Sancionada ley de vivienda segura que busca proteger al comprador

El presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley 1796 del 13 de julio de 2016, conocida como ley de vivienda segura, que busca generar medidas para proteger al comprador de vivienda, mejorar la seguridad de las edificaciones y fortalecer la función pública de curadores urbanos.

La ley, que había pasado a sanción el pasado 1 de junio, es considerada por Elsa Noguera, ministra de Vivienda, como un gran avance en el sector de la construcción. “Esta es una gran noticia para las familias colombianas que buscan una vivienda y que ahora tendrán la tranquilidad de que las nuevas edificaciones que se construyan en el país contarán con la reglamentación más rigurosa posible”, señaló.

Uno de los puntos más fuertes de la ley es que establece la independencia de los supervisores y revisores de las edificaciones de más de 2.000 metros cuadrados de área construida, sea cual sea su uso. No obstante, en las edificaciones que cuenten con menos de esa área “el constructor tiene la obligación de realizar los controles mínimos de calidad que esta ley y sus reglamentos exigen”.

Asimismo, se obliga a que los curadores urbanos hagan parte de una lista de elegibles que resulte de un concurso de méritos y, a su vez, creará la Superintendencia delegada para el control de curadores urbanos. (Ver documento completo)

Para el caso de los compradores, la ley establece que si dentro de los 10 años siguientes a la expedición de la certificación técnica de ocupación de una vivienda nueva se presenta alguna de las situaciones que contempla el numeral 3 del artículo 2060 del Código Civil, como ruina, el constructor o enajenador de vivienda nueva “estará obligado a cubrir los prejuicios patrimoniales causador a los propietarios afectados”.

Este es el abecé en el que el Ministerio de Vivienda explica los alcances de la ley:

¿Qué contiene el proyecto de ley de vivienda segura?

1.Protección a los compradores de vivienda

Es obligación de constructores y enajenadores de vivienda amparar los perjuicios patrimoniales causados a los propietarios afectados por el colapso o amenaza de ruina, como consecuencia de deficiencias en el proceso constructivo.

2. Incremento de las medidas de seguridad de las edificaciones

Todas las edificaciones de vivienda con más de 2.000 metros de construcción deberán contar con revisores y supervisores independientes del constructor. Se eliminan todas las excepciones que autorizaban a los constructores a realizar la supervisión de sus propias obras.

Todos los supervisores técnicos deberán estar inscritos en el Registro Único Nacional de Profesionales Acreditados, lo cual permite garantizar que los profesionales sean especialistas en estructuras y cuenten con la experiencia e idoneidad necesarias.

Una vez concluidas las obras, y previo a la ocupación de las nuevas edificaciones, el supervisor técnico deberá expedir, bajo la gravedad de juramento, el Certificado Técnico de Ocupación, el cual manifieste que la edificación se construyó de conformidad con la licencia de construcción y cumpliendo las normas de sismo resistencia.

3. Mayor vigilancia para los curadores urbanos

Se creará la Superintendencia Delegada para el control de curadores urbanos, adscrita a la Superintendencia de Notariado y Registro, para efectos de la inspección, vigilancia y control del proceso de selección de los curadores urbanos.

La nueva Superintendencia Delegada adelantará el concurso nacional de méritos para elaborar la lista de elegibles de curadores urbanos. De la lista que defina la Superintendencia los alcaldes podrán designar el curador urbano para su municipio o distrito.

El presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley 1796 del 13 de julio de 2016, conocida como ley de vivienda segura, que busca generar medidas para proteger al comprador de vivienda, mejorar la seguridad de las edificaciones y fortalecer la función pública de curadores urbanos.

La ley, que había pasado a sanción el pasado 1 de junio, es considerada por Elsa Noguera, ministra de Vivienda, como un gran avance en el sector de la construcción. “Esta es una gran noticia para las familias colombianas que buscan una vivienda y que ahora tendrán la tranquilidad de que las nuevas edificaciones que se construyan en el país contarán con la reglamentación más rigurosa posible”, señaló.

Uno de los puntos más fuertes de la ley es que establece la independencia de los supervisores y revisores de las edificaciones de más de 2.000 metros cuadrados de área construida, sea cual sea su uso. No obstante, en las edificaciones que cuenten con menos de esa área “el constructor tiene la obligación de realizar los controles mínimos de calidad que esta ley y sus reglamentos exigen”.

Asimismo, se obliga a que los curadores urbanos hagan parte de una lista de elegibles que resulte de un concurso de méritos y, a su vez, creará la Superintendencia delegada para el control de curadores urbanos. (Ver documento completo)

Para el caso de los compradores, la ley establece que si dentro de los 10 años siguientes a la expedición de la certificación técnica de ocupación de una vivienda nueva se presenta alguna de las situaciones que contempla el numeral 3 del artículo 2060 del Código Civil, como ruina, el constructor o enajenador de vivienda nueva “estará obligado a cubrir los prejuicios patrimoniales causador a los propietarios afectados”.

Este es el abecé en el que el Ministerio de Vivienda explica los alcances de la ley:

¿Qué contiene el proyecto de ley de vivienda segura?

1.Protección a los compradores de vivienda

Es obligación de constructores y enajenadores de vivienda amparar los perjuicios patrimoniales causados a los propietarios afectados por el colapso o amenaza de ruina, como consecuencia de deficiencias en el proceso constructivo.

2. Incremento de las medidas de seguridad de las edificaciones

Todas las edificaciones de vivienda con más de 2.000 metros de construcción deberán contar con revisores y supervisores independientes del constructor. Se eliminan todas las excepciones que autorizaban a los constructores a realizar la supervisión de sus propias obras.

Todos los supervisores técnicos deberán estar inscritos en el Registro Único Nacional de Profesionales Acreditados, lo cual permite garantizar que los profesionales sean especialistas en estructuras y cuenten con la experiencia e idoneidad necesarias.

Una vez concluidas las obras, y previo a la ocupación de las nuevas edificaciones, el supervisor técnico deberá expedir, bajo la gravedad de juramento, el Certificado Técnico de Ocupación, el cual manifieste que la edificación se construyó de conformidad con la licencia de construcción y cumpliendo las normas de sismo resistencia.

3. Mayor vigilancia para los curadores urbanos

Se creará la Superintendencia Delegada para el control de curadores urbanos, adscrita a la Superintendencia de Notariado y Registro, para efectos de la inspección, vigilancia y control del proceso de selección de los curadores urbanos.

La nueva Superintendencia Delegada adelantará el concurso nacional de méritos para elaborar la lista de elegibles de curadores urbanos. De la lista que defina la Superintendencia los alcaldes podrán designar el curador urbano para su municipio o distrito.