¿Qué le recomienda la Cepal a Colombia?

Hace menos de un mes, en su tradicional informe titulado ‘Panorama social de América Latina’, pero en esta ocasión hablando de la versión 2014, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), soltó unas cuantas cifras desalentadoras sobre la región. Básicamente, concluyó que en esta parte del mundo habían más pobres y la bonanza económica ya no era tal porque los crecimientos tan atractivos que tuvo en el quinquenio pasado, había dejado de brillar. O dicho de otra forma, que el 28,1% de la población carecía de recursos, que el flagelo afectaba a más de 165 millones de personas y que son los jóvenes, por la falta de calidad en la educación y de oportunidades laborales, los que expresan mayores preocupaciones.

Y ahora, en medio de un debate que tiene a los críticos del Gobierno esperando cómo va a solucionar la descuadrada fiscal en la que está por cuenta de la caída en los precios del petróleo, es precisamente la Cepal quien le dejó unas cuantas recomendaciones no sólo al Ejecutivo, sino a los empresarios e industriales colombianos. “Es necesario contar con una refundada arquitectura institucional desarrollista de largo plazo”, manifestó la organización. A lo que se refería, en detalle, es que el país debe tener una “política industrial rural y urbana explícita”.

La Cepal y su directora, Alicia Bárcena, dejó claro que es necesario “vincular los sectores de baja productividad con los que ya están en la frontera tecnológica”. Una especie de encadenamiento productivo en donde no solo quienes logran que las frutas y verduras que usted compra estén siempre frescos en el supermercado tengan los mayores avances tecnológicos, sino que también el agricultor, que está en el comienzo de esa cadena, disponga de toda la innovación posible para saber cuándo llegarán las heladas a su tierra, cuándo debe sacar la cosecha sin tener riesgos o, incluso, a qué hora de la mañana está mejor estimulada la vaca para obtener su leche.

Junto a eso la Comisión también le recomendó a los representantes de los sectores público y privado que diseñen una estrategia integrada de apoyo a las pymes con financiamiento inclusivo y que las articule con sectores más dinámicos de la economía.  Tiene razón, son las pequeñas y medianas empresas en Colombia las que generan más del 70%  del empleo y las que, al final, gozan de menos privilegios frente a las grandes, quienes cuentan, de entrada, con un músculo financiero que les da para autosostenerse sin mayores problemas.

De ahí que Bárcena hablara dela necesidad de una banca de desarrollo para promover la innovación y la convergencia interna. Algo que permitiría darle “más jerarquía a la ciencia y la tecnología”. Y tocó, también, un tema que tiene muchos actores implicados: el medio ambiente. Le mandó un mensaje a ese ministerio y al Gobierno central en general. Les dijo que era “urgente fortalecer la institucionalidad ambiental”, y explicó que ese cambio “requiere sinergias entre aumentos de productividad y economía verde  a escala local y global”.    
Al final, lo que pide o, recomienda -como dicen ellos-, es que debe existir una política pública que dé señales sobre el costo social del deterioro ambiental. ¿Qué tanto estará dispuesto el Gobierno y los empresarios en ponerles atención?     




 

Hace menos de un mes, en su tradicional informe titulado ‘Panorama social de América Latina’, pero en esta ocasión hablando de la versión 2014, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), soltó unas cuantas cifras desalentadoras sobre la región. Básicamente, concluyó que en esta parte del mundo habían más pobres y la bonanza económica ya no era tal porque los crecimientos tan atractivos que tuvo en el quinquenio pasado, había dejado de brillar. O dicho de otra forma, que el 28,1% de la población carecía de recursos, que el flagelo afectaba a más de 165 millones de personas y que son los jóvenes, por la falta de calidad en la educación y de oportunidades laborales, los que expresan mayores preocupaciones.

Y ahora, en medio de un debate que tiene a los críticos del Gobierno esperando cómo va a solucionar la descuadrada fiscal en la que está por cuenta de la caída en los precios del petróleo, es precisamente la Cepal quien le dejó unas cuantas recomendaciones no sólo al Ejecutivo, sino a los empresarios e industriales colombianos. “Es necesario contar con una refundada arquitectura institucional desarrollista de largo plazo”, manifestó la organización. A lo que se refería, en detalle, es que el país debe tener una “política industrial rural y urbana explícita”.

La Cepal y su directora, Alicia Bárcena, dejó claro que es necesario “vincular los sectores de baja productividad con los que ya están en la frontera tecnológica”. Una especie de encadenamiento productivo en donde no solo quienes logran que las frutas y verduras que usted compra estén siempre frescos en el supermercado tengan los mayores avances tecnológicos, sino que también el agricultor, que está en el comienzo de esa cadena, disponga de toda la innovación posible para saber cuándo llegarán las heladas a su tierra, cuándo debe sacar la cosecha sin tener riesgos o, incluso, a qué hora de la mañana está mejor estimulada la vaca para obtener su leche.

Junto a eso la Comisión también le recomendó a los representantes de los sectores público y privado que diseñen una estrategia integrada de apoyo a las pymes con financiamiento inclusivo y que las articule con sectores más dinámicos de la economía.  Tiene razón, son las pequeñas y medianas empresas en Colombia las que generan más del 70%  del empleo y las que, al final, gozan de menos privilegios frente a las grandes, quienes cuentan, de entrada, con un músculo financiero que les da para autosostenerse sin mayores problemas.

De ahí que Bárcena hablara dela necesidad de una banca de desarrollo para promover la innovación y la convergencia interna. Algo que permitiría darle “más jerarquía a la ciencia y la tecnología”. Y tocó, también, un tema que tiene muchos actores implicados: el medio ambiente. Le mandó un mensaje a ese ministerio y al Gobierno central en general. Les dijo que era “urgente fortalecer la institucionalidad ambiental”, y explicó que ese cambio “requiere sinergias entre aumentos de productividad y economía verde  a escala local y global”.    
Al final, lo que pide o, recomienda -como dicen ellos-, es que debe existir una política pública que dé señales sobre el costo social del deterioro ambiental. ¿Qué tanto estará dispuesto el Gobierno y los empresarios en ponerles atención?