Licencias ambientales solo podrán ser expedidas por corporaciones regionales

Las controversiales diferencias que sostenían la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), inversionistas y las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) fueron resueltas por la Corte Constitucional. El alto tribunal, básicamente, decidió que el Gobierno no podrá seguir licenciando los proyectos estratégicos conocidos como PINE, porque la competencia en este asunto es estrictamente de los entes regionales.

Utilizando la ANLA, el Ejecutivo había logrado priorizar el avance de los permisos ambientales para proyectos tan importantes como la hidroeléctrica de El Quimbo, uno de los avances eléctricos más importantes de los últimos diez años; el de la mina de Gramalote, que promete ser una de las actividades de explotación de oro a gran escala más significativas en los próximos seis años; la Ruta del Sol, y la entrada del único cable de fibra óptica por el Pacífico (ver columna).

Entre las dificultades que encontraban las empresas encargadas de ejecutar estos planes estaba la tardanza de las consultas previas, la negociación de beneficios con las comunidades, entre otras. Con este argumento fueron diseñados los PINE, que quedaban cobijados por la ANLA. Sin embargo, la estrategia del Gobierno generó choques entre los conceptos técnicos de las CAR y la agencia, que, era la sensación en los departamentos, omitía o restaba importancia a las advertencias de los entes regionales.

“Con la decisión de la Corte se retoman las competencias de las corporaciones regionales. Acá se está reconociendo la importancia de la experiencia y el conocimiento que tienen estas entidades del territorio”, señaló el director ejecutivo de Asocar, Ramón Leal. Estas cualidades, de alguna manera, habían sido desconocidas por el Gobierno y las dudas sobre las capacidades de estas organizaciones se mantuvieron.

En su momento, el presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Santiago Ángel, advirtió que “vemos que jóvenes que acaban de salir de la universidad terminan encargados del licenciamiento minero. No existe el conocimiento y piden información que es imposible conocer sin perforar el área. Estamos llegando como “el perro que se persigue la cola”, a buscar datos que son difíciles de obtener”.

Pero para las corporaciones las limitaciones de presupuesto asignado impidieron su fortalecimiento institucional en los últimos años. “Necesitamos gente preparada, pero las corporaciones no pueden aumentar su planta, y el personal capacitado que tenemos se lo lleva el sector privado”, explicó Leal. Aunque no se habla abiertamente, en el interior de algunos ministerios siempre ha existido la sensación de que las corporaciones están politizadas y por eso siempre se vio con buenos ojos la descentralización del licenciamiento ambiental, que el alto tribunal acaba de restringir.

Si bien la medida no es retroactiva, es decir, no afectará los 68 proyectos relacionados con su derecha, crea incertidumbre en el papel que cumplirá la ANLA en los nuevos proyectos, que se ha podido establecer, haría acompañamiento a las corporaciones, pero el licenciamiento estará en mano de éstas.

Aunque gracias a los PINE se concretaron proyectos necesarios para el desarrollo del país, también alrededor de ellos se creó una dinámica perversa, que justificó la exclusión de los entes territoriales.

El despliegue del cable submarino de fibra óptica en el Pacífico es un ejemplo de ello. Según Alejandro Arroyave, gerente de proyecto de Level 3, fue incluido en los PINE en noviembre de 2015, en su etapa final. ¿Por qué? “Porque el proyecto debe culminarse como está diseñado”, explicó. A la pregunta de si el fin de incluir el cable en los PINE fue resolver los conflictos con las comunidades, el vocero respondió que sí.

Las controversiales diferencias que sostenían la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), inversionistas y las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) fueron resueltas por la Corte Constitucional. El alto tribunal, básicamente, decidió que el Gobierno no podrá seguir licenciando los proyectos estratégicos conocidos como PINE, porque la competencia en este asunto es estrictamente de los entes regionales.

Utilizando la ANLA, el Ejecutivo había logrado priorizar el avance de los permisos ambientales para proyectos tan importantes como la hidroeléctrica de El Quimbo, uno de los avances eléctricos más importantes de los últimos diez años; el de la mina de Gramalote, que promete ser una de las actividades de explotación de oro a gran escala más significativas en los próximos seis años; la Ruta del Sol, y la entrada del único cable de fibra óptica por el Pacífico (ver columna).

Entre las dificultades que encontraban las empresas encargadas de ejecutar estos planes estaba la tardanza de las consultas previas, la negociación de beneficios con las comunidades, entre otras. Con este argumento fueron diseñados los PINE, que quedaban cobijados por la ANLA. Sin embargo, la estrategia del Gobierno generó choques entre los conceptos técnicos de las CAR y la agencia, que, era la sensación en los departamentos, omitía o restaba importancia a las advertencias de los entes regionales.

“Con la decisión de la Corte se retoman las competencias de las corporaciones regionales. Acá se está reconociendo la importancia de la experiencia y el conocimiento que tienen estas entidades del territorio”, señaló el director ejecutivo de Asocar, Ramón Leal. Estas cualidades, de alguna manera, habían sido desconocidas por el Gobierno y las dudas sobre las capacidades de estas organizaciones se mantuvieron.

En su momento, el presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Santiago Ángel, advirtió que “vemos que jóvenes que acaban de salir de la universidad terminan encargados del licenciamiento minero. No existe el conocimiento y piden información que es imposible conocer sin perforar el área. Estamos llegando como “el perro que se persigue la cola”, a buscar datos que son difíciles de obtener”.

Pero para las corporaciones las limitaciones de presupuesto asignado impidieron su fortalecimiento institucional en los últimos años. “Necesitamos gente preparada, pero las corporaciones no pueden aumentar su planta, y el personal capacitado que tenemos se lo lleva el sector privado”, explicó Leal. Aunque no se habla abiertamente, en el interior de algunos ministerios siempre ha existido la sensación de que las corporaciones están politizadas y por eso siempre se vio con buenos ojos la descentralización del licenciamiento ambiental, que el alto tribunal acaba de restringir.

Si bien la medida no es retroactiva, es decir, no afectará los 68 proyectos relacionados con su derecha, crea incertidumbre en el papel que cumplirá la ANLA en los nuevos proyectos, que se ha podido establecer, haría acompañamiento a las corporaciones, pero el licenciamiento estará en mano de éstas.

Aunque gracias a los PINE se concretaron proyectos necesarios para el desarrollo del país, también alrededor de ellos se creó una dinámica perversa, que justificó la exclusión de los entes territoriales.

El despliegue del cable submarino de fibra óptica en el Pacífico es un ejemplo de ello. Según Alejandro Arroyave, gerente de proyecto de Level 3, fue incluido en los PINE en noviembre de 2015, en su etapa final. ¿Por qué? “Porque el proyecto debe culminarse como está diseñado”, explicó. A la pregunta de si el fin de incluir el cable en los PINE fue resolver los conflictos con las comunidades, el vocero respondió que sí.