Salvamento a empresas tras decisión de la Corte: ¿no tanto el “qué”, sino el “cómo”?

Con la decisión de la Corte Constitucional de tumbar el Decreto 811 de 2020 se abrieron una serie de preguntas sobre cuáles serán las alternativas para salvar empresas que atraviesan por dificultades financieras a raíz de la crisis desatada por la pandemia. La norma en cuestión estableció mecanismos para que el Estado compre y venda acciones en empresas, en el marco de la emergencia, según el Gobierno, con el objetivo de ayudar a mitigar los efectos económicos producidos por la coyuntura en las organizaciones. En resumen y palabras del Ministerio de Hacienda: un “salvamento temporal”.

Lea de contexto: Corte Constitucional tumba decreto que permitía al Estado rescatar empresas

La interpretación del Gobierno —aunque no se conoce el fallo completo— es que la Corte “dice que no podemos hacer esa venta o enajenación de esa manera ágil, sino seguir el conducto regular de venta de un activo estatal, es decir, empezando con una oferta al sector solidario y cumplir los requisitos de la Ley 226. Si alguna empresa se vuelve del Estado, en el marco de la pandemia, tendrá que pasar por el proceso normal y no se podrá vender rápidamente”. Además, resaltó que para apoyar a las empresas siguen vigentes los programas del Fondo Nacional de Garantías y a través de recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome).

Luego de que se conociera la decisión de la Corte, sin embargo, surgieron otras interpretaciones. Por ejemplo, que con la determinación el alto tribunal tumba una medida que permitía “privatizar empresas públicas de la nación”, como mencionó el senador Wilson Arias (Polo Democrático). Arias, junto con otros seis congresistas, de hecho, radicó un proyecto de ley que buscaba derogar el Decreto 811 por esa razón. Según ellos, en la norma no había “claridad sobre los bienes que se pretenden enajenar, por lo que se podrían poner en riesgo tanto los activos estratégicos de la nación como el patrimonio de los y las colombianas”.

Para los autores del proyecto, la preocupación es sobre empresas como ISA, Coltel, Ecopetrol y su rentable filial Cenit, entre otras. El exministro Juan Camilo Restrepo también expresó que la decisión de ahora “dificulta” la privatización de activos públicos, pero asimismo mencionó el desembolso del crédito por parte del Gobierno que Avianca busca en su proceso de reorganización, por un valor de US$370 millones. Las garantías que recibiría la nación estarían en activos de la empresa como sus marcas y filiales, como Lifemiles (el primer unicornio colombiano, según Avianca). Sobre esto, vale la pena recordar que el pasado 11 de septiembre el Tribunal de Cundinamarca suspendió provisionalmente el préstamo mientras el Gobierno colombiano presenta la documentación requerida para explicar y justificar el crédito. La medida fue impugnada por Avianca y está pendiente por resolverse.

Le recomendamos: Tribunal de Cundinamarca suspendió desembolso de crédito a Avianca por US370 millones

Para el Gobierno y otras fuentes consultadas, la decisión de la Corte sobre el Decreto 811 nada tiene que ver con el trámite del crédito, pues precisamente se trata de un crédito (eso sí: con cargo al Fome) y no de una adquisición de acciones. Según Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, la determinación del alto tribunal “no impide al Estado apoyar a los privados, que es uno de los propósitos del Fome”. Reyes recuerda que el decreto que creó ese Fondo fue declarado exequible. Sin embargo, sí señala que si el préstamo a la aerolínea “implica después alguna participación accionaria o algo que ya entre en el terreno del 811 sí podría haber problemas”.

También se ha dicho que al tumbar el decreto y, por ende, el mecanismo de compra y enajenación de acciones que se establecía, el Fome podría perder una fuente importante de recursos y quedar desfinanciado. Eso, se podría pensar, sí impactaría la posibilidad de que el Estado cuente con recursos para prestarle a Avianca. Al respecto, Reyes, quien de todas formas es enfático en que aún no se conoce el fallo y que por lo tanto los comentarios son con base en lo que preliminarmente se conoce, considera que tienen razón “los congresistas en cuanto a que se abre la puerta a que se financiara el Fome con la venta de empresas que actualmente son del Estado. Ahora, de ahí a decir que esa era una de las principales fuentes de financiación del Fome es ir más allá de lo que sabemos. Si Hacienda tiene planes concretos de hacer eso, no han sido para nada claros al respecto”.

En definitiva: para el Gobierno y algunos expertos el asunto no es que el Estado no pueda comprar participaciones, sino la forma como esas participaciones se enajenarán después. Para tener claridad sobre esto, habrá que esperar al fallo completo de la Corte. Mientras tanto, sectores como el de pequeñas y medianas empresas piden que, independientemente del sentido de la decisión del alto tribunal, se generen alternativas distintas al crédito para salvar compañías. Rosmery Quintero, presidenta del gremio Acopi, recordó que una de las propuestas de la Comisión Consultiva para el Financiamiento Empresarial es precisamente que las empresas puedan emitir bonos convertibles en acciones a tres años. “Hay que salvar el mayor número de empresas y empleos”, insistió Quintero.

Con la decisión de la Corte Constitucional de tumbar el Decreto 811 de 2020 se abrieron una serie de preguntas sobre cuáles serán las alternativas para salvar empresas que atraviesan por dificultades financieras a raíz de la crisis desatada por la pandemia. La norma en cuestión estableció mecanismos para que el Estado compre y venda acciones en empresas, en el marco de la emergencia, según el Gobierno, con el objetivo de ayudar a mitigar los efectos económicos producidos por la coyuntura en las organizaciones. En resumen y palabras del Ministerio de Hacienda: un “salvamento temporal”.

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La interpretación del Gobierno —aunque no se conoce el fallo completo— es que la Corte “dice que no podemos hacer esa venta o enajenación de esa manera ágil, sino seguir el conducto regular de venta de un activo estatal, es decir, empezando con una oferta al sector solidario y cumplir los requisitos de la Ley 226. Si alguna empresa se vuelve del Estado, en el marco de la pandemia, tendrá que pasar por el proceso normal y no se podrá vender rápidamente”. Además, resaltó que para apoyar a las empresas siguen vigentes los programas del Fondo Nacional de Garantías y a través de recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome).

Luego de que se conociera la decisión de la Corte, sin embargo, surgieron otras interpretaciones. Por ejemplo, que con la determinación el alto tribunal tumba una medida que permitía “privatizar empresas públicas de la nación”, como mencionó el senador Wilson Arias (Polo Democrático). Arias, junto con otros seis congresistas, de hecho, radicó un proyecto de ley que buscaba derogar el Decreto 811 por esa razón. Según ellos, en la norma no había “claridad sobre los bienes que se pretenden enajenar, por lo que se podrían poner en riesgo tanto los activos estratégicos de la nación como el patrimonio de los y las colombianas”.

Para los autores del proyecto, la preocupación es sobre empresas como ISA, Coltel, Ecopetrol y su rentable filial Cenit, entre otras. El exministro Juan Camilo Restrepo también expresó que la decisión de ahora “dificulta” la privatización de activos públicos, pero asimismo mencionó el desembolso del crédito por parte del Gobierno que Avianca busca en su proceso de reorganización, por un valor de US$370 millones. Las garantías que recibiría la nación estarían en activos de la empresa como sus marcas y filiales, como Lifemiles (el primer unicornio colombiano, según Avianca). Sobre esto, vale la pena recordar que el pasado 11 de septiembre el Tribunal de Cundinamarca suspendió provisionalmente el préstamo mientras el Gobierno colombiano presenta la documentación requerida para explicar y justificar el crédito. La medida fue impugnada por Avianca y está pendiente por resolverse.

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Para el Gobierno y otras fuentes consultadas, la decisión de la Corte sobre el Decreto 811 nada tiene que ver con el trámite del crédito, pues precisamente se trata de un crédito (eso sí: con cargo al Fome) y no de una adquisición de acciones. Según Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, la determinación del alto tribunal “no impide al Estado apoyar a los privados, que es uno de los propósitos del Fome”. Reyes recuerda que el decreto que creó ese Fondo fue declarado exequible. Sin embargo, sí señala que si el préstamo a la aerolínea “implica después alguna participación accionaria o algo que ya entre en el terreno del 811 sí podría haber problemas”.

También se ha dicho que al tumbar el decreto y, por ende, el mecanismo de compra y enajenación de acciones que se establecía, el Fome podría perder una fuente importante de recursos y quedar desfinanciado. Eso, se podría pensar, sí impactaría la posibilidad de que el Estado cuente con recursos para prestarle a Avianca. Al respecto, Reyes, quien de todas formas es enfático en que aún no se conoce el fallo y que por lo tanto los comentarios son con base en lo que preliminarmente se conoce, considera que tienen razón “los congresistas en cuanto a que se abre la puerta a que se financiara el Fome con la venta de empresas que actualmente son del Estado. Ahora, de ahí a decir que esa era una de las principales fuentes de financiación del Fome es ir más allá de lo que sabemos. Si Hacienda tiene planes concretos de hacer eso, no han sido para nada claros al respecto”.

En definitiva: para el Gobierno y algunos expertos el asunto no es que el Estado no pueda comprar participaciones, sino la forma como esas participaciones se enajenarán después. Para tener claridad sobre esto, habrá que esperar al fallo completo de la Corte. Mientras tanto, sectores como el de pequeñas y medianas empresas piden que, independientemente del sentido de la decisión del alto tribunal, se generen alternativas distintas al crédito para salvar compañías. Rosmery Quintero, presidenta del gremio Acopi, recordó que una de las propuestas de la Comisión Consultiva para el Financiamiento Empresarial es precisamente que las empresas puedan emitir bonos convertibles en acciones a tres años. “Hay que salvar el mayor número de empresas y empleos”, insistió Quintero.