Reforma pensional debe atacar cobertura y gravar las pensiones altas

El problema pensional en Colombia no resiste más diagnósticos. Ante este enmarañado escenario, la Comisión del Gasto propone decisiones audaces que buscan ir solucionando un problema que por años atenta contra las finanzas públicas y no soluciona el problema de baja cobertura en el sistema de jubilaciones.

Colombia no se puede dar el lujo de tener una edad de pensión de 57 para las mujeres y de 62 para los hombres, cuando la mayoría de países desarrollados permiten acceder a una jubilación entre los 65 y 67 años.

Ante la falta de compromisos de la actual administración, el silencio de gobiernos pasados y la carencia de propestas de los actuales precandidatos a la presidencia, la Comisión del Gasto estima que se debe implementar una reforma pensional que conempla aspectos como elevar la edad de jubilación,  aumentar el promedio del salario durnate el tiempo de vida activa del cotizante o por lo menos como sucede en muchos países que sea de los últimos 20 años, aumentar los porcentajes de cotización a 18% para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema y sobre todo que los dos regímenes actuales el público y privado se complementen y dejen de ser competencia.

En el reciente congreso de Asofondos, el presidente del gremio, Santiago Montenegro, reiteró que que elevar la edad de jubilación y semanas cotizadas no es prioridad. Por su parte, el director de Fedesarrollo y miembro de la Comisión, Leonardo Villar expuso la necesidad de mejorar “las tarifas de cotización y evitar que una parte de estos recursos se vaya a fines distintos a financiar las pensiones que se pagan por Colpensiones o los fondos privados”.

Leonardo Villar insiste en que “el problema principal es que todavía estamos gastando un monto que representa cerca del 4% del PIB, más de una cuarta parte de los impuestos que pagan los colombianos”. El sistema pensional apenas cubre el 24% de las personas mayores en Colombia.

La Comisión exlica que se debe ampliar el promedio del salario de los actuales 10 años a 20 año o en el mejor de los casos a toda la vida del cotizante, para calcular el ingreso base de liquidación en el Régimen de Prima Media (RPM), busca reducir la magnitud de los subsidios y las inequidades que se generan contra las personas que tienen una senda de ingresos con menor crecimiento o incluso con decrecimiento a lo largo de la vida laboral.

Ahora, aumentar los porcentajes de cotización a 18% para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema. Es un pago que no se ha definido, pero se considera que debe ser proporcional. Villar estima que ese pago puede correr a cargo del trabajador. “Es plata que va a recibir el trabajador posteriomente”.

Se estima importante en la propuesta que “reducir el tope existente actualmente para las pensiones del RPM que en este momento se ubica en 25 salarios mínimos, el cual resulta atípicamente elevado en cualquier comparación internacional” y es fundamental fijar un gravamen a las pensiones altas, propuesta incluida en la pasada reforma tributaria que fue rechazada por los miembros del Congreso que son los principales beneficiarios.

La reforma que decida llevar el gobierno al Congreso tiene que priorizar el aumento de “la cobertura del sistema de protección económica a la vejez, con énfasis particular en los segmentos de la población que no logran las condiciones para obtener una pensión en el sistema general de pensiones, y moderar la magnitud del gasto público en pensiones y corregir su regresividad”.

Considera la Comisión que el primer gran problema del gasto público en pensiones es la baja cobertura. “A pesar de los cuantiosos recursos del Presupuesto orientado al pago de pensiones, de acuerdo con cifras de encuestas de hogares, apenas 24% de los mayores de 65 años tienen actualmente acceso a una pensión”, dice el informe.

Si las condiciones del sistema general de pensiones se mantienen, la cobertura del sistema se reduciría en el mediano plazo a niveles de 17% en 2050, advierte la Comisión.

Otra de las propuestas analizadas es que el sistema público (RPM) y el privado (RAIS) “dejen de ser alternativas entre las cuales se puede arbitrar y pasen a complementarse”.

Con este modelo se racionalizan los sistemas de pensiones y asignaciones de retiro de maestros y militares, respectivamente, que se encuentran por fuera del sistema general de pensiones.

Se amplia el alcance de los mecanismos de apoyo económico a la vejez de carácter no contributivo (Colombia Mayor) y en el esquema de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), buscando profundizar su impacto contra la pobreza y generando incentivos que los hagan más compatibles con estímulos al ahorro y la formalización.

Remarca el informe sobre la necesidad de revisar los rgímenes especiales como la de los profesores y uniformados. Explica el estudio que por lo menos dos terceras partes del desequilibrio pensional corresponde a los regímenes especiales que todavía rigen (maestros y militares y policías), “así como al pago de pensiones en los regímenes que se encuentran en marchitamiento y para los cuales el Fondo de Pensiones de Entidades Públicas (FOPEP) no tiene respaldo suficiente”.

El problema pensional en Colombia no resiste más diagnósticos. Ante este enmarañado escenario, la Comisión del Gasto propone decisiones audaces que buscan ir solucionando un problema que por años atenta contra las finanzas públicas y no soluciona el problema de baja cobertura en el sistema de jubilaciones.

Colombia no se puede dar el lujo de tener una edad de pensión de 57 para las mujeres y de 62 para los hombres, cuando la mayoría de países desarrollados permiten acceder a una jubilación entre los 65 y 67 años.

Ante la falta de compromisos de la actual administración, el silencio de gobiernos pasados y la carencia de propestas de los actuales precandidatos a la presidencia, la Comisión del Gasto estima que se debe implementar una reforma pensional que conempla aspectos como elevar la edad de jubilación,  aumentar el promedio del salario durnate el tiempo de vida activa del cotizante o por lo menos como sucede en muchos países que sea de los últimos 20 años, aumentar los porcentajes de cotización a 18% para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema y sobre todo que los dos regímenes actuales el público y privado se complementen y dejen de ser competencia.

En el reciente congreso de Asofondos, el presidente del gremio, Santiago Montenegro, reiteró que que elevar la edad de jubilación y semanas cotizadas no es prioridad. Por su parte, el director de Fedesarrollo y miembro de la Comisión, Leonardo Villar expuso la necesidad de mejorar “las tarifas de cotización y evitar que una parte de estos recursos se vaya a fines distintos a financiar las pensiones que se pagan por Colpensiones o los fondos privados”.

Leonardo Villar insiste en que “el problema principal es que todavía estamos gastando un monto que representa cerca del 4% del PIB, más de una cuarta parte de los impuestos que pagan los colombianos”. El sistema pensional apenas cubre el 24% de las personas mayores en Colombia.

La Comisión exlica que se debe ampliar el promedio del salario de los actuales 10 años a 20 año o en el mejor de los casos a toda la vida del cotizante, para calcular el ingreso base de liquidación en el Régimen de Prima Media (RPM), busca reducir la magnitud de los subsidios y las inequidades que se generan contra las personas que tienen una senda de ingresos con menor crecimiento o incluso con decrecimiento a lo largo de la vida laboral.

Ahora, aumentar los porcentajes de cotización a 18% para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema. Es un pago que no se ha definido, pero se considera que debe ser proporcional. Villar estima que ese pago puede correr a cargo del trabajador. “Es plata que va a recibir el trabajador posteriomente”.

Se estima importante en la propuesta que “reducir el tope existente actualmente para las pensiones del RPM que en este momento se ubica en 25 salarios mínimos, el cual resulta atípicamente elevado en cualquier comparación internacional” y es fundamental fijar un gravamen a las pensiones altas, propuesta incluida en la pasada reforma tributaria que fue rechazada por los miembros del Congreso que son los principales beneficiarios.

La reforma que decida llevar el gobierno al Congreso tiene que priorizar el aumento de “la cobertura del sistema de protección económica a la vejez, con énfasis particular en los segmentos de la población que no logran las condiciones para obtener una pensión en el sistema general de pensiones, y moderar la magnitud del gasto público en pensiones y corregir su regresividad”.

Considera la Comisión que el primer gran problema del gasto público en pensiones es la baja cobertura. “A pesar de los cuantiosos recursos del Presupuesto orientado al pago de pensiones, de acuerdo con cifras de encuestas de hogares, apenas 24% de los mayores de 65 años tienen actualmente acceso a una pensión”, dice el informe.

Si las condiciones del sistema general de pensiones se mantienen, la cobertura del sistema se reduciría en el mediano plazo a niveles de 17% en 2050, advierte la Comisión.

Otra de las propuestas analizadas es que el sistema público (RPM) y el privado (RAIS) “dejen de ser alternativas entre las cuales se puede arbitrar y pasen a complementarse”.

Con este modelo se racionalizan los sistemas de pensiones y asignaciones de retiro de maestros y militares, respectivamente, que se encuentran por fuera del sistema general de pensiones.

Se amplia el alcance de los mecanismos de apoyo económico a la vejez de carácter no contributivo (Colombia Mayor) y en el esquema de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), buscando profundizar su impacto contra la pobreza y generando incentivos que los hagan más compatibles con estímulos al ahorro y la formalización.

Remarca el informe sobre la necesidad de revisar los rgímenes especiales como la de los profesores y uniformados. Explica el estudio que por lo menos dos terceras partes del desequilibrio pensional corresponde a los regímenes especiales que todavía rigen (maestros y militares y policías), “así como al pago de pensiones en los regímenes que se encuentran en marchitamiento y para los cuales el Fondo de Pensiones de Entidades Públicas (FOPEP) no tiene respaldo suficiente”.