Por irregularidades en Runt, a versión libre viceministro de Transporte
Es el primer funcionario de alto nivel del actual Gobierno, que vincula la Contraloría a un proceso de responsabilidad fiscal.
El Espectador
La Unidad de Investigaciones Especiales contra la corrupción de la Contraloría General de la República cito a versión libre al actual viceministro de Transporte, Felipe Targa Rodríguez.
La información revelada por el organismo de control indica que se escuchará al funcionario sobre las gestiones y actuaciones adelantas desde su cartera en lo relacionado con las irregularidades evidenciadas en la ejecución del contrato de Interventoría suscrito entre el Ministerio de Transporte y el Consorcio PAI-RUNT.
El objeto del contrato es realizar “la interventoría integral sobre la ejecución y liquidación del Contrato de Concesión Nº 033 del 7 de Junio de2007 para la prestación del servicio público del Runt”.
No obstante los incumplimientos, el Ministerio canceló por actas parciales al consorcio PAI-RUNT, la suma de 398 millones de pesos.
Asimismo su declaración tiene que ver con las debilidades en la operación del Registro Único Nacional de Transporte RUNT.
Durante las vigencias 2009 y 2010 el Ministerio de Transporte y el Concesionario Runt omitieron controlar los ingresos por tarifa a favor del Ministerio de Transporte por la expedición de certificados de enseñanza automovilística, cuyo valor inicial ascendía a la suma de 2.320 millones de pesos.
La cuantía inicial del daño estaba establecida en 2.719 millones de pesos y a la fecha, derivado de las acciones adelantadas por la Contraloría General, se ha logrado el pago por parte de la Concesión Runt de 248.252 Certificados de Enseñanza Automovilística, que no se habían cancelado. La cuantía del detrimento patrimonial a la fecha está establecida en 782.706.559 pesos, los cuales no han sido resarcidos.
También han sido citados a declarar Gabriel Ignacio García, exviceministro de Transporte, para la época del ministro Andrés Uriel Gallego; Guillermo Leon Hoyos, exsecretario General del Ministerio de Transporte; Alejandro Maya Martínez, exsecretario general del Ministerio de Transporte, secretario y funcionario de confianza del saliente Ministro de Transporte Germán Cardona.
Igualmente deberá ampliar su versión de los hechos la Representante legal Flor Marina Mesa García de la Sociedad Concesión Runt S.A.
Dentro de las pruebas decretadas, la Contraloría General ha solicitado la copia de las hoja de vida, declaración de bienes y rentas, actas de posesión y manual de funciones del vicenministro Felipe Targa, Angela María López, servidora publica del Ministerio de Transporte y coordinadora del Grupo Runt; Gabriel Ignacio García, ex viceministro de transporte; Guillermo Leon Hoyo, exsecretario General del Ministerio de Transporte y Alejandro Maya Martínez, ex -secretario general del Ministerio de Transporte.
Dentro de este proceso también se encuentran vinculados como presuntos responsables fiscales Antonio José Rodríguez, en su calidad de representante legal del consorcioPAI-RUNT; Jorge Enrique Vera, Asesor del despacho del Ministro Andrés Uriel Gallego; los integrantes del Consorcio PAI-RUNT: Ponce de Leon Asociados ingenieros Consultores en liquidación judicial, Interaudit; Applus norcontrol Colombia, cuyos representantes ya fueron escuchados en versión libre y espontánea dentro del proceso.
La Unidad de Investigaciones Especiales contra la corrupción de la Contraloría General de la República cito a versión libre al actual viceministro de Transporte, Felipe Targa Rodríguez.
La información revelada por el organismo de control indica que se escuchará al funcionario sobre las gestiones y actuaciones adelantas desde su cartera en lo relacionado con las irregularidades evidenciadas en la ejecución del contrato de Interventoría suscrito entre el Ministerio de Transporte y el Consorcio PAI-RUNT.
El objeto del contrato es realizar “la interventoría integral sobre la ejecución y liquidación del Contrato de Concesión Nº 033 del 7 de Junio de2007 para la prestación del servicio público del Runt”.
No obstante los incumplimientos, el Ministerio canceló por actas parciales al consorcio PAI-RUNT, la suma de 398 millones de pesos.
Asimismo su declaración tiene que ver con las debilidades en la operación del Registro Único Nacional de Transporte RUNT.
Durante las vigencias 2009 y 2010 el Ministerio de Transporte y el Concesionario Runt omitieron controlar los ingresos por tarifa a favor del Ministerio de Transporte por la expedición de certificados de enseñanza automovilística, cuyo valor inicial ascendía a la suma de 2.320 millones de pesos.
La cuantía inicial del daño estaba establecida en 2.719 millones de pesos y a la fecha, derivado de las acciones adelantadas por la Contraloría General, se ha logrado el pago por parte de la Concesión Runt de 248.252 Certificados de Enseñanza Automovilística, que no se habían cancelado. La cuantía del detrimento patrimonial a la fecha está establecida en 782.706.559 pesos, los cuales no han sido resarcidos.
También han sido citados a declarar Gabriel Ignacio García, exviceministro de Transporte, para la época del ministro Andrés Uriel Gallego; Guillermo Leon Hoyos, exsecretario General del Ministerio de Transporte; Alejandro Maya Martínez, exsecretario general del Ministerio de Transporte, secretario y funcionario de confianza del saliente Ministro de Transporte Germán Cardona.
Igualmente deberá ampliar su versión de los hechos la Representante legal Flor Marina Mesa García de la Sociedad Concesión Runt S.A.
Dentro de las pruebas decretadas, la Contraloría General ha solicitado la copia de las hoja de vida, declaración de bienes y rentas, actas de posesión y manual de funciones del vicenministro Felipe Targa, Angela María López, servidora publica del Ministerio de Transporte y coordinadora del Grupo Runt; Gabriel Ignacio García, ex viceministro de transporte; Guillermo Leon Hoyo, exsecretario General del Ministerio de Transporte y Alejandro Maya Martínez, ex -secretario general del Ministerio de Transporte.
Dentro de este proceso también se encuentran vinculados como presuntos responsables fiscales Antonio José Rodríguez, en su calidad de representante legal del consorcioPAI-RUNT; Jorge Enrique Vera, Asesor del despacho del Ministro Andrés Uriel Gallego; los integrantes del Consorcio PAI-RUNT: Ponce de Leon Asociados ingenieros Consultores en liquidación judicial, Interaudit; Applus norcontrol Colombia, cuyos representantes ya fueron escuchados en versión libre y espontánea dentro del proceso.