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Con el fin de mitigar aún más el flagelo de la corrupción en las empresas del país, la Superintendencia de Sociedades reveló recientemente los adelantos en gestiones que ha venido realizando con otras entidades para luchar contra las prácticas ilícitas.
Según el superintendente de sociedades, Francisco Reyes Villamizar, su entidad ha venido adelantando diálogos con instituciones de otros países para reforzar la cooperación en la lucha contra la corrupción, por lo que esto muy seguramente repercutirá en la prevención y una mayor detección de maniobras ilícitas realizadas en el exterior.
Adicionalmente la Supersociedades actualmente está negociando nuevos mecanismos de intercambio de información con autoridades nacionales para reforzar la vigilancia contra la corrupción. La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), hacen parte de estas entidades.
En resúmen lo que se busca con estos acuerdos de intercambio de información es facilitar las investigaciones para dar de manera rápida con los corruptos en las empresas privadas del país.
Reyes aseguró, en su intervención durante el foro sobre lucha contra la corrupción ‘Hacia la integridad’, que existen empresas en el país que participan activamente en la contribución de la corrupción, por lo que el mensaje que realizó a esas organizaciones es que es un mal negocio violar la ley de soborno trasnacional.
Una acción que se suma a otras existentes
En el país existen otras estrategias que tienen como objetivo mitigar la corrupción, tal es el ejemplo de la guía del programa empresarial de cumplimiento anticorrupción y la Ley Antisoborno que le da facultad a la Supersociedades de multar a las empresas en el país que ofrezcan dádivas a funcionarios públicos o extranjeros.
“Las sanciones pueden llegar hasta los 200.000 salarios mínimos legales, así como a la prohibición para contratar con el Estado hasta por 20 años”, comunicó el organismo de control.
Para evitar que la corrupción se propague en las empresas, Reyes recomienda a los directivos de las organizaciones implementar sistemas de autocontrol para identificar conductas de corrupción, además de tener esquemas sofisticados para que las operaciones sospechosas puedan ser reportadas a los más altos niveles de la compañía.