Respaldo de gremios a la paz

En un pronunciamiento suscrito por 21 representantes del sector empresarial colombiano que integran el Consejo Gremial Nacional, los principales gestores de la economía colombiana exteriorizaron su respaldo a la negociación que el gobierno Santos adelanta con la guerrilla de las Farc en La Habana (Cuba), pero dejaron claras sus preocupaciones sobre el curso de la negociación, al tiempo que resaltaron que el acuerdo de paz al que se llegue debe ser respetuoso del Estado de Derecho.

Los empresarios y sus gremios manifestaron que tienen la responsabilidad de opinar sobre los temas prioritarios para la Nación, razón por la cual decidieron hacer pública su postura sobre el proceso de paz. En primer término, la declaración sostiene que la negociación entre el Estado legítimo y el grupo al margen de la ley se da por razones humanitarias, es decir, para evitar más violencia y los daños que se siguen ocasionando al medio ambiente, la infraestructura o en general la economía nacional.

En consecuencia, señala la declaración, “la negociación tiene que ser asimétrica en favor del Gobierno, en quien reposa la legitimidad institucional del país”. Esta expresión se traduce en que, en el sentir del empresariado colombiano, no están negociando los jefes de dos ejércitos enfrentados para culminar una guerra civil en la que ninguno ha podido vencer, lo está haciendo el Estado para acoger en la legalidad a quienes en la actualidad se encuentran fuera de ella.

En tal sentido, las reflexiones del Consejo Gremial Nacional resaltan que no se está negociando la creación de un nuevo orden político y social, ni el derecho constituye un obstáculo para la conquista de la paz. Por ello confían plenamente en que se cumpla el compromiso adquirido por el presidente Santos de una refrendación popular de los acuerdos que se alcancen en la mesa de negociación de La Habana.

Uno de los aspectos puntuales de la declaración de los empresarios colombianos tiene que ver con el acuerdo de “Desarrollo Rural Integral” suscrito en el marco de la negociación política. El Consejo Gremial Nacional admite que se trata de resarcir una deuda del Estado con el sector agropecuario y el campo en general, pero la institucionalidad propuesta debe ceñirse a las instancias contempladas en la Constitución Nacional.

Es decir, el Consejo Gremial Nacional dejó clara su postura de que las soluciones a la pobreza rural “deben partir del respeto a la propiedad privada garantizando la seguridad jurídica de la misma”. La declaración añade que no se puede aceptar que un país estructure su modelo de desarrollo sobre criterios y políticas excluyentes entre pequeños, medianos o grandes productores, sino sobre la consolidación de la clase empresarial.

Por lo tanto, recalca la organización que integra al sector empresarial colombiano, instrumentos como la expropiación por motivos de interés social o de utilidad pública o la extinción administrativa de dominio por incumplimiento de la función social o ecológica de la propiedad, si bien están contemplados en la legislación colombiana, deberán ser revisados y reglamentados en un marco de garantía del debido proceso y legítima defensa de los propietarios legales de la tierra.

El otro aspecto de especial atención por parte del Consejo Gremial Nacional es la llamada “Jurisdicción Especial para la Paz”. El organismo manifiesta su preocupación por la falta de claridad sobre su competencia y recalca que “la posibilidad de responsabilidades indirectas genera preocupaciones”, por lo que confían en que en estos aspectos específicos se hagan las precisiones del caso.

La declaración indica que en el comunicado dado a conocer el 23 de septiembre se dice que la jurisdicción de paz es universal y que no reconoce inmunidades ni fueros. Si esto significa que funcionarios dotados de fuero de acuerdo con la Constitución y la ley podrían ser procesados en ese tribunal, “no sería una opción adecuada para aclimatar la paz”. Incluso, afirman que tal generalidad podría llevar a que personas de cualquier nacionalidad sean llamadas por el tribunal.

Finalmente, la declaración del Consejo Gremial Nacional insta a las Farc a que en su condición de victimarios asuman su cuota de responsabilidad en el deber de reparación de las víctimas y pide repensar las funciones de la Comisión de la Verdad, bajo el entendido de que una puede ser la interpretación de los historiadores, pero en Colombia se ha mantenido la continuidad democrática del Estado y no es el mismo caso de Argentina, Chile o Sudáfrica.

El Consejo Gremial Nacional sostiene que se debe hacer un inventario riguroso de las armas de las Farc, como también establecer el momento en que se va a hacer la dejación de las mismas e incluso el final del proceso. Con algunos otros reparos en el tema de la erradicación de cultivos ilícitos, el empresariado colombiano reiteró su respaldo al proceso de paz, pero resaltó que debe hacerse dentro de un marco institucional sólido y basado en los valores democráticos y republicanos.

En un pronunciamiento suscrito por 21 representantes del sector empresarial colombiano que integran el Consejo Gremial Nacional, los principales gestores de la economía colombiana exteriorizaron su respaldo a la negociación que el gobierno Santos adelanta con la guerrilla de las Farc en La Habana (Cuba), pero dejaron claras sus preocupaciones sobre el curso de la negociación, al tiempo que resaltaron que el acuerdo de paz al que se llegue debe ser respetuoso del Estado de Derecho.

Los empresarios y sus gremios manifestaron que tienen la responsabilidad de opinar sobre los temas prioritarios para la Nación, razón por la cual decidieron hacer pública su postura sobre el proceso de paz. En primer término, la declaración sostiene que la negociación entre el Estado legítimo y el grupo al margen de la ley se da por razones humanitarias, es decir, para evitar más violencia y los daños que se siguen ocasionando al medio ambiente, la infraestructura o en general la economía nacional.

En consecuencia, señala la declaración, “la negociación tiene que ser asimétrica en favor del Gobierno, en quien reposa la legitimidad institucional del país”. Esta expresión se traduce en que, en el sentir del empresariado colombiano, no están negociando los jefes de dos ejércitos enfrentados para culminar una guerra civil en la que ninguno ha podido vencer, lo está haciendo el Estado para acoger en la legalidad a quienes en la actualidad se encuentran fuera de ella.

En tal sentido, las reflexiones del Consejo Gremial Nacional resaltan que no se está negociando la creación de un nuevo orden político y social, ni el derecho constituye un obstáculo para la conquista de la paz. Por ello confían plenamente en que se cumpla el compromiso adquirido por el presidente Santos de una refrendación popular de los acuerdos que se alcancen en la mesa de negociación de La Habana.

Uno de los aspectos puntuales de la declaración de los empresarios colombianos tiene que ver con el acuerdo de “Desarrollo Rural Integral” suscrito en el marco de la negociación política. El Consejo Gremial Nacional admite que se trata de resarcir una deuda del Estado con el sector agropecuario y el campo en general, pero la institucionalidad propuesta debe ceñirse a las instancias contempladas en la Constitución Nacional.

Es decir, el Consejo Gremial Nacional dejó clara su postura de que las soluciones a la pobreza rural “deben partir del respeto a la propiedad privada garantizando la seguridad jurídica de la misma”. La declaración añade que no se puede aceptar que un país estructure su modelo de desarrollo sobre criterios y políticas excluyentes entre pequeños, medianos o grandes productores, sino sobre la consolidación de la clase empresarial.

Por lo tanto, recalca la organización que integra al sector empresarial colombiano, instrumentos como la expropiación por motivos de interés social o de utilidad pública o la extinción administrativa de dominio por incumplimiento de la función social o ecológica de la propiedad, si bien están contemplados en la legislación colombiana, deberán ser revisados y reglamentados en un marco de garantía del debido proceso y legítima defensa de los propietarios legales de la tierra.

El otro aspecto de especial atención por parte del Consejo Gremial Nacional es la llamada “Jurisdicción Especial para la Paz”. El organismo manifiesta su preocupación por la falta de claridad sobre su competencia y recalca que “la posibilidad de responsabilidades indirectas genera preocupaciones”, por lo que confían en que en estos aspectos específicos se hagan las precisiones del caso.

La declaración indica que en el comunicado dado a conocer el 23 de septiembre se dice que la jurisdicción de paz es universal y que no reconoce inmunidades ni fueros. Si esto significa que funcionarios dotados de fuero de acuerdo con la Constitución y la ley podrían ser procesados en ese tribunal, “no sería una opción adecuada para aclimatar la paz”. Incluso, afirman que tal generalidad podría llevar a que personas de cualquier nacionalidad sean llamadas por el tribunal.

Finalmente, la declaración del Consejo Gremial Nacional insta a las Farc a que en su condición de victimarios asuman su cuota de responsabilidad en el deber de reparación de las víctimas y pide repensar las funciones de la Comisión de la Verdad, bajo el entendido de que una puede ser la interpretación de los historiadores, pero en Colombia se ha mantenido la continuidad democrática del Estado y no es el mismo caso de Argentina, Chile o Sudáfrica.

El Consejo Gremial Nacional sostiene que se debe hacer un inventario riguroso de las armas de las Farc, como también establecer el momento en que se va a hacer la dejación de las mismas e incluso el final del proceso. Con algunos otros reparos en el tema de la erradicación de cultivos ilícitos, el empresariado colombiano reiteró su respaldo al proceso de paz, pero resaltó que debe hacerse dentro de un marco institucional sólido y basado en los valores democráticos y republicanos.