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La transformación digital es una oportunidad sin precedentes para el desarrollo de los países de América Latina y una condición necesaria para la reactivación económica en el tránsito hacia el final de la pandemia de COVID-19. Las autoridades colombianas así lo reconocen y lo han expresado mediante declaraciones, decisiones regulatorias, acciones de política pública, estudios y documentos varios.
La base para aprovechar dicha oportunidad es la conectividad. Como señala el Consejo Nacional de Política Económica y Social, en el Documento CONPES referente a la Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial, “la conectividad es una condición habilitante necesaria para alcanzar la transformación digital y por tanto una herramienta indispensable para reducir la brecha digital entre zonas rurales-urbanas y entre estratos socioeconómicos”. Considerando lo anterior, se han planteado objetivos puntuales en la materia −como el de conectar al 70 % de la población del país para 2022− y se han estructurado planes específicos para alcanzarlos, como el Plan Nacional de Conectividad Rural.
Aunque los esfuerzos e intenciones mencionados son relevantes, las metas de conectividad no podrán alcanzarse si no se toman de manera apremiante determinaciones en relación con los criterios y políticas de asignación, gestión y aprovechamiento del espectro radioeléctrico, que reduzcan los altos costos de este recurso estratégico y permitan incrementar las inversiones para ampliar la penetración de los servicios y atender a las necesidades, cada vez mayores, de los ya conectados. Actualmente, con la integración de un ecosistema digital que incide prácticamente en la totalidad de las actividades productivas y sociales, las decisiones relacionadas con los precios que se pagan por el espectro radioeléctrico son cruciales para el desarrollo económico y la competitividad de los países, así como para garantizar los derechos de las personas.
El precio de este recurso condiciona las oportunidades que tienen los operadores para acceder a él y, como un efecto todavía más importante, determina la capacidad que tendrán para realizar las inversiones requeridas en el despliegue de las redes de telecomunicaciones y para contar con la tecnología que asegurará una mayor cobertura y un mejor servicio. Por estas razones, el costo del espectro debe contemplarse como una medida de impacto en el desarrollo del sector en el largo plazo y como tal no debe responder a fines recaudatorios o fiscalistas, sino que, como lo señala la Ley 1978 de 2019, debe buscar la maximización del bienestar social.
En las últimas semanas, diversos especialistas se han referido a los datos publicados por GSMA en un estudio referente a los costos de espectro en Colombia que resulta pertinente resaltar y repetir por su relevancia y claridad. El costo del espectro radioeléctrico en el país se ha elevado cada año y se incrementó de forma dramática en 2019 al tener un aumento en los precios de 50 % respecto del 2018. Los costos de asignación anuales en Colombia se encuentran por encima del promedio de América Latina desde 2014, año a partir del cual se realizaron diversas renovaciones en diversas bandas, todas con costos dos o más veces más altos a los promedios contemplados en la región por espectro con características equivalentes. Estos altos costos de asignación y renovación, aunados a niveles de ARPU por debajo del promedio de América Latina, han impactado el potencial de inversión por parte de los operadores y llevado a que el país enfrente un retraso de 2 años en cobertura 4G.
Experiencias como la observada en México durante los últimos años muestran que la falta de determinaciones relacionadas con la reducción de los costos de espectro puede restringir la capacidad para incrementar la conectividad en zonas sin acceso e impedir que se cumplan los objetivos planteados por las mismas autoridades. Además, dejan en claro que los altos costos son insostenibles en la región y pueden derivar en restricciones para incrementar las inversiones, procesos de devolución de este recurso o dificultades para asignar nuevos segmentos −como ocurrió hace unas semanas con la licitación de espectro IFT-10−.
El establecimiento de altos costos por el espectro −producto de una lógica recaudatoria y con una visión limitada y de corto plazo− es un ejemplo claro de una decisión de política pública cuyo resultado en el mediano plazo es que todos perdamos: la población en general al tener menos oportunidades para acceder a los servicios o mejorar la experiencia en su uso y aprovechamiento; las empresas, al ver limitada su capacidad para llegar a nuevos clientes y desarrollar modelos de negocio innovadores; el Estado, al limitar las oportunidades que ofrece la digitalización para el desarrollo de nuevas empresas y la expansión de la economía y, por ende, para una mayor recaudación en diversos sectores productivos; la sociedad en su conjunto, al ver limitado el ejercicio de sus derechos cuya habilitación depende precisamente de factores como el desarrollo de las redes.
En el complejo escenario económico y social que vivimos como consecuencia de la pandemia, resulta más urgente que nunca tomar las decisiones que permitan a nuestros países aprovechar los beneficios de la transformación digital. Estamos en una coyuntura en la que es fundamental pasar del discurso y las buenas intenciones a las determinaciones y los resultados. En materia de transformación digital, una política de gestión de espectro que maximice realmente el bienestar social es el primer paso.
*Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones.