“Programa social de acceso a vivienda no siempre cumple con reglas de sismorresistencia”: minvivienda

En conversación con un joven del Quindío, Jonathan Malagón manifestó su preocupación por la posibilidad de que una emergencia afecte en mayor medida a la población más vulnerable del país. También se comprometió a preservar el paisaje cultural cafetero y promover la construcción de plantas de tratamiento de aguas.

Aló, ¿por favor Colombia?

Sebastián González, de 24 años, se disponía a dejar su lugar de trabajo, un colegio en Montenegro, Quindío, después de una larga jornada. Estaba apagando su computador y empacando sus cosas cuando sintió la vibración de su celular. Contestó.

Lo llamaba el equipo de ‘Aló, ¿por favor Colombia?’ que quería ponerlo en contacto con el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, para cumplir así con el #RetoDeLos10Minutos. Sebastián, quien se había inscrito en www.aloporfavorcolombia.com hace unas semanas, ya tenía claro los temas que deseaba abordar en su conversación telefónica con el ministro. Por eso, tan pronto escuchó la voz de Malagón, saludó, agradeció por el espacio y empezó a exponer sus dudas.

 

Primero, quiso saber la forma en la que el Gobierno se propone preservar el paisaje cultural en las zonas turísticas del país. En especial, en la región cafetera, una de las más visitadas en toda Colombia y en donde vive Sebastián. Precisamente, en su municipio está ubicado el Parque del Café, el cual ha recibido desde su inauguración, en 1995, a más de 8 millones de turistas de diferentes partes del mundo.

Para responder, el ministro confesó que le expresaron una preocupación similar en su visita a la isla de San Andrés con el presidente Duque el pasado 8 de agosto. En aquella ocasión, según cuenta, se preguntaron cómo debían diseñarse las políticas del Ministerio de Vivienda para que no vulneren el paisaje cultural de la comunidad raizal del archipiélago. Comentó que el mismo desafío lo enfrentan en la zona cafetera y muchas otras partes del territorio nacional. Además, recordó que existe un manual, elaborado por las carteras de Cultura y Vivienda, que reglamenta la protección de los paisajes culturales en los planes de ordenamiento territorial. Finalizó aclarando que la ejecución de estas medidas es responsabilidad de los entes territoriales, pero que hará lo posible por supervisar su cumplimiento y trabajar de la mano con las entidades territoriales encargadas de ponerlas en práctica.

Más adelante, Sebastián ahondó en las amenazas que posee el paisaje cultural cafetero. Mencionó la creciente tendencia que existe en Montenegro, y otras poblaciones aledañas, de llevar a cabo construcciones altas que permiten albergar más gente y así satisfacer la demanda de personas que se quieren mudar a esa zona.  Expresó su desacuerdo y preguntó si, desde el Gobierno, se plantean evitar este tipo de edificaciones.

Malagón atribuyó este problema a la desactualización de los planes de ordenamiento territorial en muchos municipios del país ya que, al no tener cada detalle reglamentado, se abre la posibilidad para que se incumplan las políticas de protección del paisaje cultural. “No tener claramente definidas las normas es el punto de partida para el desorden” aseguró.

A su vez, afirmó que asesorará a los municipios en la elaboración de los planes de ordenamiento para que respeten este tipo de herencias culturas y tengan en cuenta otros elementos, como las condiciones ambientales y la sostenibilidad.

En 1998, el eje cafetero fue sacudido por un terremoto de 6,2 grados que dejó más de mil víctimas mortales. A raíz de esto, se estableció en Montenegro un centro de capacitación, búsqueda y rescate con el objetivo de estar preparados ante cualquier emergencia. Sin embargo, los habitantes del pueblo aún sienten temor ante la posibilidad de otro sismo, tal y como lo manifestó Sebastián en su siguiente intervención cuando puso en duda que muchas de las construcciones del departamento cumplan con los lineamientos antisísmicos.  

El ministro enmarcó su respuesta en dos puntos. El primero fue el cumplimiento de la Norma de Sismo Resistencia expedida en el 2010 (NSR10) que está al día en los estándares que necesita un país con riesgo de movimientos telúricos. Agregó que su misión será verificar que esta reglamentación esté correctamente implementada. El segundo punto trató acerca de la preocupación que le producen las viviendas de interés social que ha entregado el Gobierno.

“Las viviendas que estamos haciendo de interés prioritario, de interés social, las viviendas gratuitas, todo este programa social de acceso de vivienda no siempre cumple con la reglamentación en materia de sismorresistencia” afirmó.

La Asociación de Ingeniería Sísmica ha revelado que aproximadamente el 85 % de los colombianos habitan zonas con riesgo sísmico considerable, por lo que se requiere que las estructuras que se construyan cumplan con los requisitos correspondientes para hacer frente a estas amenazas naturales. A esto se suma que Colombia está ubicada en una de las zonas sísmicas con más activad del planeta, el anillo circumpacífico, del que también hacen parte países como Japón, Ecuador y Chile, que han sufrido este tipo de tragedias.

Por último, Sebastián hizo público su malestar por los sobrecostos de los servicios públicos en su departamento. Calificó la prestación del servicio de intermitente, costosa y mala. También le hizo saber al ministro el estado del río La Vieja que se utiliza como vertedero, pero sus aguas nunca pasan por una planta de tratamiento, pese a que en su recibo de agua se le cobra por vertimientos, y ocasionan enfermedades en personas que viven cerca de sus orillas.

Inmediatamente, Malagón le dio la razón. Dijo que la queja era absolutamente válida y que las fallas se debían a la falta de gradualidad y transición al momento de poner en marcha el marco paritario de agua y saneamiento básico, lo cual se vio reflejado, más adelante, en el incremento de las tarifas. Se comprometió a trabajar con el viceministro de aguas para buscar fuentes alternativas que permitan regular la tarifa.

Frente a esto, la semana pasada, la Defensoría del Pueblo convocó y llevó a cabo mesas de trabajo en diferentes municipios del Quindío, incluido Montenegro, con el objetivo de que tanto alcaldes como población civil puedan discutir el tema y contemplar la posibilidad de una rebaja en las tarifas. Adicionalmente, un grupo de ciudadanos emprendió una acción judicial ante el Tribunal Administrativo del Quindío para que se suspenda la resolución que originó el alza en los cobros.

Y, respecto al tratamiento de las aguas, el ministro declaró que se esforzará en priorizar la construcción de la infraestructura necesaria para que esta situación no se siga presentando.

“No podemos seguir haciendo vertimientos a los ríos. Debemos, más bien, rápidamente focalizar recursos para que no solamente tengamos planta de tratamiento de agua potable, sino también plantas de tratamiento de aguas residuales y podamos devolverle a la naturaleza el recurso hídrico en las mejores condiciones posibles” fueron sus palabras.

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