¿Otro paro?

La medida deroga el decreto 174 de 2001, introduce cambios y requisitos, como que las rutas escolares deben incorporar en los vehículos cámaras de seguridad, y fortalece el papel de las empresas de transporte legalmente constituidas.

Hace explícito que los conductores deben ser empleados de la empresa, aumenta el porcentaje de propiedad de los vehículos que deben tener las compañías y cambia el porcentaje que corresponde a los socios. El 174 establecía un mínimo de 3% conjunto de la propiedad y el 348 ordena un mínimo de 20% para las empresas y un máximo de 10% para los socios, en un plazo que vence en diciembre de 2018.

Desde hace dos semanas, en pleno paro camionero, un grupo de transportadores de servicio especial anunció un posible cese de actividades por la inconformidad frente al decreto, pues consideran que defiende los intereses de las empresas sobre el resto. Orlando Herrán, de la Confederación Nacional de Transporte Especial, dijo a Noticias Uno que la medida “acaba con las empresas, acaba con los propietarios y grava a los padres de familia con mayor costo de transporte escolar”. Este martes, según voceros gremiales, se reunirían con el ministerio para presentar su posición. Herrán dijo que como último recurso está el “cese de actividades”.

La Asociación Nacional de Transporte Terrestre Automotor Especial (Acoltés) dijo que el inconformismo se debe a la desinformación. “El sistema ‘afiliador’ que no hace inversión en transporte y vivía de las comisiones y de los cupos debe cambiar con este decreto que obliga a invertir a los empresarios en el 20% de la flota y a cumplir con los requisitos de habilitación en un plazo de dos años”. Acoltés, a la que pertenecen 187 empresas, comunicó que no apoya el “anunciado paro”, sin detallar quién lo está convocando. Dice que en efecto hay que hacer cambios “de forma” y que para tal fin están en conversaciones con el ministerio.

La cartera de Transporte argumentó que el decreto se expidió para que recaigan sobre las empresas más responsabilidades y garantizar la seguridad de los escolares. El Espectador intentó confirmar si el ministerio ha recibido peticiones oficiales por parte de los gremios y si se llevará a cabo la reunión con ellos, pero no fue posible al cierre de esta edición.

La medida deroga el decreto 174 de 2001, introduce cambios y requisitos, como que las rutas escolares deben incorporar en los vehículos cámaras de seguridad, y fortalece el papel de las empresas de transporte legalmente constituidas.

Hace explícito que los conductores deben ser empleados de la empresa, aumenta el porcentaje de propiedad de los vehículos que deben tener las compañías y cambia el porcentaje que corresponde a los socios. El 174 establecía un mínimo de 3% conjunto de la propiedad y el 348 ordena un mínimo de 20% para las empresas y un máximo de 10% para los socios, en un plazo que vence en diciembre de 2018.

Desde hace dos semanas, en pleno paro camionero, un grupo de transportadores de servicio especial anunció un posible cese de actividades por la inconformidad frente al decreto, pues consideran que defiende los intereses de las empresas sobre el resto. Orlando Herrán, de la Confederación Nacional de Transporte Especial, dijo a Noticias Uno que la medida “acaba con las empresas, acaba con los propietarios y grava a los padres de familia con mayor costo de transporte escolar”. Este martes, según voceros gremiales, se reunirían con el ministerio para presentar su posición. Herrán dijo que como último recurso está el “cese de actividades”.

La Asociación Nacional de Transporte Terrestre Automotor Especial (Acoltés) dijo que el inconformismo se debe a la desinformación. “El sistema ‘afiliador’ que no hace inversión en transporte y vivía de las comisiones y de los cupos debe cambiar con este decreto que obliga a invertir a los empresarios en el 20% de la flota y a cumplir con los requisitos de habilitación en un plazo de dos años”. Acoltés, a la que pertenecen 187 empresas, comunicó que no apoya el “anunciado paro”, sin detallar quién lo está convocando. Dice que en efecto hay que hacer cambios “de forma” y que para tal fin están en conversaciones con el ministerio.

La cartera de Transporte argumentó que el decreto se expidió para que recaigan sobre las empresas más responsabilidades y garantizar la seguridad de los escolares. El Espectador intentó confirmar si el ministerio ha recibido peticiones oficiales por parte de los gremios y si se llevará a cabo la reunión con ellos, pero no fue posible al cierre de esta edición.