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El Plan Nacional de Desarrollo propone modificar el impuesto al consumo de licores, vinos y aperitivos bajo una fórmula que elimina la diferencia que hasta ahora existe entre los precios de las bebidas y que permite cobrar más a bebidas más costosas.
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El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en entrevista con Caracol Radio, aseguró que el año pasado “se cometieron algunos errores que hay que corregir”, haciendo referencia a la metodología para el cálculo de los precios de venta al público de licores, vinos, aperitivos y similares que quedó a cargo del Dane.
“El Dane lo está calculando hoy, incluyendo unos precios específicos excesivamente diferentes del verdadero precio, eso genera contrabando y adulteración, que es todavía más grave”, advirtió el titular de la cartera.
Carrasquilla explicó que la modificación se hará en dos etapas relacionadas con el impuesto y con el precio al público, “en el cual fuimos demasiado laxos en su definición, entonces se están incluyendo licores en sitios como restaurantes y otros”, dijo.
“Hay que reconocer la embarramos, vamos a sacar las patas”, concluyó.
Es por ello que los artículos 146, 147 y 148 del Plan Nacional de Desarrollo definen una base gravable que depende exclusivamente del número de grados alcoholimétricos que contenga el producto, el cual “deberá expresarse en el envase y estará sujeto a verificación técnica por parte de los departamentos”.
Además, establece una tarifa única de $500 por cada grado alcoholimétrico para licores, aperitivos y similares, y otra de $350 para vinos y aperitivos vínicos (por cada unidad de 750 centímetros cúbicos o su equivalente).
De acuerdo con la ley 1816 de 2016, que fija el régimen propio del monopolio rentístico de licores destilados y modifica el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, el gravamen actualmente se fija mediante dos factores: un componente específico y uno ad valórem. Esta norma modificó, a su vez, la base gravable que estableció la ley 788 de 2002.
El primero (de $220) está relacionado con el volumen de alcohol que contiene el producto, expresado en grados alcoholimétricos; el segundo, es una tarifa de entre 20 % y 25 % sobre el precio de venta al público por unidad de 750 centímetros cúbicos (sin incluir el impuesto al consumo o la participación), dependiendo de si son vinos o licores.
El director de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Camargo, dijo que “esto implicaría que los licores que tienen un menor precio de venta y a los que accede la mayoría de la población colombiana, como el aguardiente y rones nacionales, tengan que pagar más impuestos; mientras que los licores importados, como whisky, vodka y tequila que normalmente tienen precios mayores, se les disminuya el aporte que realizan al Estado".
Estas tarifas, propone el PND, se incrementarán a partir del primero de enero de cada año con la variación anual del Índice de precios al consumidor (IPC).
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Hoy habrá una nueva reunión (la primera fue a mediados de la semana pasada) entre los gobernadores y el Ejecutivo para debatir el impacto de la medida. Al encuentro los funcionarios regionales llevarán un documento técnico que detalla el impacto financiero que les significaría la propuesta.