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El Ministerio de Transporte anunció este jueves, 2 de mayo, que prorrogó el plazo y modificó la actual concesión del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), la plataforma tecnológica más importante del país en trámites e información del sector.
El actual contrato 033 de 2007, por el que se concesionó la implementación y la operación del RUNT, comenzó el 1 de noviembre de ese año y tenía como fecha de vigencia el 30 de abril de 2019. De acuerdo con Mintransporte, el proceso para seleccionar un nuevo operador duraría dos años.
“El peor escenario era suspender la plataforma sin haber seleccionado el nuevo operador del RUNT, razón por la cual prorrogamos la actual concesión. No podemos improvisar y tomar a la ligera la modernización del que es el cerebro tecnológico del sector transporte”, puntualizó el viceministro Juan Camilo Ostos.
La prórroga será por dos años y medio, pues, según la entidad, “se prevé como tiempo suficiente para garantizar la estructuración de los términos de la nueva licitación y realizar el proceso de empalme con el actual concesionario, sin afectar la operación de la plataforma”. Tras la firma del otrosí, de acuerdo con el Ministerio, se lograrán inversiones directas por parte del actual concesionario por $19.400 millones que, sumados a los $47.500 millones que se prevé estarán disponibles en el fondo de reposición, estarán destinados a la modernización de la plataforma.
Cabe recordar que, en una nota publicada por este medio, el 8 de septiembre de 2018, se explicó el futuro del RUNT. Fuentes consultadas aclararon que una de las causas del problema era un "pleito jurídico que se dio entre el Ministerio de Transporte y la Concesión Runt S.A., sociedad que se ganó la licitación para el diseño y la operación del sistema en junio de 2007. La pelea estalló en 2015, a tres años de finalizar el contrato, porque la concesionaria alegó que el Ministerio de Transporte no estaba pagando la inscripción de personas naturales y jurídicas que no prestan servicios públicos".
La Concesión Runt S.A. pidió ajustar las tarifas y recuperar. En ese momento, la ministra Natalia Abello accedió a las pretensiones de la sociedad y el 2 de julio firmó la resolución con los ajustes a los precios. Sin embargo, luego la "Contraloría emitió un informe de advertencia en el que recalcó que la autorización de ese nuevo pago a la concesionaria era indebido. De inmediato, la exministra Abello acató el llamado del organismo de control y emitió una nueva resolución el 19 de octubre de 2015, modificando nuevamente las tarifas", se explica en la nota.
Tras esos sucesos, la Concesionaria Runt S.A. demandó al Estado. Sus pretensiones fueron tasadas en $68.275 millones. El pleito llegó a un tribunal de arbitramento en septiembre de 2016. "La defensa del Estado se concentró en que ese pago no se tenía que realizar y que la sociedad jamás presentó quejas contra las resoluciones que ajustaban las tarifas en años anteriores". Luego de dos años de litigio, el tribunal de arbitramento le dio la razón a la sociedad, aunque dispuso que la deuda a pagar por parte del Ministerio era solo de $25.000 millones.
En medio de esa pelea jurídica pasó inadvertida otra obligación que tenía el Gobierno desde enero de 2018: iniciar el proceso de traspaso de información e infraestructura del RUNT y, simultáneamente, comenzar a estructurar una nueva licitación. Por eso, el anuncio realizado, este jueves, por el Ministerio, de prorrogar el contrato de concesión del RUNT hasta 2021, genera un parte de tranquilidad, pues los principales afectados hubieran sido los colombianos al no poder registrar las ventas de nuevos vehículos, expedir certificaciones de operación o tramitar licencias de conducción.