Revolcón petrolero

Tres años y medio después de que miles de trabajadores petroleros de la zona de Puerto Gaitán (Meta) protagonizaron fuertes protestas pidiendo a las compañías extractoras de crudo de la región mejores condiciones laborales, el Gobierno firmó un decreto con el cual busca garantizar que la mano de obra local se vincule a proyectos de explotación y exploración de hidrocarburos que se están adelantando en el país.

El decreto 2089 de 2014 (firmado por el ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, y por el jefe de la cartera de Minas y Energía, Tomás González), establece que “la totalidad de la mano de obra no calificada contratada deberá en principio ser residente del municipio y con prioridad del área en que se encuentre el proyecto”.

En cuanto a mano de obra calificada —personal con formación técnica, tecnológica o profesional—, el decreto señala que el 30% de ésta “deberá ser residente del municipio en el que se encuentre el proyecto”.

Sin embargo, un parágrafo de la normativa sostiene que cuando no sea posible realizar la contratación de todas las cuotas de mano de obra por razones como la escasez de perfiles que buscan los empleadores o una oferta insuficiente, se acudirá a la búsqueda en municipio vecinos a los proyectos petroleros o, incluso, en el territorio nacional.

En la actualidad, la mano de obra no calificada que trabaja en las petroleras no proviene en un 100% de los municipios donde están localizados los proyectos de hidrocarburos y en parte es seleccionada, según los sindicatos, por resguardos indígenas y juntas de acción comunal. Además, el Gobierno busca con la normativa expedida “prevenir procesos migratorios que afecten la estabilidad social”.

Luis Ernesto Gómez, director del Servicio Público de Empleo, le contó a este diario que el decreto cobijará a cerca de 47.000 trabajadores directos que, según cifras del Ministerio de Trabajo, tiene la industria petrolera nacional. “Cuando se inicia un proyecto petrolero, las empresas dialogan con la comunidad y definen una cuota. Ahora, el Gobierno definirá porcentajes mínimos de mano de obra local para que el beneficio de la explotación de hidrocarburos le llegue a la comunidad”.

Gómez contó que, de acuerdo con cifras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la industria petrolera radicada en el país tiene influencia en 153 municipios y que en estos existen cerca de 150.000 empleos indirectos, como los asociados a transporte, alimentación, entre otros aspectos de ese renglón. “El Servicio de Empleo está en 20 de esos municipios”, detalló.

Otro aparte del decreto señala que los empleadores que demanden personal para proyectos petroleros en los municipios que sean objeto de las medidas del Gobierno “podrán proveer de manera directa sus vacantes” teniendo presentes los lineamientos dados por el Servicio Público de Empleo. “La unidad de Empleo acompañará en los lugares para hacer una selección de personal directa”, dijo Gómez.

Y aunque para el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Luis Alejandro Pedraza, el decreto es un método válido para incentivar la participación de la población local en los proyectos, acabar con la tercerización e intermediación laboral en el sector petrolero aún parece una tarea difícil de cumplir.

“Ha sido una equivocación el hecho de delegar en juntas de acción comunal o resguardos indígenas para proveer mano de obra a las petroleras. Eso ha degenerado en corrupción; es una intermediación en el empleo”, explicó el dirigente sindical, quien además señaló que la estatal petrolera Ecopetrol ha sido cuestionada por la CUT debido a que sus políticas han estado orientadas a cesar la responsabilidad laboral directa.

“Estoy de acuerdo con el espíritu del texto, pero todo esto corresponde más a la responsabilidad social de las empresas que a una imposición del Gobierno”, comentó el exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta. “El tema no se reduce al tema laboral; está también el asunto de los proveedores locales”.

Pero, más allá del tema de contratación, explica, el problema de fondo sigue siendo la reacción de las regiones con la reforma al sistema de regalías y el crecimiento de nuevos núcleos poblacionales en torno a los proyectos de hidrocarburos. “¿Quién certifica que la mano de obra es local? Ha habido casos de corrupción. Esto es una bomba de tiempo”, concluye.

* Plan laboral del TLC, cumplido

El ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, dijo ayer en Washington que el Gobierno da por cumplido el plan de acción firmado con Estados Unidos para garantizar los derechos laborales bajo el acuerdo de libre comercio (TLC). “Ya el plan de acción se cumplió”, dijo el jefe de la cartera, quien se reunirá con autoridades laborales y organizaciones sindicales. Garzón señaló, sin embargo, que Colombia y EE.UU. seguirán cooperando para implementar legislación laboral, cambiar la actitud política hacia el sector sindical y “romper la estigmatización” sobre el derecho de los trabajadores de agruparse en sindicatos.

hsandoval@elespectador.com

@hector_sandoval

Tres años y medio después de que miles de trabajadores petroleros de la zona de Puerto Gaitán (Meta) protagonizaron fuertes protestas pidiendo a las compañías extractoras de crudo de la región mejores condiciones laborales, el Gobierno firmó un decreto con el cual busca garantizar que la mano de obra local se vincule a proyectos de explotación y exploración de hidrocarburos que se están adelantando en el país.

El decreto 2089 de 2014 (firmado por el ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, y por el jefe de la cartera de Minas y Energía, Tomás González), establece que “la totalidad de la mano de obra no calificada contratada deberá en principio ser residente del municipio y con prioridad del área en que se encuentre el proyecto”.

En cuanto a mano de obra calificada —personal con formación técnica, tecnológica o profesional—, el decreto señala que el 30% de ésta “deberá ser residente del municipio en el que se encuentre el proyecto”.

Sin embargo, un parágrafo de la normativa sostiene que cuando no sea posible realizar la contratación de todas las cuotas de mano de obra por razones como la escasez de perfiles que buscan los empleadores o una oferta insuficiente, se acudirá a la búsqueda en municipio vecinos a los proyectos petroleros o, incluso, en el territorio nacional.

En la actualidad, la mano de obra no calificada que trabaja en las petroleras no proviene en un 100% de los municipios donde están localizados los proyectos de hidrocarburos y en parte es seleccionada, según los sindicatos, por resguardos indígenas y juntas de acción comunal. Además, el Gobierno busca con la normativa expedida “prevenir procesos migratorios que afecten la estabilidad social”.

Luis Ernesto Gómez, director del Servicio Público de Empleo, le contó a este diario que el decreto cobijará a cerca de 47.000 trabajadores directos que, según cifras del Ministerio de Trabajo, tiene la industria petrolera nacional. “Cuando se inicia un proyecto petrolero, las empresas dialogan con la comunidad y definen una cuota. Ahora, el Gobierno definirá porcentajes mínimos de mano de obra local para que el beneficio de la explotación de hidrocarburos le llegue a la comunidad”.

Gómez contó que, de acuerdo con cifras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la industria petrolera radicada en el país tiene influencia en 153 municipios y que en estos existen cerca de 150.000 empleos indirectos, como los asociados a transporte, alimentación, entre otros aspectos de ese renglón. “El Servicio de Empleo está en 20 de esos municipios”, detalló.

Otro aparte del decreto señala que los empleadores que demanden personal para proyectos petroleros en los municipios que sean objeto de las medidas del Gobierno “podrán proveer de manera directa sus vacantes” teniendo presentes los lineamientos dados por el Servicio Público de Empleo. “La unidad de Empleo acompañará en los lugares para hacer una selección de personal directa”, dijo Gómez.

Y aunque para el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Luis Alejandro Pedraza, el decreto es un método válido para incentivar la participación de la población local en los proyectos, acabar con la tercerización e intermediación laboral en el sector petrolero aún parece una tarea difícil de cumplir.

“Ha sido una equivocación el hecho de delegar en juntas de acción comunal o resguardos indígenas para proveer mano de obra a las petroleras. Eso ha degenerado en corrupción; es una intermediación en el empleo”, explicó el dirigente sindical, quien además señaló que la estatal petrolera Ecopetrol ha sido cuestionada por la CUT debido a que sus políticas han estado orientadas a cesar la responsabilidad laboral directa.

“Estoy de acuerdo con el espíritu del texto, pero todo esto corresponde más a la responsabilidad social de las empresas que a una imposición del Gobierno”, comentó el exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta. “El tema no se reduce al tema laboral; está también el asunto de los proveedores locales”.

Pero, más allá del tema de contratación, explica, el problema de fondo sigue siendo la reacción de las regiones con la reforma al sistema de regalías y el crecimiento de nuevos núcleos poblacionales en torno a los proyectos de hidrocarburos. “¿Quién certifica que la mano de obra es local? Ha habido casos de corrupción. Esto es una bomba de tiempo”, concluye.

* Plan laboral del TLC, cumplido

El ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, dijo ayer en Washington que el Gobierno da por cumplido el plan de acción firmado con Estados Unidos para garantizar los derechos laborales bajo el acuerdo de libre comercio (TLC). “Ya el plan de acción se cumplió”, dijo el jefe de la cartera, quien se reunirá con autoridades laborales y organizaciones sindicales. Garzón señaló, sin embargo, que Colombia y EE.UU. seguirán cooperando para implementar legislación laboral, cambiar la actitud política hacia el sector sindical y “romper la estigmatización” sobre el derecho de los trabajadores de agruparse en sindicatos.

hsandoval@elespectador.com

@hector_sandoval