Oleoducto Caño Limón Coveñas lleva más de 140 días de parálisis
Ecopetrol recuerda que 2001 fue el año con más ataques terroristas, llegando a los 253, con graves afectaciones para las poblaciones y el medio ambiente. Desde 1986 hasta la fecha se han derramado 3,7 millones de barriles de crudo por los atentados dinamiteros.
Jorge Sáenz V./ jsaenz@elespectador.com
Los ataques terroristas contra la infraestructura petrolera no sólo afectan las finanzas del país y de las empresas y hacen sufrir al medio ambiente. También reducen los ingresos de las regiones. Por ejemplo, los atentados a Caño Limón dejaron $19.000 millones en pérdidas por regalías en el primer trimestre de 2017.
Sólo en el primer trimestre de este año, Ecopetrol ha reportado una producción diferida de por lo menos 5.000 barriles diarios, que a un precio promedio de US$65 por barril suman US$325.000. Esta producción diferida es lo que la empresa deja de producir por cuestiones de seguridad, paros o bloqueos, principalmente. Recientemente, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, recordó que desde 1986 se han derramado 3,7 millones de barriles de crudo por ataques terroristas en el país contra la infraestructura petrolera.
El oleoducto Caño Limón-Coveñas (OCC) lleva más de 140 días de parálisis y la empresa colombiana ha ideado planes de contingencia para evitar la afectación de los campos petroleros y transportar el crudo a los centros de distribución y refinación. En 2018 se han reportado 27 atentados contra este oleoducto y 11 contra el Transandino.
“Es preocupante la fuerte afectación para la industria y el medio ambiente que se ha dado este año por cuenta de los 38 atentados terroristas a los oleoductos Caño Limón y Transandino”, señala Germán Espinosa, presidente de Campetrol.
La infraestructura de transporte de hidrocarburos operada por Ecopetrol, con una extensión cercana a los 7.000 kilómetros, ha sido atacada 2.745 veces en los últimos 32 años. Los atentados han ocasionado cuantiosas pérdidas ambientales, económicas y sociales en distintos puntos del territorio nacional, precisa un estudio de la petrolera semipública de mayoría estatal.
El OCC ha sido la estructura más afectada, con 1.417 ataques dinamiteros. El segundo lugar lo ocupa el oleoducto San Miguel-Orito (OSO), con 602 atentados.
Ecopetrol recuerda que 2001 fue el año con más ataques terroristas, llegando a los 253, con graves afectaciones para las poblaciones y el medio ambiente. El año con men or cantidad de atentados fue 1987, cuando se registraron 11.
Putumayo, con 1.109 ataques, es el departamento más afectado por los atentados contra los oleoductos, destaca el informe. En Arauca se han registrado 691 y en Norte de Santander 567. En Nariño, 186; Cesar, 81, y Boyacá, 70. Como consecuencia de estos hechos han sido derramados cerca de 4 millones de barriles de hidrocarburos, remarca el estudio.
En los últimos años, otros factores han afectado la estabilidad de la industria petrolera en el país. La Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) considera que por lo menos 321.000 barriles promedio al día estarían en riesgo si se vota en contra de la industria en las consultas populares que están en curso.
Los ataques más graves
El primer ataque registrado que afectó la infraestructura petrolera se presentó en 1986. El informe dice que el 14 de julio de 1986, el oleoducto Caño Limón-Coveñas fue dinamitado por el grupo guerrillero Eln, ocasionando el derrame de 45.743 barriles de petróleo. Esta primera acción terrorista ocurrió en La Donjuana, municipio de El Carmen de Tonchalá (Norte de Santander).
En El Tarra, en febrero de 1988, se presentó uno de los ataques más impactantes, cuando por un atentado se derramaron 93.952 barriles de crudo que llegaron al lago Maracaibo de Venezuela. El hecho fue catalogado como la catástrofe ambiental más grande en la historia ocurrida en aguas continentales.
En mayo de 1990, un atentado del Eln al oleoducto Caño Limón en el corregimiento de Zapatosa (Cesar) produjo un derrame de más de 14.000 barriles, afectando 40.000 hectáreas. En octubre de 1998, en Machuca, municipio de Segovia (Antioquia), una carga explosiva instalada por el Eln en el oleoducto Central de Colombia provocó un incendio que causó la muerte de 84 personas.
En junio de 2015, guerrilleros del bloque Sur de las Farc interceptaron una caravana de 25 tractomulas que transportaban crudo y obligaron a 23 de ellas a derramar su contenido sobre la vía. Fueron 200.000 galones de crudo esparcidos que contaminaron varios cuerpos de agua y provocaron que Tumaco (Nariño) se quedara sin ese servicio por más de 20 días.
Casi en forma simultánea, un atentado contra el oleoducto Transandino, en zona rural de Tumaco, causó el derrame de 10.000 barriles de crudo que fueron a parar a las quebradas Pinde y Pianulpí y el río Mira. El ataque afectó la fauna y la flora de esa zona. Además, 110.000 habitantes del casco urbano y 35.000 del sector rural fueron perjudicados. “El impacto ambiental de estos atentados es inmenso”, reconoció el presidente de Campetrol.
Los ataques terroristas contra la infraestructura petrolera no sólo afectan las finanzas del país y de las empresas y hacen sufrir al medio ambiente. También reducen los ingresos de las regiones. Por ejemplo, los atentados a Caño Limón dejaron $19.000 millones en pérdidas por regalías en el primer trimestre de 2017.
Sólo en el primer trimestre de este año, Ecopetrol ha reportado una producción diferida de por lo menos 5.000 barriles diarios, que a un precio promedio de US$65 por barril suman US$325.000. Esta producción diferida es lo que la empresa deja de producir por cuestiones de seguridad, paros o bloqueos, principalmente. Recientemente, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, recordó que desde 1986 se han derramado 3,7 millones de barriles de crudo por ataques terroristas en el país contra la infraestructura petrolera.
El oleoducto Caño Limón-Coveñas (OCC) lleva más de 140 días de parálisis y la empresa colombiana ha ideado planes de contingencia para evitar la afectación de los campos petroleros y transportar el crudo a los centros de distribución y refinación. En 2018 se han reportado 27 atentados contra este oleoducto y 11 contra el Transandino.
“Es preocupante la fuerte afectación para la industria y el medio ambiente que se ha dado este año por cuenta de los 38 atentados terroristas a los oleoductos Caño Limón y Transandino”, señala Germán Espinosa, presidente de Campetrol.
La infraestructura de transporte de hidrocarburos operada por Ecopetrol, con una extensión cercana a los 7.000 kilómetros, ha sido atacada 2.745 veces en los últimos 32 años. Los atentados han ocasionado cuantiosas pérdidas ambientales, económicas y sociales en distintos puntos del territorio nacional, precisa un estudio de la petrolera semipública de mayoría estatal.
El OCC ha sido la estructura más afectada, con 1.417 ataques dinamiteros. El segundo lugar lo ocupa el oleoducto San Miguel-Orito (OSO), con 602 atentados.
Ecopetrol recuerda que 2001 fue el año con más ataques terroristas, llegando a los 253, con graves afectaciones para las poblaciones y el medio ambiente. El año con men or cantidad de atentados fue 1987, cuando se registraron 11.
Putumayo, con 1.109 ataques, es el departamento más afectado por los atentados contra los oleoductos, destaca el informe. En Arauca se han registrado 691 y en Norte de Santander 567. En Nariño, 186; Cesar, 81, y Boyacá, 70. Como consecuencia de estos hechos han sido derramados cerca de 4 millones de barriles de hidrocarburos, remarca el estudio.
En los últimos años, otros factores han afectado la estabilidad de la industria petrolera en el país. La Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) considera que por lo menos 321.000 barriles promedio al día estarían en riesgo si se vota en contra de la industria en las consultas populares que están en curso.
Los ataques más graves
El primer ataque registrado que afectó la infraestructura petrolera se presentó en 1986. El informe dice que el 14 de julio de 1986, el oleoducto Caño Limón-Coveñas fue dinamitado por el grupo guerrillero Eln, ocasionando el derrame de 45.743 barriles de petróleo. Esta primera acción terrorista ocurrió en La Donjuana, municipio de El Carmen de Tonchalá (Norte de Santander).
En El Tarra, en febrero de 1988, se presentó uno de los ataques más impactantes, cuando por un atentado se derramaron 93.952 barriles de crudo que llegaron al lago Maracaibo de Venezuela. El hecho fue catalogado como la catástrofe ambiental más grande en la historia ocurrida en aguas continentales.
En mayo de 1990, un atentado del Eln al oleoducto Caño Limón en el corregimiento de Zapatosa (Cesar) produjo un derrame de más de 14.000 barriles, afectando 40.000 hectáreas. En octubre de 1998, en Machuca, municipio de Segovia (Antioquia), una carga explosiva instalada por el Eln en el oleoducto Central de Colombia provocó un incendio que causó la muerte de 84 personas.
En junio de 2015, guerrilleros del bloque Sur de las Farc interceptaron una caravana de 25 tractomulas que transportaban crudo y obligaron a 23 de ellas a derramar su contenido sobre la vía. Fueron 200.000 galones de crudo esparcidos que contaminaron varios cuerpos de agua y provocaron que Tumaco (Nariño) se quedara sin ese servicio por más de 20 días.
Casi en forma simultánea, un atentado contra el oleoducto Transandino, en zona rural de Tumaco, causó el derrame de 10.000 barriles de crudo que fueron a parar a las quebradas Pinde y Pianulpí y el río Mira. El ataque afectó la fauna y la flora de esa zona. Además, 110.000 habitantes del casco urbano y 35.000 del sector rural fueron perjudicados. “El impacto ambiental de estos atentados es inmenso”, reconoció el presidente de Campetrol.