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El gigante de la carne de ave BRF S.A. es el blanco de la policía de Brasil en una nueva fase de la investigación por carne contaminada que el año pasado sumió al sector en el caos, informaron los medios locales.
La policía federal de Brasil informó el lunes en un comunicado que cinco laboratorios acreditados ante el Ministerio de Agricultura y una compañía que no identificó entregaron resultados falsos de exámenes de muestras de carne. La policía dijo que el sector de análisis de una empresa estaba involucrado en el fraude y que los ejecutivos y técnicos lo sabían, añadiendo que algunos ejecutivos trataron de encubrir el hecho durante el transcurso de la investigación.
O Estado de São Paulo y otros medios informaron que BRF es el objetivo de la investigación, sin revelar cómo obtuvieron la información. Al ser contactado telefónicamente por Bloomberg, un funcionario de prensa de BRF dijo que la compañía no tenía comentarios inmediatos que efectuar.
La noticia aumenta la presión sobre BRF, que ya lucha con una disputa de accionistas que amenaza con sacar a todo el directorio después de que el productor de ave presentara los peores resultados de su historia. Durante el fin de semana, los fondos de pensiones que poseen una participación combinada del 22 % de las acciones presentaron candidatos para una nueva junta, mientras que el presidente Abilio Diniz había convocado una reunión para hoy con el fin de analizar la solicitud.
La policía de Brasil lanzó la llamada operación Carne Débil en marzo de 2017, cuando dijo que tenía evidencia de que 21 compañías de carne habían sobornado a inspectores del Gobierno para que autorizaran ventas y exportaciones pese a que la carne de vacuno y de pollo estaba contaminada o descompuesta. El caso llevó a varios países a prohibir o suspender temporalmente las importaciones de carne de Brasil, el mayor exportador del mundo. Las restricciones fueron levantadas luego de que algunas de las acusaciones fueran consideradas exageradas y que las autoridades aumentaran las inspecciones.
Se están ejecutando 11 órdenes de detención temporal, 53 órdenes de registro y 27 órdenes para interrogar a personas en los estados de Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina y São Paulo, según el comunicado.