Ley de emprendimiento fue aprobada en la Cámara de Representantes
El proyecto busca beneficiar a los pequeños negocios del país con un marco regulatorio que facilite la innovación. La iniciativa pasa ahora al Senado de la República.
Luego de una discusión que se prolongó por más de diez horas, el proyecto de ley de emprendimiento fue aprobado en plenaria de la Cámara de Representantes en la noche del jueves. La iniciativa tiene como objetivo establecer un marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, particularmente de las micro, pequeñas y medianas (mipymes).
El proyecto tiene cinco ejes principales, que incluyen medidas para la racionalización y simplificación de procesos, trámites y tarifas; acceso a compras públicas; acceso a financiamiento; actualización del marco institucional, y educación para el emprendimiento.
El primer título se centra en medidas de apoyo para las mipymes. Busca implementar iniciativas que faciliten la creación y funcionamiento de las empresas a través de la exención del pago del registro Invima para microempresas y tarifas diferenciadas para las pequeñas empresas.
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Así mismo, propone la creación de un mecanismo exploratorio de regulación de modelos de negocios innovadores (‘sandbox’ o arenero) para fomentar los emprendimientos de base tecnológica.
Sobre este particular, el documento indica en su artículo 5 que el Gobierno deberá establecer una regulación complementaria que permita “crear un ambiente especial de vigilancia y control que facilite el desarrollo modelos de negocio que apalanquen e impulsen la economía de alto valor agregado y sostenible”.
Se conformará un comité intersectorial que definirá y evaluará los requisitos mínimos necesarios que deberán contener las propuestas de proyectos novedosos y, así poderlas clasificar y trasladar a las entidades responsables de la supervisión. Además se incluirán al sector financiero y asegurador en dichos ‘sandbox’.
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El proyecto también contempla la creación del “Sistema de Información de Actividades Económicas Informales (SIECI)” –que será diseñado y administrado por el DANE–, y un sistema de contabilidad simplificada para las microempresas.
A su vez, incluye la posibilidad de introducir emprendimientos y mipymes en el sistema de compras públicas. Se pretende vincularlas en los procesos de mínima cuantía, establecer unos criterios diferenciales y diseñar factores de desempate a su favor para facilitarles el acceso a dicho mercado.
Al respecto, el documento establece que el Gobierno debe definir dichos criterios sobre reglas objetivas que puedan implementar las entidades estatales y dice que estas últimas deberán darle prioridad a los negocios nacionales y liderados por mujeres.
El título sobre acceso al financiamiento contempla medidas para garantizar el acceso al recurso a través de la modificación del objeto social del Fondo Nacional de Garantías y la inclusión de nuevas funciones y portafolio de servicios. El proyecto indica que esto lograría que las garantías que ofrece el Fondo “se puedan destinar a otros mecanismos de financiación diferentes al crédito tradicional”.
Se destaca el artículo 8, que indica que el Gobierno debe autorizar que ciertos obligados lleven contabilidad simplificada, emitan estados financieros y revelaciones abreviados o que estos sean objeto de aseguramiento de información de nivel moderado. “El Gobierno podrá autorizar que las microempresas lleven contabilidad de acumulación, o de caja, o métodos mixtos según la realidad de sus operaciones”, dice el proyecto.
El artículo 15, por su parte, propone que las mipymes del sector agropecuario cuyas iniciativas se enfoquen en seguridad alimentaria, sostenibilidad productiva, cuidado del agua o que tengan efectos positivos con el medio ambiente, tengan acceso a programas de capacitación y aceleración en condiciones especiales, como también a un sello de reconocimiento que acompañe la marca de sus productos.
Uno de los artículos que generó debate fue el número 35, que dice que el Gobierno debe destinar al “Fondo Mujer Emprende”, de manera anual y con cargo al presupuesto general de la nación, los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades de emprendimiento, la formalización, fortalecimiento y financiamiento empresarial de las mujeres.
La Cámara definió que será Innpulsa Colombia la entidad que administre el Fondo Mujer Emprende, pues ya tiene experiencia en el sector. Esta figura diseñará y ejecutará los programas para promover las empresas de las mujeres en Colombia.
En cuanto al marco institucional, la iniciativa propone optimizar la gestión de recursos y articular todas las políticas y programas de emprendimiento en el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación.
También incluye la posibilidad de crear de un programa de doble titulación técnico-bachiller enfocado en empresarismo y emprendimiento, esto con el fin de ayudar a los estudiantes en la inserción laboral a través del SENA. En esa línea, propone crear una nueva opción para que los jóvenes puedan optar al título de grado de educación superior a través del desarrollo o implementación de un emprendimiento.
Según el representante Christian José Moreno, autor y ponente del proyecto, esta iniciativa será “fundamental” para la reactivación económica y el desarrollo empresarial en el país.
El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, celebró la aprobación del proyecto. “Avanza en el Congreso este instrumento clave para el crecimiento económico y la generación de empleo”, dijo en su cuenta de Twitter.
Algunos representantes, como Gabriel Vallejo, del Centro Democrático, también aplaudieron la decisión. “La ley de emprendimiento que acaba de aprobar la Cámara es un gran avance, quizás el más importante que ha tenido el país en materia de emprendimiento”, dijo el representante.
Para otros, la propuesta se queda corta a la hora de apoyar ciertos emprendimientos. “Desde las 11 am estamos en discusión y lo que queda en evidencia es un salpicón, más cercano a una ley de contratación que a una de emprendimiento. Brilla por su ausencia enfoque al emprendimiento de alto impacto”, aseguró Catalina Ortiz, del Partido Alianza Verde, en su cuenta de Twitter.
La iniciativa debe ser aprobada en plenaria del Senado de la República para ver la luz.
Luego de una discusión que se prolongó por más de diez horas, el proyecto de ley de emprendimiento fue aprobado en plenaria de la Cámara de Representantes en la noche del jueves. La iniciativa tiene como objetivo establecer un marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, particularmente de las micro, pequeñas y medianas (mipymes).
El proyecto tiene cinco ejes principales, que incluyen medidas para la racionalización y simplificación de procesos, trámites y tarifas; acceso a compras públicas; acceso a financiamiento; actualización del marco institucional, y educación para el emprendimiento.
El primer título se centra en medidas de apoyo para las mipymes. Busca implementar iniciativas que faciliten la creación y funcionamiento de las empresas a través de la exención del pago del registro Invima para microempresas y tarifas diferenciadas para las pequeñas empresas.
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Así mismo, propone la creación de un mecanismo exploratorio de regulación de modelos de negocios innovadores (‘sandbox’ o arenero) para fomentar los emprendimientos de base tecnológica.
Sobre este particular, el documento indica en su artículo 5 que el Gobierno deberá establecer una regulación complementaria que permita “crear un ambiente especial de vigilancia y control que facilite el desarrollo modelos de negocio que apalanquen e impulsen la economía de alto valor agregado y sostenible”.
Se conformará un comité intersectorial que definirá y evaluará los requisitos mínimos necesarios que deberán contener las propuestas de proyectos novedosos y, así poderlas clasificar y trasladar a las entidades responsables de la supervisión. Además se incluirán al sector financiero y asegurador en dichos ‘sandbox’.
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El proyecto también contempla la creación del “Sistema de Información de Actividades Económicas Informales (SIECI)” –que será diseñado y administrado por el DANE–, y un sistema de contabilidad simplificada para las microempresas.
A su vez, incluye la posibilidad de introducir emprendimientos y mipymes en el sistema de compras públicas. Se pretende vincularlas en los procesos de mínima cuantía, establecer unos criterios diferenciales y diseñar factores de desempate a su favor para facilitarles el acceso a dicho mercado.
Al respecto, el documento establece que el Gobierno debe definir dichos criterios sobre reglas objetivas que puedan implementar las entidades estatales y dice que estas últimas deberán darle prioridad a los negocios nacionales y liderados por mujeres.
El título sobre acceso al financiamiento contempla medidas para garantizar el acceso al recurso a través de la modificación del objeto social del Fondo Nacional de Garantías y la inclusión de nuevas funciones y portafolio de servicios. El proyecto indica que esto lograría que las garantías que ofrece el Fondo “se puedan destinar a otros mecanismos de financiación diferentes al crédito tradicional”.
Se destaca el artículo 8, que indica que el Gobierno debe autorizar que ciertos obligados lleven contabilidad simplificada, emitan estados financieros y revelaciones abreviados o que estos sean objeto de aseguramiento de información de nivel moderado. “El Gobierno podrá autorizar que las microempresas lleven contabilidad de acumulación, o de caja, o métodos mixtos según la realidad de sus operaciones”, dice el proyecto.
El artículo 15, por su parte, propone que las mipymes del sector agropecuario cuyas iniciativas se enfoquen en seguridad alimentaria, sostenibilidad productiva, cuidado del agua o que tengan efectos positivos con el medio ambiente, tengan acceso a programas de capacitación y aceleración en condiciones especiales, como también a un sello de reconocimiento que acompañe la marca de sus productos.
Uno de los artículos que generó debate fue el número 35, que dice que el Gobierno debe destinar al “Fondo Mujer Emprende”, de manera anual y con cargo al presupuesto general de la nación, los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades de emprendimiento, la formalización, fortalecimiento y financiamiento empresarial de las mujeres.
La Cámara definió que será Innpulsa Colombia la entidad que administre el Fondo Mujer Emprende, pues ya tiene experiencia en el sector. Esta figura diseñará y ejecutará los programas para promover las empresas de las mujeres en Colombia.
En cuanto al marco institucional, la iniciativa propone optimizar la gestión de recursos y articular todas las políticas y programas de emprendimiento en el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación.
También incluye la posibilidad de crear de un programa de doble titulación técnico-bachiller enfocado en empresarismo y emprendimiento, esto con el fin de ayudar a los estudiantes en la inserción laboral a través del SENA. En esa línea, propone crear una nueva opción para que los jóvenes puedan optar al título de grado de educación superior a través del desarrollo o implementación de un emprendimiento.
Según el representante Christian José Moreno, autor y ponente del proyecto, esta iniciativa será “fundamental” para la reactivación económica y el desarrollo empresarial en el país.
El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, celebró la aprobación del proyecto. “Avanza en el Congreso este instrumento clave para el crecimiento económico y la generación de empleo”, dijo en su cuenta de Twitter.
Algunos representantes, como Gabriel Vallejo, del Centro Democrático, también aplaudieron la decisión. “La ley de emprendimiento que acaba de aprobar la Cámara es un gran avance, quizás el más importante que ha tenido el país en materia de emprendimiento”, dijo el representante.
Para otros, la propuesta se queda corta a la hora de apoyar ciertos emprendimientos. “Desde las 11 am estamos en discusión y lo que queda en evidencia es un salpicón, más cercano a una ley de contratación que a una de emprendimiento. Brilla por su ausencia enfoque al emprendimiento de alto impacto”, aseguró Catalina Ortiz, del Partido Alianza Verde, en su cuenta de Twitter.
La iniciativa debe ser aprobada en plenaria del Senado de la República para ver la luz.