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Venezuela derogó partes de las leyes que regulan el mercado de divisas, lo que permite a las empresas y las personas intercambiar dinero en casas comerciales designadas y tener un mayor acceso a monedas fuertes después de más de una década de estrictos controles.
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Los cambios aprobados el jueves por la políticamente omnipotente asamblea constituyente entrarán en vigencia el 20 de agosto, cuando el gobierno planea simultáneamente eliminar cinco ceros de las denominaciones de su casi inútil bolívar. La inflación, que podría alcanzar 1 millón por ciento este año, y una profunda depresión económica han obligado al presidente Nicolás Maduro a comenzar a desmantelar un sistema bizantino que ha dejado a los ciudadanos desesperados por alimentos y medicinas.
El gobierno no dijo a qué tasas ofrecería vender divisas en las casas comerciales. En abril, Maduro asignó 16 licencias para permitir intercambios entre el bolívar y las criptomonedas.
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El difunto presidente Hugo Chávez comenzó a limitar los cambios monetarios en 2003 en un intento por frenar la fuga de capitales, pero en los años que siguieron, el régimen cambiario engendró una corrupción generalizada y dejó a las industrias locales hambrientas de las divisas necesarias para importaciones.
Patrulla de precios
Ante la sequía de dólares en las casas de cambio oficiales, la mayoría de los venezolanos dependen de un próspero mercado negro que ha generado enormes disparidades y distorsiones. Mientras que el dólar se vende oficialmente a 172.800 bolívares, el precio actual determinado por una subasta semanal de moneda del banco central, los dólares alcanzan más de 3,5 millones de bolívares en la calle.
Las autoridades venezolanas regularmente controlan los precios y obligan a los empresarios a reducir los precios para que se ajusten a las tarifas oficiales. Diosdado Cabello, presidente de la asamblea constituyente, dijo que la medida del jueves podría aliviar las distorsiones.
"¿A quién afecta finalmente el dólar criminal? Al pueblo", dijo.
Chávez primero instauró controles de capital a principios de 2003 después de sobrevivir a un intento de golpe en abril de 2002 y una huelga petrolera de dos meses más tarde ese año. Permitió que floreciera el mercado de corretaje y usó las ventas de bonos del gobierno para aliviar la demanda de divisas. Abruptamente puso fin al sistema de divisas y encarceló a ejecutivos por supuestos crímenes económicos en medio de una creciente inflación y un bolívar más débil.