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El funcionamiento del Congreso no es lo único oneroso para los colombianos. El bolsillo de los contribuyentes también se afecta cuando se aprueban muchas de las leyes. Unas disposiciones tienen costos permanentes, y otras temporales.
Un informe del Gobierno muestra que cálculos efectuados por la Dirección General de Presupuesto Público, del Ministerio de Hacienda, indican que el costo fiscal total estimado de las leyes aprobadas en la vigencia fiscal 2015 alcanzó un monto de $522.000 millones.
El 96 % de las normas aprobadas tienen un costo de $501.000 millones, que corresponde a gasto transitorio, y el 4 % restante tiene un costo permanente de $21.000 millones. La ley que reestructura la justicia penal militar y policial, donde se definen los requisitos para el desempeño de sus cargos, les cuesta a los colombianos cerca de $18.000 millones, precisa el informe del Gobierno.
“Durante el trámite de los proyectos de ley se debe consultar la sostenibilidad de las finanzas públicas, teniendo como referencia las metas fiscales”, dice el Ministerio de Hacienda.
El informe explica que, para estimar el costo de las leyes sancionadas, “se considera de manera general que una ley tiene impacto fiscal si ordena un nuevo gasto o un monto mayor al de un gasto ya existente”. También se valora si el impacto fiscal será transitorio o permanente. “Es transitorio si el gasto se va a realizar en un período de tiempo específico y es permanente si el gasto se va a ejecutar de manera indefinida en el tiempo o al menos hasta que una futura norma legal lo dé por concluido”, precisa el estudio.
En la vigencia fiscal de 2015 fueron sancionadas por el Ejecutivo 23 leyes aprobadas por el Congreso de la República. De las normas aprobadas, al menos tres, que corresponden al 13,0 %, no tienen impacto fiscal sobre las finanzas públicas; seis, cerca del 26 %, representan un costo fiscal cuantificable; sobre siete, aunque tienen costo fiscal, no se cuenta actualmente con información precisa para su estimación, y otras siete no tienen incidencia fiscal.
El presidente de la Comisión Sexta del Senado, Ángel Custodio Cabrera, del Partido de la U, explicó que, por la Ley 617, los proyectos que no tengan el aval del Gobierno no van, “pero a veces al Gobierno le da por avalarlos. Al Ministerio de Hacienda corresponde hacer los cálculos y reportar las cifras que son contenidas en la exposición de motivos”. Otros congresistas señalaron que, por ley, todo proyecto tiene que considerar el impacto fiscal.
Los congresistas estudiosos piden al Ministerio de Hacienda el concepto sobre el impacto fiscal del proyecto que preparan para presentar al Legislativo. Cuando las cifras son altas, de mucho impacto, siempre se trata de archivar esos proyectos, indicó Cabrera.
Leyes con impacto fiscal
De las leyes sancionadas en 2015 con costo fiscal cuantificable, se destaca la 1771 del 30 de diciembre, que amplía las autorizaciones conferidas al Gobierno Nacional para celebrar operaciones de crédito público. El costo transitorio es de $500.000 millones, destinados a la liquidación de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom).
La que reestructura la justicia penal militar y policial tiene un costo permanente estimado de $18.000 millones. El Ministerio de Hacienda dice que la ley que crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo representa un costo permanente estimado $3.000 millones.