Once proyectos para regular a las mineras

Que se reconozcan los trabajos de minería a cielo abierto dirigidos a la extracción y manejo de carbón como actividad de alto riesgo. Que se dicten normas de distribución de terrenos a familias pobres del país con fines sociales y productivos. Que se grave la actividad petrolera con el Impuesto de Industria y Comercio. Y que se dicten normas tendientes a promover la contratación de mano de obra, bienes y/o servicios en las entidades territoriales productoras por parte de las empresas titulares de contratos de concesión de minas, son algunos de los proyectos que buscan ajustarles el cinturón a las compañías del sector minero que hoy operan en Colombia.

El objetivo, como dicen los documentos que alistan varios representantes del Legislativo, pretende que, por ejemplo, se puedan fijar porcentajes mínimos para la contratación local de mano de obra no calificada en un 80% y de mano de obra técnica, tecnológica y profesional del 70% en pleno terreno. Este es uno de los motivos que ha desencadenado las protestas de los trabajadores.

Sin embargo, las empresas mineras que decidieron venir a Colombia por el gran potencial existente en el país, ven hoy con preocupación el cambio en las reglas de juego, especialmente en lo que tiene que ver con leyes nuevas que buscan gravar más la actividad en diferentes campos.

A tres días de iniciarse el congreso del sector de la Minería a Gran Escala (MGE), la duda que asalta a las organizaciones es si mantienen el grado de inversión en un país que a pesar de que tiene un gran potencial por explorar y explotar, cada día que pasa buscan modificar leyes para tratar de gravarlas más.

La directora de MGE, Claudia Jiménez, señaló que al país han llegado grandes compañías con altos estándares de sostenibilidad, lo que ha permitido dinamizar la economía y de paso generar empleo. Considera que el país estaba en su cuarto de hora del sector minero, pero que ya solo le quedan cinco minutos y, de no aprovecharse, con políticas claras y reglas definidas y estables, los interesados van a irse a otros países de la región.

Un claro ejemplo de lo que podría pasar es lo que ocurrió en la década de los años 90, cuando se impusieron grandes cargas fiscales a las empresas petroleras, lo que desestimuló la inversión y espantó a las compañías, que solo regresaron con la transformación de Ecopetrol y la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, precursora de políticas claras que lograron que hoy se esté produciendo por encima del millón de barriles diarios.

Las empresas mineras piden que no sigan los planes de choque para solucionar problemas, sino que se implemente una política clara y duradera en el mediano plazo, antes que buscar crear nuevos tributos que desestimulen la inversión, sostiene Jiménez.

De acuerdo con César Díaz, presidente de la Cámara Colombiana de la Minería (CCM), en los últimos 20 años Colombia no ha puesto en producción una mina a gran escala y de altos estándares y los proyectos que hay en exploración, especialmente de oro, no han sacado el primer gramo, pero las inversiones sí han sido altas y de largo plazo. Sostiene que el país está polarizado entre los que rechazan la minería y los que la apoyan, pero sin un argumento sólido que le abra paso o lo cierre definitivamente para convertirse en un país de talla mundial en la minería.

Que se reconozcan los trabajos de minería a cielo abierto dirigidos a la extracción y manejo de carbón como actividad de alto riesgo. Que se dicten normas de distribución de terrenos a familias pobres del país con fines sociales y productivos. Que se grave la actividad petrolera con el Impuesto de Industria y Comercio. Y que se dicten normas tendientes a promover la contratación de mano de obra, bienes y/o servicios en las entidades territoriales productoras por parte de las empresas titulares de contratos de concesión de minas, son algunos de los proyectos que buscan ajustarles el cinturón a las compañías del sector minero que hoy operan en Colombia.

El objetivo, como dicen los documentos que alistan varios representantes del Legislativo, pretende que, por ejemplo, se puedan fijar porcentajes mínimos para la contratación local de mano de obra no calificada en un 80% y de mano de obra técnica, tecnológica y profesional del 70% en pleno terreno. Este es uno de los motivos que ha desencadenado las protestas de los trabajadores.

Sin embargo, las empresas mineras que decidieron venir a Colombia por el gran potencial existente en el país, ven hoy con preocupación el cambio en las reglas de juego, especialmente en lo que tiene que ver con leyes nuevas que buscan gravar más la actividad en diferentes campos.

A tres días de iniciarse el congreso del sector de la Minería a Gran Escala (MGE), la duda que asalta a las organizaciones es si mantienen el grado de inversión en un país que a pesar de que tiene un gran potencial por explorar y explotar, cada día que pasa buscan modificar leyes para tratar de gravarlas más.

La directora de MGE, Claudia Jiménez, señaló que al país han llegado grandes compañías con altos estándares de sostenibilidad, lo que ha permitido dinamizar la economía y de paso generar empleo. Considera que el país estaba en su cuarto de hora del sector minero, pero que ya solo le quedan cinco minutos y, de no aprovecharse, con políticas claras y reglas definidas y estables, los interesados van a irse a otros países de la región.

Un claro ejemplo de lo que podría pasar es lo que ocurrió en la década de los años 90, cuando se impusieron grandes cargas fiscales a las empresas petroleras, lo que desestimuló la inversión y espantó a las compañías, que solo regresaron con la transformación de Ecopetrol y la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, precursora de políticas claras que lograron que hoy se esté produciendo por encima del millón de barriles diarios.

Las empresas mineras piden que no sigan los planes de choque para solucionar problemas, sino que se implemente una política clara y duradera en el mediano plazo, antes que buscar crear nuevos tributos que desestimulen la inversión, sostiene Jiménez.

De acuerdo con César Díaz, presidente de la Cámara Colombiana de la Minería (CCM), en los últimos 20 años Colombia no ha puesto en producción una mina a gran escala y de altos estándares y los proyectos que hay en exploración, especialmente de oro, no han sacado el primer gramo, pero las inversiones sí han sido altas y de largo plazo. Sostiene que el país está polarizado entre los que rechazan la minería y los que la apoyan, pero sin un argumento sólido que le abra paso o lo cierre definitivamente para convertirse en un país de talla mundial en la minería.