'Los Veintisiete' celebran cumbre para cerrar presupuesto

Los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) se reunirán este jueves y viernes en Bruselas para cerrar un acuerdo sobre la financiación comunitaria para 2014-2020, que estará por debajo del billón de euros y sobre las que están divididos ante la profundidad del recorte a aplicar.

El presidente del Consejo Europeo, el belga Herman Van Rompuy, ha convocado a los Veintisiete a esta cumbre extraordinaria dispuesto a que los dos días acaben con un acuerdo que permita después negociar con el Parlamento Europeo (PE).

Los Veintisiete reanudan las negociaciones en el punto en que fracasaron en su cumbre de noviembre pasado y con la propuesta que Van Rompuy les puso sobre la mesa entonces: 973.000 millones de euros para los próximos 7 años, cifra que el Parlamento Europeo (PE) rechazó por escasa.

El primero en dirigirse al Consejo Europeo será el presidente de la Eurocámara, Martin Schulz.

Esa cifra, que representa menos del 1 % del PNB de toda la UE y que Van Rompuy va a matizar este jueves con una nueva propuesta, supone 80.000 millones de euros menos que los planteados por la Comisión Europea (CE) y 20.000 millones menos respecto al presupuesto de 2007-2013.

La única novedad respecto a noviembre es, por ahora, que Van Rompuy va a proponer que se destinen "varios miles de millones" de euros a una iniciativa centrada en combatir el desempleo juvenil, pero tendrá que desvelar como lo financiará y qué parte constituye nuevos recursos o son asignaciones procedentes de otras rúbricas.

Los países negocian con la idea de que si la crisis obliga a recortes nacionales, también se impone la misma política a nivel comunitario, además de que tampoco quieren que el presupuesto global aumente porque entonces también lo harían sus contribuciones.

Fuentes diplomáticas dijeron que de las negociaciones maratonianas de estos dos días y probablemente sus noches "se espera un acuerdo de base sobre las cifras, suficiente para que el proceso no descarrile".

Agregaron que ante ellos tienen "un puzzle difícil de encajar", y que se busca una salida a la que todos puedan dar su acuerdo, "aunque no todos estén contentos. La única solución es que todos estén descontentos en la misma medida".

Entre los países, las posiciones son divergentes entre los que, como Francia, España o Italia, no quieren recortes en las políticas agrícola y de cohesión por considerarlas esenciales, y otros como Reino Unido, Holanda, Alemania, Suecia o Finlandia, que son contribuyentes netos y quieren ampliar esos recortes.

Entre ellos la postura más intransigente es la británica, pues su primer ministro, David Cameron, ya ha señalado que no solo es inaceptable cualquier subida, sino que tiene que haber más recortes, y su posición, según las fuentes, no ha variado en absoluto.

Otras fuentes señalaron que "Francia e Italia están molestos porque no reciben suficiente y pagan mucho; los de la cohesión porque no están de acuerdo con que haya un tope al techo de gasto; Irlanda está descontenta en agricultura... Nadie está contento".

Los capítulos relacionados con las infraestructuras (transporte, energía y telecomunicaciones), así como los de asuntos exteriores, seguridad ciudadana y administración y personal, son los que tienen más posibilidades de ver sus partidas recortadas, ante la férrea oposición de algunos países a que se toquen otros capítulos.

Por parte española, esas dos políticas de cohesión y agricultura se consideran cuestiones capitales.

En noviembre pasado, al término de la reunión, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, aseguró que España salía de ella mejor que como entró porque en la negociación se hicieron propuestas que modificaron el borrador inicial.

En ese documento se fijó una reducción menor de la prevista inicialmente para los fondos agrícolas y de cohesión, y se incluía una partida específica para las regiones españolas de 2.800 millones de euros y 500 millones de euros más para agricultura de ese país.

Las fuentes señalaron también que de llegar al acuerdo, sólo será "el inicio porque después hay que negociar con el PE, que tiene reticencias" ya que considera que un presupuesto demasiado restrictivo no beneficia a los objetivos de aumentar el crecimiento y reducir el alarmante desempleo comunitario. 

Los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) se reunirán este jueves y viernes en Bruselas para cerrar un acuerdo sobre la financiación comunitaria para 2014-2020, que estará por debajo del billón de euros y sobre las que están divididos ante la profundidad del recorte a aplicar.

El presidente del Consejo Europeo, el belga Herman Van Rompuy, ha convocado a los Veintisiete a esta cumbre extraordinaria dispuesto a que los dos días acaben con un acuerdo que permita después negociar con el Parlamento Europeo (PE).

Los Veintisiete reanudan las negociaciones en el punto en que fracasaron en su cumbre de noviembre pasado y con la propuesta que Van Rompuy les puso sobre la mesa entonces: 973.000 millones de euros para los próximos 7 años, cifra que el Parlamento Europeo (PE) rechazó por escasa.

El primero en dirigirse al Consejo Europeo será el presidente de la Eurocámara, Martin Schulz.

Esa cifra, que representa menos del 1 % del PNB de toda la UE y que Van Rompuy va a matizar este jueves con una nueva propuesta, supone 80.000 millones de euros menos que los planteados por la Comisión Europea (CE) y 20.000 millones menos respecto al presupuesto de 2007-2013.

La única novedad respecto a noviembre es, por ahora, que Van Rompuy va a proponer que se destinen "varios miles de millones" de euros a una iniciativa centrada en combatir el desempleo juvenil, pero tendrá que desvelar como lo financiará y qué parte constituye nuevos recursos o son asignaciones procedentes de otras rúbricas.

Los países negocian con la idea de que si la crisis obliga a recortes nacionales, también se impone la misma política a nivel comunitario, además de que tampoco quieren que el presupuesto global aumente porque entonces también lo harían sus contribuciones.

Fuentes diplomáticas dijeron que de las negociaciones maratonianas de estos dos días y probablemente sus noches "se espera un acuerdo de base sobre las cifras, suficiente para que el proceso no descarrile".

Agregaron que ante ellos tienen "un puzzle difícil de encajar", y que se busca una salida a la que todos puedan dar su acuerdo, "aunque no todos estén contentos. La única solución es que todos estén descontentos en la misma medida".

Entre los países, las posiciones son divergentes entre los que, como Francia, España o Italia, no quieren recortes en las políticas agrícola y de cohesión por considerarlas esenciales, y otros como Reino Unido, Holanda, Alemania, Suecia o Finlandia, que son contribuyentes netos y quieren ampliar esos recortes.

Entre ellos la postura más intransigente es la británica, pues su primer ministro, David Cameron, ya ha señalado que no solo es inaceptable cualquier subida, sino que tiene que haber más recortes, y su posición, según las fuentes, no ha variado en absoluto.

Otras fuentes señalaron que "Francia e Italia están molestos porque no reciben suficiente y pagan mucho; los de la cohesión porque no están de acuerdo con que haya un tope al techo de gasto; Irlanda está descontenta en agricultura... Nadie está contento".

Los capítulos relacionados con las infraestructuras (transporte, energía y telecomunicaciones), así como los de asuntos exteriores, seguridad ciudadana y administración y personal, son los que tienen más posibilidades de ver sus partidas recortadas, ante la férrea oposición de algunos países a que se toquen otros capítulos.

Por parte española, esas dos políticas de cohesión y agricultura se consideran cuestiones capitales.

En noviembre pasado, al término de la reunión, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, aseguró que España salía de ella mejor que como entró porque en la negociación se hicieron propuestas que modificaron el borrador inicial.

En ese documento se fijó una reducción menor de la prevista inicialmente para los fondos agrícolas y de cohesión, y se incluía una partida específica para las regiones españolas de 2.800 millones de euros y 500 millones de euros más para agricultura de ese país.

Las fuentes señalaron también que de llegar al acuerdo, sólo será "el inicio porque después hay que negociar con el PE, que tiene reticencias" ya que considera que un presupuesto demasiado restrictivo no beneficia a los objetivos de aumentar el crecimiento y reducir el alarmante desempleo comunitario.