Este 5 de noviembre entraron en vigor los nuevos aranceles a las importaciones de prendas de vestir, medida aprobada en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y que debía comenzar a regir hace 89 días.
El artículo, uno de los más controversiales del PND, estipula que la tarifa aumentará del 15 % al 37,9 % cuando el precio del textil sea inferior o igual a US$20 por kilo. Para los elementos que superen ese precio habrá un arancel del 10 % según el valor de la mercancía: más de US$3 por kilo.
La norma ha sido ampliamente criticada por gremios y por el propio Gobierno. De hecho, la Andi, Fenalco, Analdex, la Procuraduría y el Ejecutivo, a través de viceministro de Hacienda, han demandado estas disposiciones ante la Corte Constitucional. Sin embargo, el alto tribunal todavía no ha emitido concepto alguno ni ha definido fecha para hacerlo.
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Para Analdex, Fenalco y la Andi los aranceles podrían incrementar el contrabando de prendas, pues aumentaría su margen de comercialización y las ganancias de los comerciantes ilegales.
Además, critican que se hayan implementado por iniciativa del Congreso, pues la regulación del régimen de aduanas sólo le compete al Gobierno. Han mencionado, incluso, que Colombia podría exponerse a sanciones de la Organización Mundial del Comercio.
El ministro de Comercio, Industria y Turismo (Mincit), José Manuel Restrepo, otro crítico de la medida, aseguró que algunos comerciantes podrían subir los precios del vestuario hasta un 25 %, sin embargo, hizó énfasis en que no necesariamente tendrá un impacto inmediato.
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El vestuario es el cuarto rubro con mayor peso en la canasta familiar, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), después de los alimentos, vivienda y transporte. Está por encima del gasto en salud y educación.
No obstante, otros sectores aplauden la medida. Según Camilo Rodríguez, presidente de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines (Cccya), los aranceles “protegen la industria nacional y a cerca de 1’800.000 empleos que genera el sector de confecciones y que han venido cayendo dramáticamente por la masiva importación de productos de Asia y África”. También señala que los impactos positivos en generación de empleo se verán reflejados en el segundo trimestre del próximo año.
Frente a los argumentos de que las tarifas podrían fomentar el contrabando, Rodríguez opina que la solución no es retirar la medida, como sugieren los comerciantes, sino definir políticas claras en la lucha contra este flagelo de la mano de todos los miembros involucrados y del Gobierno.