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Mucho se ha especulado sobre la propuesta del Gobierno de transformar el sistema pensional mediante, entre otras cosas, flexibilizar la contratación para generar más empleo. Si bien la ministra de Trabajo, Alicia Arango, ha defendido esta idea desde el año pasado, el debate se reabrió esta semana a raíz de unas declaraciones en las que detalló cuáles serían las bases del llamado Sistema de protección a la vejez.
La reforma busca que los empleadores asuman un compromiso con la pensión de sus trabajadores con base en las horas laboradas. El flexibilizar la contratación contribuiría no solo a beneficiar a estas personas, sino también a emplear y formalizar a muchas más, detalle clave si se tiene en cuenta que el desempleo es una de las principales preocupaciones del país en materia económica. Según el DANE, la tasa se situó en 10,5 % en 2019.
La propuesta también beneficiaría a los empleadores que solo necesitan a determinados trabajadores por horas y no pueden hacer grandes contribuciones a su seguridad social. Pagarían de manera proporcional al tiempo que se trabaje.
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Algunos gremios como la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) apoyan esta propuesta, pues aseguran que es una forma de estar a la vanguardia en un mundo en que abundan los proyectos colaborativos y trabajos descentralizados. Esto se hace particularmente evidente en plataformas tecnológicas como Rappi, Uber, Didi y similares.
“El mundo de los negocios se volvió digital y las instituciones y la legislación son analógicas. Hay una brecha grande entre la realidad de los negocios modernos y la legislación, que se quedó obsoleta” asegura Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.
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Otra ventaja que podría traer esta flexibilización tiene que ver con la reducción de la informalidad a nivel estadístico para el país, pues habría más gente cotizando. Sin embargo, algunos analistas opinan que las estadísticas no marerializan mejores condiciones para la gente y dicen que la propuesta es un arma de doble filo.
“Al contribuir a punta de horas va a ser muy difícil que una persona se pensione, pues aunque cotice pensión, nunca va a alcanzar las semanas y, tal vez, sus contribuciones a la salud serán medianas”, asegura Diego Guevara, profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional y columnista de este diario.
Para Guevara, los trabajadores no necesariamente van a verse beneficiados al estar parcialmente contratados, pues, por un lado, ya tienen acceso a la salud, bien sea a través del régimen subsidiado o del contributivo, y, por el otro, nada garantiza que conseguirán ahorrar lo suficiente para una vejez digna.
“Mucha gente que tiene que pagar la planilla por un proyecto freelance sobre el salario mínimo por un día de trabajo seguramente podrá pagar menos y pensará que es conveniente, pero para un sistema de protección social es completamente inconveniente”, añade.
Por su parte, Mario Valencia, director ejecutivo del Centro de Estudios del Trabajo (Cedetrabajo), opina que la preocupación real del Gobierno no es reducir la informalidad sino obligar a los trabajadores a cotizar a los fondos privados de pensiones.
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“La preocupación no es la formalización laboral porque esta depende exclusivamente de la salud del aparato productivo. La única deducción lógica es que esta sea buscar la forma en que quienes trabajan por horas coticen obligatoriamente a los fondos privados de pensiones, aun cuando saben que es imposible que cotizando por horas se logre el ahorro suficiente para obtener una pensión”.
La otra parte de la reforma, afirma, consistirá en convertir el asistencialismo de los Beps y Colombia Mayor en una pensión, “que no lo es en sentido estricto porque constitucionalmente una pensión no puede estar por debajo de salario mínimo”.
Sobre el tema de innovación, Valencia asegura que los Estados son responsables de coordinar la economía y no permitir que, con el discurso de la innovación, se violen leyes o derechos, en este caso los laborales.
“En el mundo del capitalismo es un absurdo crear riqueza sobre la base de la precarización de quienes participan en la creación de esa riqueza, porque ellos también son los consumidores”, indica.
De acuerdo con la ministra Arango, el Sistema de protección a la vejez buscará combinar el régimen de ahorro individual con el de prima media (Colpensiones) y priorizar a los adultos mayores.
El Gobierno insiste en que no se trata de una reforma pensional sino un cambio estructural al sistema que no afectará la edad de pensión, los subsidios, derechos adquiridos y pensión de supervivencia, como tampoco las pensiones de las fuerzas militares o de los maestros. Espera presentar el proyecto en la legislatura de marzo.