¿Qué contratos buscó Odebrecht durante el gobierno Santos?

La corrupta multinacional de la infraestructura manifestó interés en más de 15 proyectos y era fuerte crítica de las 4G.

Edwin Bohórquez aya
08 de febrero de 2017 - 07:11 p. m.
Bloomberg
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Muchas preguntas han surgido desde que la multinacional brasilera Odebrecht confesó el pago de millonarias coimas para hacerse a jugosos contratos de infraestructura no sólo en Colombia sino en otros 10 países. Sobornos que se extendieron a Angola, Argentina, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela. Y no de poca monta. El imperio Odebrecht fue, en parte, construido por la Division of Structured Operations, catalogada por los investigadores que adelantan las indagaciones como una unidad o esquema “en el que se pagaron millones de dólares en sobornos durante 15 años, cometidos por ejecutivos de alto nivel de la compañía”. Delito internacional del que se calcula una “ganancia pecuniaria” de más de US$3.336 millones”.

Ya hay varios detenidos, muchas órdenes de allanamiento para buscar información y hasta declaraciones de alto exfuncionarios que, en el caso colombiano, donde se asegura que se entregaron más de US$11 millones en coimas, tiene tras las rejas al exviceministro de Transporte Gabriel García Morales y al exsenador Otto Bula. Además de un par de citas para declarar con nombres de muy alto calibre: Cecilia Álvarez, exministra de Transporte y José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana, brazo de infraestructura y de construcción del conglomerado financiero Grupo Aval, el más grande del país y liderado por Luis Carlos Sarmiento Angulo.

Y ahora, para completar, la Fiscalía General de la Nación aseguró que en la declaración entregada por Bulla se detalla que a la campaña del entonces candidato Juan Manuel Santos, hoy presidente de la República, habrían entrado recursos provenientes de Odebrecht del orden de un millón de dólares. Minutos más tarde Roberto Prieto Uribe, gerente de la campaña Santos Presidente, respondió: “Manifiesto mi más enérgico rechazo a las infundadas, tendenciosas y calumniosas declaraciones sobre mi persona dadas por el señor Otto Bula a la Fiscalía General de la Nación; a quien escasamente distingo, y con quien nunca, pero nunca, he compartido siquiera un café”.

Y, acto seguido, apuntó: “Como Gerente de la Asociación Juan Manuel Santos Presidente 2014 promoví y lideré al interior de la campaña la política de no recibir donaciones. Los gastos de la misma fueron sufragados con los ingresos por reposición establecidos en ley, tal como consta en los estados financieros presentados ante el CNE, y auditados por la misma institución”.   Y ahí va el escándalo. Mientras la corrupción es protagonista, el país vive una de las coyunturas más críticas que vinculan no solo a la actual administración de gobierno sino a la anterior. A Santos y a (Álvaro) Uribe.

Por eso, más allá de los escándalos políticos y de corrupción, ¿qué contratos buscó Odebrecht durante el gobierno Santos? En entrevista con El Espectador, el director del Invías, Carlos García, fue claro y contundente: “En mi período de gobierno y el del vicepresidente (Germán Vargas Lleras) también, Odebrecht se presentó a tres licitaciones del Invías: Anapoima-Mosquera, que era de más de $600.000 millones, porque ellos querían las más grandes y las que le quedaran cerquita de la Ruta del Sol. Se presentaron a Honda-Manizales y a la fase 3 de la Transversal de Boyacá. No se ganaron ninguna. Hubo una pluralidad grande en esos procesos. Mi Dios es muy grande”.

Explicó también que el contrato que tenían los brasileros en Boyacá ya “se terminó”. Allí “hizo 26 puentes y un túnel falso. Le cuento que esos señores habían insistido muchísimas veces aquí que les adicionáramos el contrato para terminar los pavimentos y nosotros no respaldamos eso, les hicimos unas adiciones para garantizar la terminación de los puentes, que todos estaban en servicio”.

Ratificando lo que dice el director del Invías, el vicepresidente Vargas Lleras también salió a ponerle el pecho al escándalo. “Durante mi permanencia en la Vicepresidencia y como coordinador del sector de infraestructura, desde el 7 de agosto de 2.014, nunca le ha sido adjudicado un solo contrato a la firma Odebrecht, ni de concesiones ni tampoco a cargo del Invías. En las licitaciones públicas realizadas por el Instituto Nacional de Vías, Odebrecht participó en tres del Plan de Vías Para la Equidad. En todas perdió”.

Y defendió, además, la que cataloga ha sido su postura frente a esa empresa. “Desde mi llegada a la Vicepresidencia, y ante los recurrentes retrasos en los que incurría la firma Odebrecht en los proyectos que tenía en ejecución, cuyos contratos se celebraron mucho antes de que yo llegara al sector, procedimos a abrir procesos y a aplicar las multas correspondientes para exigir el cumplimiento de las obras”. Acto seguido, pide “que caiga quien caiga, las investigaciones deben llegar hasta esclarecer con precisión quiénes, cuándo y cómo, incurrieron en actos de corrupción”.

Fuentes de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, le contaron a El Espectador que Odebrecht presentó dos Iniciativas Privadas, pero las dos les fueron rechazadas. También advirtieron que los ejecutivos de esa compañía, en varias ocasiones, expresaron su malestar con el modelo de las 4G, que criticaban los pliegos y que, incluso, manifestaron interés en más de 15 proyectos, pero al final ni siquiera se presentaron a la precalificación. Hoy, en medio de tremendo escándalo, el contrato de la recuperación de la Navegabilidad del río Magdalena está en el limbo, pues ellos tenían la mayoría de la participación y no lograron cumplir con el cierre financiero. La única petición que se escucha en el sector de la infraestructura del país es que ojalá no se pierda la confianza en el que ha sido catalogado como el más prometedor programa de modernización de infraestructura del mundo, y que está hoy bajo todas las lupas judiciales.   

Así que, ¿debería Odebrecht salir de Colombia? ¿Ser despedida del país? El mismo presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, ya había dado esa respuesta en El Espectador. “La ley 80 tiene dos conceptos relacionados con esto. Uno es la llamada desviación de poder, o sea, si el administrador público no tomó la decisión correcta para el país porque utilizó su poder para desviar su decisión en favor de alguien, eso genera una nulidad del contrato en cuestión. Esa adjudicación es invalida y se liquida el contrato. Si en alguno de estos contratos se comprueba desviación del poder, pues el contrato tiene que terminar. Lo segundo es que, si no hubo desvío de poder, pero sí en otro (contrato), queda inhabilitado de los demás”. La respuesta, entonces, es sí. Y eso, ¿después de responder por todos sus actos ilegales, ¿cuándo pasará? Por lo menos la Cámara Colombiana de la Infraestructura ya los expulsó del gremio. Eso fue un mensaje decente para el país.    

Por Edwin Bohórquez aya

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