana, a nombre de Thomas Jefferson en 1802, ninguna empresa británica ha invertido tanto dinero en este estado del golfo de México. Pero las cosas no están saliendo tan bien para BP como para el antiguo banco mercantil.

BP está demostrando que es tan inepta para ponerle un tapón a las compensaciones financieras como para ponérselo a sus pozos. Tres años después del derrame del pozo Macondo, y después de US$33.0000 millones, está derramando dinero hacia Luisiana y los estados aledaños de la costa. A las pequeñas empresas locales, desde las granjas de cocodrilos a los contratistas de la construcción, y de ahí hacia arriba hasta llegar a los fieros abogados, la compañía británica les ha ofrecido una bonanza.

Luego de actuar como un ciudadano responsable que tiene la buena intención de reparar el daño causado, BP se está enfureciendo por los costos que van en ascenso y por el fracaso de sus esfuerzos por aplacar a las autoridades de Estados Unidos. Murmura malhumorada que no firmará más acuerdos y que desde ahora actuará tan agresivamente como lo hizo ExxonMobil luego del derrame del barco petrolero Valdez en Alaska, en 1989.

Está bien y hay mucho por lo que BP puede considerarse preocupada, pero el riesgo legal es una de las apuestas de hacer negocios en lugares donde hay muchas reservas petroleras. Los abogados arteros son una característica tan típica del sur de los Estados Unidos como lo son los funcionarios corruptos en Nigeria o los oligarcas en Rusia.

En sus días de gloria, BP se enorgullecía de su capacidad tecnológica para cavar en hondos panoramas árticos y de su habilidad para fomentar relaciones estables con regímenes de dudosa reputación en territorios pantanosos, como Luisiana. El derrame del golfo ha sido una burla a ambas presunciones.

A partir de Macondo, el equilibrio del riesgo y la recompensa se ha desplazado de explorar en países exóticos a obtener más de aquello que reposa en el subsuelo estadounidense. La entrada en escena del petróleo de esquisto permitió que los pozos de Texas hicieran innecesario perforar parajes distantes.

A pesar de sus hondas aguas, el golfo de México ha sido uno de los lugares de alta mar más atractivos. Pero la región tiene sus inconvenientes, como lo evidenció el derrame en Macondo.

La pregunta es: ¿qué hizo que BP aceptara un acuerdo poco claro con los abogados demandantes, que parece estar excediendo los US$7.800 millones que pronosticó la compañía? El lunes apeló a un juzgado pidiendo que los jueces pusieran orden a las solicitudes del administrador, Patrick Juneau, un abogado de Luisiana que impulsó su carrera con el consejo: “Si tiene dudas, presente una solicitud de indemnización”.

Una de las debilidades del acuerdo es que no requiere que quienes siguieron esa recomendación demostraran que habían sido afectados por el derrame. Asumían ser víctimas si luego del derrame tenían pérdidas. BP se dejó tomar esta ventaja y se sorprendió cuando Juneau permitió que los solicitantes fueran quienes calcularan sus pérdidas.

En lugar de mantenerse en la distinción de contaduría entre ingresos y flujo de efectivo, las empresas que tenían que pagarle alguna cifra a un acreedor un mes antes del derrame, pero no en el mes en que ocurrió, están ahora recibiendo compensaciones. Ted Olson, el abogado de BP, se quejó.

Lo que generalmente se acepta como una práctica empresarial en Luisiana no siempre se acoge con lo que se consideran los principios de Washington. En una conciliación de 1.100 páginas, que tardó meses, BP pudo haber hallado el espacio para una cláusula que definiera qué se consideraban “ingresos”.

Su mejor excusa es que estaba bajo mucha presión. Quería llegar a un acuerdo para no llevar al Gobierno a proseguir con una sentencia criminal, que tendría consecuencias potencialmente desastrosas. En cambio logró conciliar las acusaciones criminales en noviembre, pagando una multa de US$4.500 millones.

Aún le falta lograr una enorme conciliación en Washington y en estados que incluyen a Luisiana, e invertirá el resto del año sacando adelante el juicio civil. Una razón más para que esté molesta con Luisiana es que el estado desea que le pague más de US$100.000 millones.

Si BP pudiera apelar a la justicia natural, en lugar de hacerlo al Circuito Quinto de Nueva Orleans, probablemente ganaría. Desde la conciliación tabacalera de 1998 se sabe que el difícil territorio estadounidense es peligroso para corporaciones con enormes presupuestos.

BP perforó en un lugar riesgoso y las cosas salieron mal. Trató de portarse bien y ahora decidió contratar abogados costosos. La compañía se ha dado cuenta de que ese es el estilo que se usa en los Estados Unidos.

Desde que Barings financió la compra de Luisiana, a nombre de Thomas Jefferson en 1802, ninguna empresa británica ha invertido tanto dinero en este estado del golfo de México. Pero las cosas no están saliendo tan bien para BP como para el antiguo banco mercantil.

BP está demostrando que es tan inepta para ponerle un tapón a las compensaciones financieras como para ponérselo a sus pozos. Tres años después del derrame del pozo Macondo, y después de US$33.0000 millones, está derramando dinero hacia Luisiana y los estados aledaños de la costa. A las pequeñas empresas locales, desde las granjas de cocodrilos a los contratistas de la construcción, y de ahí hacia arriba hasta llegar a los fieros abogados, la compañía británica les ha ofrecido una bonanza.

Luego de actuar como un ciudadano responsable que tiene la buena intención de reparar el daño causado, BP se está enfureciendo por los costos que van en ascenso y por el fracaso de sus esfuerzos por aplacar a las autoridades de Estados Unidos. Murmura malhumorada que no firmará más acuerdos y que desde ahora actuará tan agresivamente como lo hizo ExxonMobil luego del derrame del barco petrolero Valdez en Alaska, en 1989.

Está bien y hay mucho por lo que BP puede considerarse preocupada, pero el riesgo legal es una de las apuestas de hacer negocios en lugares donde hay muchas reservas petroleras. Los abogados arteros son una característica tan típica del sur de los Estados Unidos como lo son los funcionarios corruptos en Nigeria o los oligarcas en Rusia.

En sus días de gloria, BP se enorgullecía de su capacidad tecnológica para cavar en hondos panoramas árticos y de su habilidad para fomentar relaciones estables con regímenes de dudosa reputación en territorios pantanosos, como Luisiana. El derrame del golfo ha sido una burla a ambas presunciones.

A partir de Macondo, el equilibrio del riesgo y la recompensa se ha desplazado de explorar en países exóticos a obtener más de aquello que reposa en el subsuelo estadounidense. La entrada en escena del petróleo de esquisto permitió que los pozos de Texas hicieran innecesario perforar parajes distantes.

A pesar de sus hondas aguas, el golfo de México ha sido uno de los lugares de alta mar más atractivos. Pero la región tiene sus inconvenientes, como lo evidenció el derrame en Macondo.

La pregunta es: ¿qué hizo que BP aceptara un acuerdo poco claro con los abogados demandantes, que parece estar excediendo los US$7.800 millones que pronosticó la compañía? El lunes apeló a un juzgado pidiendo que los jueces pusieran orden a las solicitudes del administrador, Patrick Juneau, un abogado de Luisiana que impulsó su carrera con el consejo: “Si tiene dudas, presente una solicitud de indemnización”.

Una de las debilidades del acuerdo es que no requiere que quienes siguieron esa recomendación demostraran que habían sido afectados por el derrame. Asumían ser víctimas si luego del derrame tenían pérdidas. BP se dejó tomar esta ventaja y se sorprendió cuando Juneau permitió que los solicitantes fueran quienes calcularan sus pérdidas.

En lugar de mantenerse en la distinción de contaduría entre ingresos y flujo de efectivo, las empresas que tenían que pagarle alguna cifra a un acreedor un mes antes del derrame, pero no en el mes en que ocurrió, están ahora recibiendo compensaciones. Ted Olson, el abogado de BP, se quejó.

Lo que generalmente se acepta como una práctica empresarial en Luisiana no siempre se acoge con lo que se consideran los principios de Washington. En una conciliación de 1.100 páginas, que tardó meses, BP pudo haber hallado el espacio para una cláusula que definiera qué se consideraban “ingresos”.

Su mejor excusa es que estaba bajo mucha presión. Quería llegar a un acuerdo para no llevar al Gobierno a proseguir con una sentencia criminal, que tendría consecuencias potencialmente desastrosas. En cambio logró conciliar las acusaciones criminales en noviembre, pagando una multa de US$4.500 millones.

Aún le falta lograr una enorme conciliación en Washington y en estados que incluyen a Luisiana, e invertirá el resto del año sacando adelante el juicio civil. Una razón más para que esté molesta con Luisiana es que el estado desea que le pague más de US$100.000 millones.

Si BP pudiera apelar a la justicia natural, en lugar de hacerlo al Circuito Quinto de Nueva Orleans, probablemente ganaría. Desde la conciliación tabacalera de 1998 se sabe que el difícil territorio estadounidense es peligroso para corporaciones con enormes presupuestos.

BP perforó en un lugar riesgoso y las cosas salieron mal. Trató de portarse bien y ahora decidió contratar abogados costosos. La compañía se ha dado cuenta de que ese es el estilo que se usa en los Estados Unidos.