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Han pasado más de cuatro meses desde que en Hidroituango ocurrieron los derrumbes que pusieron en emergencia no solo a la presa, sino a miles de ciudadanos de casi diez municipios río abajo. La contingencia obligó a evacuar a más de 22.000 personas en el momento más crítico. Aunque las obras avanzan y los temores de un desastre son cada vez menores, la tensión permanece en Empresas Públicas de Medellín (EPM). El problema ahora es el de los recursos para atender la contingencia y, eventualmente, continuar con la construcción. (Lea EPM quiere vender acciones de ISA por retraso de Hidroituango)
EPM busca la aprobación de la venta de cerca de $4 billones en activos con el fin de asegurar el capital necesario para realizar las reparaciones en Hidroituango, que podrían tardar alrededor de tres años. Este miércoles el debate estuvo en el Concejo de Medellín, pues se necesita la aprobación de esta corporación.
Los activos para vender incluyen el 10 % de participación que tiene en Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), los $30.000 millones en acciones de Davivienda y participaciones indirectas en las sociedades chilenas Aguas Antofagasta (ADASA) y el Parque Eólico Los Cururos, que posee la empresa mediante sus filiales EPM Chile S.A. y EPM Inversiones S.A.
Las discusiones en el Concejo estuvieron en gran parte centradas en los activos en Chile, sobre los cuales se hizo una inversión de US$1.200 millones en su momento. Aunque EPM difundió un concepto jurídico que indicaba que no se requería permiso (del Concejo) para venderlos, los concejales no estuvieron de acuerdo y dijeron que se requiere autorización igual que con el resto de los activos.
El proyecto de acuerdo todavía se encuentra en los debates de comisión y luego le falta pasar la instancia de la plenaria. Aunque las sesiones se retoman este viernes, no es claro cuánto más puede tardar EPM en lograr esta autorización para financiar las reparaciones de Hidroituango. El problema es que podría tener menos tiempo de lo que esperaba.
El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, explicó algunos factores que la junta de Hidroituango ha considerado sobre el origen de la emergencia, tomando como referencia el informe que emitió la Contraloría General.
“La emergencia obedeció a unos problemas de construcción y no geológicos. Si los problemas son de construcción, quien tiene que responder es el contratista (CCC). Y por eso la carta que se le mandó a EPM diciendo que la junta de Hidroituango no autorizaría ni un solo peso más en la construcción de la obra”, explicó Pérez.
Tras las palabras del gobernador, EPM emitió un comunicado: “No tenemos conocimiento de estudios en este sentido y reiteramos a la opinión pública que la empresa contrató a la compañía chilena Skava Consulting para que realice un análisis causa-raíz de lo que originó esta contingencia”. Empresas Públicas agregó que el peritaje se realiza por medio de un equipo de trabajo de especialistas internacionales de experiencia en construcción e ingeniería en obras subterráneas. También, que cuando esté listo, Skava informará el resultado de la investigación.
La lucha por recursos se está dando tanto en el Concejo de Medellín como en la junta de la hidroeléctrica. Las cuentas ya son del orden de $2 billones para financiar las reparaciones de la presa para los próximos tres años, $3,5 billones de lo que se dejaría de recibir por la generación de energía entre el 2019 y el 2021, más de $500.000 millones para los damnificados y los daños ambientales. A EPM le habría costado más de $6 billones la emergencia en Hidroituango.