Ministerio de Minas está de acuerdo con la Corte sobre las consultas populares

Para la cartera de Minas y Energía, que la Corte Constitucional haya asegurado que el Estado es el propietario de los recursos del suelo y subsuelo de la nación se traduce en una seguridad jurídica para el sector.

Óscar Pérez - El Espectador

Las consultas populares han sido un mecanismo mediante el cual diversas comunidades en el país han votado sobre la realización de proyectos en sus territorios, como los de índole extractiva, por ejemplo. Al respecto la Sala Plena de la Corte de Justicia recientemente aprobó, cinco a uno, la ponencia que presentó la magistrada Cristina Pardo en la que se dice que el Estado es el propietario de los recursos del suelo y del subsuelo de la nación.

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Lo anterior, en pocas palabras, hace que las consultas populares no tengan incidencia en proyectos minero energéticos, decisión que compartió este jueves el Ministerio de Minas y Energía.

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“La sentencia de la Corte Constitucional es una señal importante para la seguridad jurídica del sector y para fortalecer el diálogo y la participación ciudadana”, señaló la cartera al agregar que esperan que esta decisión permita incentivar la inversión y reactivar el desarrollo socioeconómico que representa la industria mineroenergética para el país.

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Sumado a lo anterior el ministerio también señaló que tiene el compromiso para desarrollar territorios sostenibles donde tendrán presente la participación de las comunidades y diferentes actores que trabajan para la protección medioambiental. 

“Estamos convencidos de que el diálogo y el trabajo en equipo es la manera más efectiva para mejorar las prácticas del sector y seguir aportando al desarrollo territorial”, concluyó el ministerio.

Pero en Colombia no todos se muestran a favor de esta decisión, personajes como el gobernador de nariño, Camilo Romero, por medio de su cuenta de Twitter manifestó su desacuerdo. 

"Mientras en las regiones defendemos el territorio, el ambiente y la vida, hoy la Corte Constitucional niega el derecho de los pueblos, de los municipios, de rechazar la mineria mediante la consulta popular. Se toman medidas de escritorio que van en contra vía del territorio", trinó Romero. 

 

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