Se dificulta la financiación del Gobierno

La tributaria se coló en las elecciones

La rebaja de calificación crediticia colombiana será uno de los temas por tratar durante las presidenciales de 2018. La advertencia es clara: hay que bajar gastos, subir ingresos o ambas.

Los candidatos coinciden en que deben reducir la evasión fiscal para mejorar los ingresos del Gobierno. / Istock.

Colombia comenzará el 2018, año de elecciones presidenciales, con una rebaja en la calificación crediticia por parte de Standard & Poors (S&P), que bajó la nota del país de BBB a BBB-. Si bien esto no implica por el momento la pérdida del luchado grado de inversión, que se obtuvo en 2012, sí implica un peor perfil y posición para atraer inversión y para buscar financiamiento externo. (Lea ‘Revisión a la baja de calificación crediticita es alerta para la futura política fiscal’: Gobierno)

“La combinación de un crecimiento más débil de lo esperado en 2017 y la dependencia parcial de ingresos extraordinarios para compensar el bajo desempeño de la reforma impositiva de 2016 demuestra la dificultad de reducir gradualmente los déficits generales del Gobierno para cumplir con la regla fiscal de Colombia”, fue la forma como justificó la rebaja Standard & Poors. (Lea A Ecopetrol y otras cuatro empresas también les bajó la calificación crediticia)

De hecho, desde en enero de 2017 Standard & Poor’s había mostrado sus reparos sobre la efectividad de la reforma tributaria, cuando mantuvo la perspectiva negativa sobre la calificación de Colombia. En ese momento la firma justificó la medida en que “la debilidad de los precios mundiales de las materias primas ha pesado sobre las perspectivas de exportación, inversión y crecimiento de Colombia, y al mismo tiempo la deuda externa ha seguido aumentando fuertemente como porcentaje del PIB”.

Y si bien el Gobierno ha mantenido la regla fiscal, la presión sobre este límite ha venido aumentando. De hecho, según el Banco de la República, en agosto el país alcanzó la mayor deuda externa en dólares de su historia: 40,1 % del Producto Interno Bruto, el equivalente al US$124.770 millones.

De esta manera la advertencia es clara para Colombia: hay que bajar los gastos, subir los ingresos, o ambas. Lo que implicaría una nueva reforma tributaria, posiblemente en 2019 (la tercera en seis años). Una tarea que deberá enfrentar el nuevo gobierno, por lo que está cantado que el tema fiscal será uno de los pilares de las elecciones presidenciales de 2018.

Incluso el mismo ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, reconoce la penetración del tema fiscal en la política. Según el funcionario, S&P argumentó su decisión, entre otras, en “la incertidumbre que generan las elecciones del próximo año” y en las dudas sobre la capacidad del próximo gobierno de cumplir con la regla fiscal a partir de 2019. “Esto nos invita a pensar con mucha responsabilidad en el debate político que se avecina, en cuáles deben ser las fórmulas de política fiscal durante los próximos años”, manifestó Cárdenas.

Sobre la tributaria en el debate presidencial, el profesor de economía de la Universidad de los Andes Marc Hofstetter indicó que “las cifras fiscales son las que son desde antes de lo que dijo S&P. La propuesta de Vargas, Fajardo o De la Calle no debería ser muy distinta a la luz de los datos fiscales, que muestran una situación compleja a partir de 2019. Para unos eso puede querer decir una reforma tributaria para aumentar el recaudo o, por otro lado, que la DIAN, con la estructura que tenemos, recaude más, combatiendo la evasión. Al margen de eso, el hecho es que hacia 2019 necesitamos algo que nos permita recaudar más para cerrar las brechas en lo fiscal”.

Por el momento, el punto común de los candidatos sobre el panorama fiscal es fortalecer la lucha contra la evasión fiscal. Sin embargo, todavía es ambigua la hoja de ruta detallada que se utilizará para lograr esta meta, sobre todo porque esta es una de las principales tareas en las que lleva trabajando el gobierno actual.

Hernando José Gómez, exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP), explicó que “esto es un mensaje para el nuevo gobierno. Antes de un año, S&P no adoptaría una nueva decisión (sobre la calificación colombiana), por lo que un nuevo gobierno tendrá que implementar urgentemente de manera plena la factura electrónica para evitar evasión de IVA y del impuesto de renta. En Argentina esto les permitió recaudar 3 puntos más del PIB y también poner en cintura a muchas organizaciones sin ánimo de lucro. De lo contrario tendrán que presentar una nueva tributaria si no quieren perder el grado de inversión en el 2019”.

Frente a la reducción de gastos hay aún menos certeza, pues ya se han recortado $15 billones desde que comenzó la crisis del precio del petróleo. Una situación que debería frenar las propuestas de los candidatos, ya que aumentar el tamaño del Estado y su presencia podría no ser una opción, sobre todo por la mirada atenta de Standard & Poor’s, que en un año debería decidir si mantiene o pone en perspectiva negativa la calificación actual (un paso previo a la reducción).

“Los efectos negativos de tener un Estado más pequeño serían, por un lado, atravesar un proceso de ajuste a la reducción del gasto, que tiene implicaciones que reducen la demanda en la economía mientras se hace el ajuste, lo cual es negativo para la actividad económica y el empleo. Y a largo plazo tiene que ver con el rol del Estado. Pasado cierto umbral, el Estado pequeño puede no cumplir con lo que los ciudadanos esperan de él (provisión de bienes y servicios, etc.)”, señaló Hofstetter.

Mientras se esclarece la tributaria, habrá que soportar los efectos inmediatos de la reducción. Por ejemplo, “es probable que las demás calificadoras se unan a la decisión de S&P y también rebajen la calificación, pues estas entidades suelen seguir los pasos de las otras. Asimismo, hay que vigilar las empresas que recibieron el coletazo de la rebaja, pues a varias empresas locales también les bajaron la nota (Ecopetrol, Isagén, Suramericana , entre otras). De hecho, uno de los sectores más afectados es el bancario: entidades como Bancolombia y el Banco de Bogotá tenía una calificación un grado por debajo de la del país, por lo que tras la rebaja quedaron por debajo del grado de inversión (en el grado especulativo). Lo que implica que les costará más pedir financiamiento y emitir bonos”, explicó Camilo Silva, director de la firma Valora Inversiones.

Asimismo, todos los analistas consultados por este diario descartan que Colombia pierda el grado de inversión en menos de un año, pues S&P debe hacer dos revisiones más que podrían tardar más de 18 meses.

De esta manera, parece que el 2019 será un año clave para la economía colombiana, pues se decidirá el futuro del grado de inversión y se conocerá la reforma tributaria que implementará el gobierno por el que votaron los colombianos en 2018.