Medidas para atender crisis en sector de transporte de pasajeros

Protestas de transportadores.

Foto: El Espectador

La Superintendencia de Transporte anunció este miércoles varias medidas para aliviar la situación de las empresas del sector, que se han visto duramente afectadas por las restricciones impuestas para mitigar la expansión del COVID-19.

Las disposiciones de la entidad se dan el mismo día en que empresarios y trabajadores del sector se manifestaron en varias ciudades para pedir que les dejen retomar sus actividades. En estas demostraciones participaron 537 empresas de transporte intermunicipal; según éstas, el sector enfrenta pérdidas diarias por unos $7.000 millones.

Las medidas anunciadas por la Supertransporte se agrupan en cuatro categorías: reducción y eliminación de costos para las empresas, diferimiento de costos que no puedan eliminarse, acciones para mejorar la liquidez inmediata de las empresas y acciones contra la ilegalidad.

Por ejemplo, la entidad aplazó el pago de una contribución especial hasta diciembre de este año y ha revisado más de 15.000 procesos sancionatorios; el resultado de esta acción en concentro es el levantamiento de embargos de las sanciones que habían sido impuestas de manera injusta entre 2016 y 2018. La entidad también informó que se ha exonerado a los empresarios de multas por más de $4.800 millones “que ya se habían causado y eran exigibles”, informó la Superintendencia a través de un comunicado.

Entre otras medidas, también se modificó la fórmula para la liquidación de la contribución especial que pagan las empresas para que “se tenga como base de liquidación los ingresos reales y no los ingresos proyectados de las empresas”, informó la entidad.

El transporte intermunicipal mueve 550 millones de pasajeros al año en el país. Los empresarios del sector le piden al Gobierno que priorice su sector en la siguiente reapertura. Además, le hacen peticiones como la implementación de una línea de crédito exclusiva con Bancóldex, reducción en el precio del combustible y el cobro de peajes, entre otros.

En un comunicado difundido por los organizadores de las protesas se asegura que las medidas del aislamiento preventivo tienen en riesgo a más de 1.000 familias que viven del transporte, lo que se traduce en “700.000 empleos directos e indirectos en riesgo, 70.000 conductores sin trabajo, el 70 % de los contratos laborales suspendidos y cerca de 50.000 pequeños propietarios a punto de perder el vehículo por no tener con qué pagar las cuotas del préstamo".

Este miércoles, el Ministerio de Transporte informó que se reunió, de forma virtual, con varios gremios del sector para intentar buscar soluciones a la problemática del sector. El encuentro se realizó con gremios como el Consejo Superior del Transporte, Asotrans, Asotranscal, ANDI, UTRANS, ADITT, entre otros.

“La divulgación y conciliación con las autoridades locales nos ha servido notablemente para casos específicos y como Gobierno entendemos la necesidad de reactivación de la economía, pero debemos primar la vida y la seguridad de las personas en esta pandemia, por eso contamos con el apoyo de las entidades territoriales y de salud”, dijo la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco.