Entre 2010 y 2014, Colombia produjo anualmente 1’750.000 toneladas de maíz y 78.000 toneladas de soya en promedio, mientras que importó una media de 3’496.349 y 1’600.000 toneladas, respectivamente. La oportunidad de comprar en el exterior se hizo tentadora no sólo por tener a la mano el TLC con Estados Unidos, sino por una tasa de cambio que hacía favorable la práctica. Pero ahora la coyuntura cambiaria ha sido una especie de despertar, y, luego del malestar de sectores como el avicultor, el Gobierno estructuró un plan de sustitución de importaciones.
Dos meses duró la planeación desde el anuncio en agosto hasta la presentación del plan Colombia Siembra a comienzos de este mes. La consigna es la siembra de un millón de hectáreas más, es decir, llegar a los ocho millones de hectáreas en todo el país, tanto para la seguridad alimentaria como para el fomento de las exportaciones, de acuerdo con el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri. Los productos escogidos para seguridad alimentaria fueron maíz, soya y forestales, y para comercio exterior, cacao, palma de aceite y frutales.
Tras la presentación de Colombia Siembra, gremios como Fenavi y Fenalce manifestaron su beneplácito. Lo que más destacó el ministro es que el plan atiende asuntos que van desde el agua, la asistencia técnica, el subsidio a la tasa de interés para acceso a crédito y aseguramiento, hasta planes de emprendimiento. Pero, por lo mismo, la disponibilidad de recursos ha generado preocupación. Todo el plan, según dijo la cartera de Agricultura, obtendrá recursos por $1,6 billones de ahora a 2018, es decir, unos $530.000 millones anuales.
A la pregunta de este diario durante la presentación del plan en Santa Marta, el ministro Iragorri respondió que los recursos “están asegurados”, con un presupuesto para esa cartera que ronda los $3 billones. El ministerio asegura tener el dinero presupuestado tras un trabajo conjunto con Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda, y desde que Iragorri asumió el compromiso de sembrar un millón más de hectáreas ante el presidente Juan Manuel Santos.
Pero por ahora en el proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República para definir el presupuesto de la Nación para 2016, los recursos para todo el sector agropecuario y de desarrollo rural llegan a $2,6 billones, y los $1,6 billones del Colombia Siembra serían muy cercanos a los $1,7 billones que requerirá sólo el Minagricultura en un año, sumando gastos de funcionamiento e inversión.
En el presupuesto de 2015, $907.000 millones estaban contemplados sólo para créditos y financiamiento, un monto que equivale a casi dos terceras partes de lo que necesitará el plan de sustitución de importaciones, que promete dar atención integral a productos específicos.
Henry Vanegas, gerente de Fenalce, explicó que a partir de reuniones con todos los eslabones de la cadena, desde los proveedores de las semillas hasta los productores y la industria, se cuantificaron las necesidades por ejemplo que habrá en Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) o lo que costaría una DTF más cero para pequeños productores. De ahí la billonaria cifra. “Los productores nos comprometemos a crecer si tenemos crédito, cobertura e ICR. Y miramos al frente para aumentar productividad, donde cumplen un papel la investigación, la asistencia técnica, las semillas y los fertilizantes”, agregó Vanegas.
“El plan está bien estructurado y presentado, y tiene propósitos claros. Los programas que se definen son los que se requieren y los instrumentos también. El problema que vemos es el tema presupuestal, nos parece que $1,6 billones para los próximos años son bastante exiguos”, afirmó César Pardo, presidente de Conalgodón. “La segunda inquietud es desde el punto de vista de la ejecución. El tema que siempre tenemos es si somos capaces de ejecutar por los distintos programas. Eso está pendiente en la reforma institucional que se tiene que presentar en diciembre”, agregó, haciendo referencia a las facultades que tiene el presidente de la República para reformar las instituciones del sector desde la promulgación de la ley del Plan de Desarrollo.
El algodón es otro de los productos que el Ministerio de Agricultura cree prioritarios para la seguridad alimentaria. Al respecto, Pardo aseguró que “dentro del presupuesto se pasó de $350.000 millones a $30.000 millones en el Fondo de Comercialización, lo que quiere decir que no vamos a tener recursos para apoyar actividades de comercialización. Es posible que el algodón en vez de aumentar vaya disminuyendo poco a poco”. Ese fondo incluye el precio mínimo de garantía para el algodón, que tendrá vigencia hasta 2016, y que es el tipo de instrumentos que la OCDE en su informe de políticas rurales colombianas ha calificado como inconvenientes, pues se han llevado la mayoría de la inversión, que, según el organismo, debería enfocarse más en la provisión de bienes públicos.
Para Darío Fajardo, experto e integrante del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional, apuntar a Colombia Siembra no va de acuerdo con la realidad presentada por el censo agropecuario, que ha puesto en cifras la acumulación de tierra, así como el alto nivel de producción para el autoabastecimiento de los campesinos, según él, debido a la falta de acceso a mercados por cuenta de la competencia que en los últimos años han significado las importaciones. “Uno duda mucho porque no están introduciendo ninguna modificación en esas tendencias. Son problemas acumulados que no se han modificado, sino que se están agravando”.
El Gobierno ha insistido en que el renombrado problema de la seguridad jurídica sobre la tierra se resolverá en parte con la ley de Zidres, que por ahora es sólo un proyecto que cursa en el Congreso, con la promesa de “aumentar la productividad sostenible de la tierra y la competitividad” con modelos de asociatividad. Pero para Fajardo el proyecto es un contrasentido. “¿Cómo que se está queriendo recuperar el agro cuando no se garantiza un derecho constitucional (acceso a la tierra), cuando la única opción que se les ofrece a los campesinos es ser arrendatarios de grandes proyectos? Es convertirse en jornaleros”.
Al respecto, instituciones como Cumbre Agraria, Oxfam, Codhes, el Cinep y la Comisión Colombiana de Juristas han manifestado su rechazo, pues el proyecto abre la posibilidad de adquirir tierras con antecedente de baldíos y obliga a los productores a desprenderse de la titularidad de la tierra para acceder a los beneficios que asociarse con proyectos productivos promete. En definitiva, para Fajardo, el plan Colombia Siembra “sale del Gobierno con propuestas enfocadas en el ámbito electoral: es hacer ofertas para las que ni siquiera hay recursos claros”. En contraste, el gerente de Fenalce asegura que: “Apostamos a que sí se puede y que es lograble. No somos escépticos, estamos convencidos de lo que podemos hacer”.
Llevar a cabo el plan sería empezar a hacer realidad el potencial de Colombia como despensa alimentaria para el mundo. Colombia Siembra, sin embargo, no tuvo el mejor comienzo en la coyuntura del fenómeno de El Niño, que, además de derivar en la necesidad de autorizar más importaciones, sigue poniendo de presente los grandísimos retos a los que la transformación del campo se enfrenta.
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